El aforamiento blinda al rey emérito ante el TS pero permite investigarle si blanqueó tras abdicar

¿Podría la justicia española perseguir penalmente a Juan Carlos I si, tal como asegura Corinna zu Sayn-Wittgenstein en las grabaciones efectuadas por el excomisario José Manuel Villarejo y difundidas ahora por elespanol.com y okdiario.com, abrió cuentas opacas en Suiza y la usó como testaferro para ocultar patrimonio en el extranjero?

Esa es una de las preguntas cruciales que sobrevuelan la escena política y jurídica tras las revelaciones de la que fue "amiga entrañable" del padre de Felipe VI, máxime después del comunicado emitido por ella misma y en el que lamenta que se la utilice en "la guerra entre Villarejo y el Estado español", pero sin desmentir la autenticidad de las grabaciones. Una portavoz de la empresaria ha asegurado al rotativo británico The Times que Corinna "no fue consciente" de que Villarejo –ahora preso preventivo desde noviembre bajo la acusación de cohecho y blanqueo– estaba grabando la conversación, al parecer mantenida en 2015. "Corinna no participó en absoluto en esto", añadió su portavoz.

Los juristas consultados por infoLibre no albergan dudas sobre el interrogante que se plantea. Y ofrecen una respuesta que cabría resumir así: si Juan Carlos I abrió realmente cuentas opacas mientras era jefe del Estado nadie podría perseguirle por ello porque su figura estaba entonces exenta de toda responsabilidad. Pero haber movido o seguir moviendo un solo céntimo de ese hipotético dinero tras su abdicación le costaría en cambio verse ante la justicia porque en el momento en que renunció a la Corona perdió la inviolabilidad que le garantizaba la Constitución. Mover un céntimo o realizar alguna operación mercantil con cualquier bien cuya adquisición hubiera dependido de ese dinero.

¿Va a actuar la Fiscalía? De momento, Anticorrupción "está analizando" la abundantísima documentación incautada a Villarejo tras su arresto. Pero los portavoces del Ministerio Público se niegan a aventurar cuál será su decisión una vez examinado ese material, presumiblemente acumulado durante años a modo de arsenal. "Los tiempos de la Fiscalía no son los de Villarejo", sentencia una fuente autorizada a la vez que recuerda que el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra el expolicía "es secreto". De momento, dos organizaciones políticas –IU y Podemos– han reaccionado con extrema dureza pero circunscribiendo sus actuaciones al plano estrictamente parlamentario. Nadie ha hecho siquiera amago de interponer una querella aunque los antecedentes vividos en casos similares llevan a expertos en la lucha contra la corrupción a augurar que "alguien terminará por presentarla".

De la inmunidad al aforamiento ante el Supremo

A diferencia de los delitos cuya consumación empieza y termina en el mismo momento en que se cometen –por ejemplo, un homicidio– los expertos subrayan que el blanqueo de capitales se sigue perpetrando mientras dure la afloración del dinero negro que pretende reintegrarse a los cauces económicos legales. Y lo que relata la aristócrata alemana –coinciden los juristas– encajaría de ser cierto con ese delito. Una de las fuentes pulsadas por este periódico y que, como las restantes, pidió mantenerse en el anonimato, lo explica de esta forma: "En este caso, la inmunidad la tendría en lo que se refiere al delito fiscal si es que lo cometió al ocultar dinero durante su reinado pero con que moviera un solo céntimo de ese dinero tras su abdicación estaría incurriendo en un delito de blanqueo que sería perseguible por el Tribunal Supremo".

La mención expresa al Tribunal Supremo resulta obligada por cuanto, tras su renuncia a la corona, Juan Carlos I pasó de ser inviolable –es decir, inimputable– a aforado ante el alto tribunal. La ley con que el Gobierno del PP cerró a efectos legales la crisis abierta por la abdicación dibuja la nueva situación en el siguiente pasaje: "Conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad. Por el contrario, los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional, por lo que, al no estar contemplado en la normativa vigente el régimen que debe aplicársele en relación con las actuaciones procesales que le pudieran afectar por hechos posteriores a su abdicación, se precisa establecer su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Esa reforma introdujo en la citada Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) un nuevo artículo, el 55 bis, que dice esto: "Además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte".

Los Técnicos de Hacienda piden que se investigue si hubo delito fiscal

Así las cosas, la ley faculta al Tribunal Supremo a actuar contra el rey emérito llegado el caso. ¿Solo por blanqueo? Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) entienden que no. Gestha pidió este jueves a la Agencia Tributaria (AEAT) que inicie una investigación y demostrar así que no existen "escudos fiscales" para proteger a la familia real. Según el sindicato de técnicos, el Rey emérito podría ser investigado por fraude fiscal y blanqueo si se acredita la veracidad de las cintas grabadas a la "amiga" de Don Juan Carlos.

Los técnicos abogan por iniciar las investigaciones tributarias, ya que consideran que hay indicios suficientes para llevarlas adelante, pues las acusaciones vertidas en las cintas publicadas "tienen la entidad suficiente como para que la AEAT les preste la máxima atención y las verifique".

Así lo aseguran en un comunicado en el que recuerdan que Juan Carlos de Borbón estaba obligado a declarar todos sus bienes en el extranjero en el modelo 720 desde el año 2013. Y todo ello, explican, a la vista de las revelaciones de que supuestamente el monarca emérito, a través de su abogado en Suiza, Dante Canonica, creaba "estructuras" opacas, concedía préstamos y propiedades a Corinna que luego le reclamaba y ponía cuentas de bancos suizos a nombre de su primo Álvaro de Orleans y Borbón, residente en el paraíso fiscal de Mónaco.

Gestha recuerda que, si se acredita que el monarca emérito es el verdadero titular del terreno de Marrakech mencionado por Corinna así como de las cuentas en Suiza a que se refiere igualmente en la conversación grabada  y no las ha declarado en el modelo 720, el valor de dichos bienes es "imprescriptible" y tributará en el IRPF de 2014, último año no prescrito a esta fecha, como una ganancia patrimonial no justificada al tipo marginal del 51,5% al tener su residencia en Madrid.

Los técnicos de Hacienda remarcan también que, en este supuesto, el monarca emérito podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves, e incluso si el valor de los bienes en el extranjero no declarados supera los 233.010 euros, podría estar incurso en un posible delito de fraude fiscal en el IRPF de 2014, si la declaración del modelo 720 no fue correcta y completa.

También creen que podría haber un posible delito de blanqueo si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza paga a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones.

Asimismo, los técnicos de Hacienda entienden que deberían investigarse las responsabilidades de todas las personas que pudieran estar implicadas, tanto por su posible colaboración en los supuestos delitos, como por no haber denunciado estos hechos a pesar de haber estado al corriente de las supuestas actuaciones del rey emérito.

Por último, Gestha señala la conveniencia de que el resto de los miembros de la familia del rey hicieran públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero en un ejemplo de transparencia que zanjara cualquier especulación o implicación en este caso.