Por un proyecto de país

La realidad percibida es así de cruda: una mañana despiertas con la firma de un pacto presupuestario de izquierdas; al día siguiente con los abucheos e insultos al presidente del Gobierno; al otro con el nuevo líder del PP afirmando (sin pudor ni respeto al sufrimiento ajeno) que la eutanasia "no es un problema en España", y dos días después con el aspirante al sorpasso por la derecha Albert Rivera anunciando un bloqueo parlamentario a los Presupuestos aunque estos terminen logrando un apoyo mayoritario.

Habrá que asumir, de una vez por todas, que es la ciudadanía, individual y colectivamente, quien puede actuar para cambiar una realidad marcada por el ruido, la banalidad, la manipulación permanente, el tuit incendiario y la demagogia institucionalizadatuit. Dar la espalda a esa realidad o conformarse con la expresión de una indignación resignada sólo conduce a la melancolía y facilita nuevos pasos hacia el abismo democrático que advierten distintos ensayos políticos recientes (ver aquí  la crónica de Ángel Munárriz sobre el ascenso de los populistas, la ultraderecha o la xenofobia). He tenido muy presente esta reflexión durante la última semana, ante el festival de intoxicaciones y la crispación política y social que caracterizan el debate público abierto tras el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos (ver aquí el documento).

En una primera fase tras la firma de ese pacto en la Moncloa, dirigentes significados del Partido Popular y Ciudadanos (siempre asistidos por sus potentes baterías mediáticas) salieron en tromba para anunciar el apocalipsis: “España será como Venezuela”, “en pocos años estaremos pasando hambre”, “van a arruinar a las clases medias y a los trabajadores”, “van a espantar a los inversores”, “se trata de medidas de países comunistas”, etc, etc.

Cuando esos mensajes iban estrellándose contra la tozudez de los datos (subir el salario mínimo a 900 euros no parece el peor “castigo” para los trabajadores, ni subir dos puntos el IRPF a quienes ganan más de 130.000 euros aparenta un "ataque" a las clases medias, ni reducir dos puntos el Impuesto de Sociedades a las pymes se compadece con "machacar" al empresariado mayoritario, ni aplicar una tasa del 0,2% a las transacciones financieras es un invento comunista, sino más bien el cumplimiento de un acuerdo firmado por los principales países de Europa en 2014 –incluido el Gobierno presidido por Mariano Rajoy–, ni gravar un mínimo del 15% sobre la base imponible a las grandes empresas que facturen más de 20 millones de euros supone siquiera un pellizco a sus suculentas cuentas de resultados…) giraron entonces los focos en una segunda fase hacia la pura descalificación política y legal.

Un plan presupuestario que queda a la espera de la luz verde final de Bruselas y que se verá complementado con decretos ley en materia fiscal que garanticen la recaudación necesaria para un gasto público que es el más bajo desde 2007 (con un cálculo prudente del crecimiento) puede y debe someterse a una discusión razonada sobre si son o no son creíbles las previsiones de ingresos, o si el impuesto al diésel tiene un sentido más recaudatorio que medioambiental, o sobre el impacto exacto de los cambios en la fiscalidad de los autónomos, pero pretender despacharlo como un visado a la ruina de España es simplemente una falacia.

Así que el PP y Ciudadanos han preferido recurrir al hilo discursivo que mantienen desde el mismo día en que se votó la moción de censura que expulsó a Rajoy de la Moncloa y dejó a Rivera absolutamente desorientado. Decir que el Gobierno llega a acuerdos con “la extrema izquierda, separatistas y terroristas” para aferrarse al poder conecta directamente con la acusación de que aquella moción era ilegítima, que el PSOE había llegado al Gobierno “por la puerta de atrás” y que Pedro Sánchez es un “okupa”. Se lanza ese improperio profundamente antidemocrático en sede parlamentaria y se reproduce en las aceras del Paseo de la Castellana, donde reaparecen abucheos y gritos de ”¡okupa!” al presidente del Ejecutivo tras seis años de respetuoso silencio ante el desfile del 12 de octubre. Discutir sobre argumentos y datos es mucho más complejo y menos eficaz que la brocha gorda que con tanta pericia emplean portavoces y voceros conservadores a la hora de etiquetar y descalificar al prójimo. Ha sido tal la sobreactuación de Casado, Rivera y la santa compaña de tertulianos afines en la última semana que lo que en realidad transmiten  es esa fijación asentada durante décadas (o siglos) de que en este país sólo puede gobernar la derecha, vieja o nueva (ver aquí el lúcido apunte del escritor Alfons Cervera).

Hay que tener un sentido más patrimonial (o cortijero) que patriótico del poder para dar los pasos que vienen dando Casado y Rivera a la hora de ejercer la oposición. Tienen no sólo el derecho sino la obligación de efectuar las críticas que consideren oportunas al citado plan presupuestario. Hasta sería pertinente que plantearan planes alternativos, que nos ayudarían por cierto a saber cuál es exactamente su modelo fiscal, qué harían con el salario mínimo, si asumen los compromisos de España frente al cambio climático y la sostenibilidad... Pero Casado ha preferido ir contándole al presidente de la Comisión Europea que “España es un desastre” y después trasladarle a Ángela Merkel y a otros colegas del Partido Popular Europeo que tienen que “tumbar” los Presupuestos españoles. Y Rivera los califica de “ilegales” y anuncia que los bloquearán en la Mesa del Congreso para que sea imposible su aprobación aunque lograran una mayoría suficiente. (Descanse en paz la democracia representativa).

Si nos aislamos un poco del ruido o elevamos la mirada más allá de la declaracionitis incendiaria de cada día, quizás lleguemos a la conclusión de que un plan presupuestario es importante, pero lo trascendente es disponer de un proyecto de país que afronte las urgencias del presente y abra esperanzas de futuro. Entre las urgencias, bastaría leer atentamente el amplio estudio sobre la pobreza en España presentado este martes en el Senado, y repasar después el último informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) sobre las retribuciones de los consejeros de grandes empresas. Sólo dos datos:

1.- Entre los 12,3 millones de personas que en España viven en riesgo de pobreza y exclusión siguen “empeorando las condiciones de vida de los más pobres”.

2.- Los consejeros ejecutivos de las empresas cotizadas en Bolsa se subieron sus (millonarios) sueldos un 43% desde 2013, es decir, durante los años de la llamada ‘recuperación’. En el mismo periodo, el sueldo medio en España (unos 23.000 euros al año) creció un 2%.

Esta es la cruda realidad de la desigualdad. Este es el resultado de la apuesta tras la crisis de 2008 por un modelo económico basado en la precariedad laboral, en la devaluación salarial y en la protección de los intereses de las élites. Y esa realidad es la que sirve de motor para movimientos populistas, xenófobos o ultraderechistas que tantos miedos siembran en todo occidente. Se habla y se escribe de esas amenazas como si hubieran surgido por esporas o por generación espontánea. Pero, como escribía certeramente el pasado domingo en El País el profesor Antón Costas, “mientras las élites no acepten que tienen una importante responsabilidad en el ascenso de los populistas, difícilmente se conseguirá derrotarlos”.

Necesitamos proyectos de país, y de asociaciones supranacionales como la UE, que aborden las urgencias de la desigualdad y levanten esperanzas de futuro a las nuevas generaciones desencantadas si no indignadas con democracias que no han podido o sabido responder a los retos de una realidad tan compleja como dinámica. El plan presupuestario no es un proyecto de país, pero al menos representa un boceto que conecta con el dibujado también por fuerzas progresistas en Portugal y muy alejado (digan lo que digan los mercenarios de la posverdad) del planteado por los populistas italianos de Salvini (ver aquí las diferencias). Es hora, en España, en Europa y en todo occidente, de actuar. De superar el ruido, la intoxicación permanente y la indignación resignada para dar pasos concretos en defensa de la calidad democrática y en la lucha prioritaria contra la desigualdad. El plan, que ahora depende de la Comisión Europea y de los independentistas catalanes, es un paso modesto y prudente, pero esperanzador.

P.D. No todas las noticias que vienen de la política son negativas, aunque hagan mucho menos ruido. La Comisión de Educación del Congreso ha aprobado este miércoles, por unanimidad, una iniciativa de Unidos Podemos para recuperar la Filosofía como asignatura obligatoria en el bachillerato. También es un paso (o una corrección) trascendente, quizás la más útil en el largo plazo para pelear contra otro de los auges más inquietantes para la democracia: el de los tecnócratas.