Prostitución y ordenanzas municipales: ¿sancionar, abolir o dotar de derechos?

El tradicional debate en torno a la prostitución, quebradero de cabeza pero también lugar de aprendizaje dentro del movimiento feminista, está hoy más candente que nunca. Al posicionamiento de los partidos le sigue una cuestión lógica: ¿qué propuestas políticas hay sobre la mesa? Y la respuesta está en las ciudades. Los ayuntamientos llevan años aplicando diversas ordenanzas municipales que tratan de regular la prostitución a través de diversas vías. Las organizaciones feministas llaman ahora a repensar los modelos vigentes y a crear otros nuevos. Las propuestas giran alrededor de tres ejes: sancionar, abolir o dotar de derechos.

La semana pasada, la madrileña Plataforma 7N contra las violencias machistas realizó una llamada a los distintos grupos municipales para reclamar la "incorporación de políticas abolicionistas" en el ámbito de sus competencias. Henar Sastre, portavoz de la organización, recuerda en conversación con infoLibre que tras un intenso debate la plataforma decidió recientemente incluir la prostitución como forma de violencia. Partiendo de esa idea, las activistas quieren ahora "conocer cuál es la política y las medidas de los diferentes grupos políticos" al respecto. 

El PSOE ya presentó en mayo una propuesta de ordenanza municipal contra la prostitución en el Ayuntamiento de Madrid, que comenzó a ser tramitada el pasado mes de septiembre. La idea de los socialistas madrileños gira en torno a la imposición de sanciones a clientes y proxenetas, con multas de hasta 3.000 euros. Apuestan, asimismo, por la defensa y el apoyo a las víctimas, la retirada de publicidad y el desarrollo de campañas de sensibilización. Si la hoja de ruta se cumple, la propuesta se votará antes de finalizar el año.

Este verano, el pleno municipal de Barcelona rechazó sacar adelante una propuesta del PSC que buscaba impulsar una ordenanza "contra la prostitución y la explotación sexual". Los socialistas catalanes, en armonía con sus homólogos madrileños, llamaban a la puesta en marcha de medidas asistenciales para las mujeres, basadas en alternativas para salir de la prostitución, y se inclinaban por sancionar a proxenetas y clientes. También creían oportuno prohibir la publicidad al respecto y desarrollar campañas de sensibilización. El planteamiento se dio de bruces con la abstención de Ciudadanos y la oposición de Barcelona en Comú y la CUP.

Multas a prostitutas y clientes

Las diferentes ordenanzas municipales que existen a lo largo del país centran sus acciones en la imposición de multas al ejercicio de la prostitución, especialmente en la vía pública. Parte de ellas no obstante, dirigen las sanciones no sólo a los clientes, sino también a las prostitutas.

Málaga prohíbe desde hace años la prostitución siempre que afecte a la convivencia ciudadana. De esta manera, queda prohibido su ejercicio a menos de 200 metros de zonas como colegios, parques infantiles, zonas residenciales o comerciales. El PSOE trató de extender la prohibición a todos los espacios públicos: "Queda terminantemente prohibida la prostitución, entendiéndose esta como solicitud, negociación o aceptación, directa o indirectamente, de servicios sexuales retribuidos, en cualquier espacio de la ciudad", propusieron los socialistas. Finalmente, el Ayuntamiento malagueño consensúo prohibir la publicidad sexista pero no sacó adelante la propuesta de endurecer la normativa contra la prostitución.

La ordenanza municipal de Sevilla, en vigor desde hace una década y modificada el pasado año, se apoya en políticas sancionadoras que alcanzan los 3.000 euros para las infracciones más graves y van dirigidas a los clientes de la prostitución callejera. La reciente reforma llama también a luchar contra la publicidad que favorezca la explotación sexual.

Con el objetivo de penalizar a los clientes también nació la ordenanza municipal de Gijón, en el año 2013. La norma contempla multas de hasta 750 euros –es decir, se considera una infracción leve– para los hombres que contraten servicios sexuales en la vía pública, siempre que el ejercicio altere la seguridad o el orden público. El Ayuntamiento también promete prestar información y ayuda a todas aquellas personas que "ejerzan el trabajo sexual en la ciudad y quieran abandonar su ejercicio". El mismo año, València acordó sacar adelante una ordenanza muy similar sobre el ejercicio de la prostitución en la vía pública, con multas de hasta 2.000 euros dirigidas a quien solicite servicios sexuales en las calles.

Alcalá de Henares (Madrid) modificó en 2016 su ordenanza municipal, vigente desde el año 2010, para evitar multar a las mujeres obligadas a prostituirse. Las sanciones, que pueden alcanzar también los 3.000 euros, se dirigen ya únicamente a los clientes en las proximidades de determinados lugares públicos y residenciales.

Desde el año 2010, Bilbao cuenta con una ordenanza de Uso del Espacio Público que también regula la prostitución callejera en la ciudad. El incumplimiento de la ordenanza conlleva multas que ascienden hasta los 3.000 euros, según se considere infracción leve, grave o muy grave "para todo el que intervenga" en el servicio. Bilbao es uno de los muchos ejemplos en los que se ha optado por dirigir la multa no sólo a clientes o proxenetas, sino también a las propias mujeres que ejercen la prostitución. En Baiona (Pontevedra), el Ayuntamiento apuesta desde 2012 por sancionar a clientes y prostitutas con multas de hasta 3.000 euros.

También Granada decidió en 2009 penalizar el ejercicio de la prostitución callejera con hasta 3.000 euros, multas dirigidas tanto a prostitutas como a clientes. Lo mismo ocurre en Albacete desde el año 2016, donde las multas pueden alcanzar la misma cuantía en función de su gravedad. Las mismas características –vía pública y sanciones a prostitutas y clientes– dominan las ordenanzas de Alicante, desde 2011; Badajoz, también desde aquel año; y Guadalajara, en vigor desde 2009.  

Proteger a las mujeres

Multar a prostitutas no parece la mejor forma de proteger a las mujeres. Al menos así lo defienden feministas y expertas en cuestiones de género. Un estudio realizado por el grupo Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) revela, de hecho, que las ordenanzas municipales no son el instrumento idóneo para regular el trabajo sexual en las calles, ya que las multas empeoran las condiciones de vida de las prostitutas.

El estudio afirma que las multas tienden a recaer sobre las mujeres con pocos recursos económicos, lo que les impide acceder a ayudas y prestaciones sociales, además de estigmatizar al colectivo. "Eliminar las multas mejoraría la situación personal de las mujeres y eliminaría estigmas de ser una conducta sancionada", señalaron las autoras del informe durante su presentación el pasado verano, tal como recogió Europa Press.

Henar Sastre reconoce que la protección de las mujeres es el principal punto de encuentro entre abolicionistas y regulacionistas. Es importante, dice, "evitar hacer daño a las mujeres". La Plataforma 7N, continúa, carga contra una industria, la de la prostitución, tan poderosa como la de las drogas o las armas. La activista se pregunta, en ese sentido, cuánto dinero se ha invertido en la prevención del tráfico de drogas o armas y reclama que "todo ese dinero vaya también para las mujeres" atrapadas en las redes de la prostitución.

La Plataforma 7N, de hecho, lamenta que "hasta ahora la orientación habitual ha sido hacer recaer la responsabilidad sobre las mujeres prostituidas", por lo que insta a que "el estigma cambie de bando". Por ello, reclama que "se sancione a los responsables, los puteros y los proxenetas y que se ofrezca a las mujeres recursos adecuados para la salida de la prostitución". En esta labor, las activistas se inclinan por el despliegue de "campañas públicas sostenidas para disuadir de la demanda de prostitución", como parte de un plan no hacia la prohibición, sino hacia su definitiva abolición. Los ayuntamientos, dicen, "tienen mucho por hacer, tanto en sus propias competencias, como en su papel de administración más cercana a la ciudadanía".

La organización feminista prevé elaborar un documento que dibuje las líneas de una estrategia estatal, comunitaria y municipal, pero que gire en torno a una "ley abolicionista como tiene Francia". En el país vecino la prostitución está penada a través de multas a los clientes. Entretanto, sostiene Sastre, "lo que se está pidiendo son cosas muy básicas alrededor tres ejes: que se prohíba la propaganda, que se multe a puteros y proxenetas y que se revisen todas las casas y clubs", de modo que la prohibición no se circunscriba únicamente a la vía pública.

Sastre reconoce que su petición supone en esencia "empezar a arañar un muro de hierro", pero entiende que "por algún lado hay que empezar a abordar un tema intencionadamente oculto" hasta el momento. La industria, dice, "tiene unos tentáculos alucinantes" y ha sido capaz de "comprar voluntades" a través de una "jerga neoliberal del yo decido". Un discurso, remata, "demoledor que hay que empezar a desmontar con urgencia".

Prostitución y trata

La Plataforma 7N se remite, para sostener su postura abolicionista, al Convenio de Estambul de 2011, suscrito por España, donde "además de la inclusión de la prostitución forzada y trata como violencia machista, se insta a los gobiernos a actuar específicamente en el ámbito de la educación para modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento de los hombres hacia las mujeres".

Las activistas sostienen, desde su experiencia, que "la prostitución es inseparable de la trata, puesto que la demanda es cada vez mayor y con prácticas más violentas". Para cubrir esa demanda, "se acude a la trata de mujeres pobres de otros países". Por ello, afirman, "mientras el modelo abolicionista sueco ha reducido la demanda, la trayectoria que han seguido Alemania y Países Bajos legalizando esta actividad no sólo no ha eliminado la trata, sino que ha elevado la demanda". La tendencia abolicionista es, por tanto, la única vía para terminar con la explotación que sufren las mujeres, defiende la plataforma.

No lo cree así la organización Genera, especializada en trata y prostitución. Clarisa Velocci, portavoz de la asociación, rechaza con rotundidad lo que califica como "políticas de represión" en torno a la prostitución. En conversación con este diario, señala que las ordenanzas municipales actualmente vigentes "en ningún caso van a hacer desaparecer" la explotación y la trata, sino que por el contrario "terminan generando miedo y clandestinidad".

No sólo la penalización dirigida a las prostitutas, sino también "la persecución a los clientes va a afectar a las mujeres", generando una suerte de "violencia institucional" contra ellas. Velocci critica que, a partir de un "marco teórico e ideológico que se dice abolicionista", lo que se termina por alimentar es un tipo de política "represiva que genera persecución contra las mujeres". Genera, que no se reivindica como regulacionista sino pro-derechos, dice ir en contra de estas "políticas de criminalización, marginalización y exclusión".

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Si bien la activista coincide en que "desde los feminismos estamos de acuerdo en la defensa de los derechos de las mujeres", encontrar la manera de hacerlo pasa por "dejar de perpetrar más violencia y dejar de proponer políticas que las pongan en una situación de mayor vulnerabilidad". Son necesarias, advierte, políticas que evalúen su repercusión en los derechos de las mujeres o analicen si van a mejorar sus vidas.

"Las organizaciones que trabajamos en el día a día estamos desesperadas por que se hagan políticas efectivas contra la trata", comenta Velocci, quien además critica que actualmente los protocolos para combatir esta lacra focalicen sus acciones contra las mujeres migrantes o las trabajadoras sexuales. "La mayoría de las ordenanzas están confundiendo prostitución y trata" lo cual supone "un problema enorme". Los responsables, añade, "te hablan de ordenanzas ciudadanas, de clandestinizar la prostitución en lugar de desplegar políticas reales contra la trata".

Bajo este mismo planteamiento surge la iniciativa Mujeres con Derechos, una "articulación feminista por los derechos de las mujeres en situación de trata con fines de prostitución forzada", que plantea las diferencias entre trata, tráfico y prostitución. Como epicentro de esta iniciativa se encuentra precisamente uno de los argumentos criticados por la Plataforma 7N, aquel que tiene que ver con la libertad individual. "Debemos evitar intervenciones que supongan un juicio de valor y cuestionen las decisiones de las mujeres en relación a sus procesos migratorios, a su cuerpo o a su sexualidad", dice el manifiesto. "Es propio de un contexto patriarcal negar a las mujeres su capacidad de decidir sus propias estrategias de resistencia", añade. En ningún caso, agrega el documento, "el abordaje de la trata puede criminalizar o perseguir a las mujeres que ejercen prostitución" y asegura que "sancionar la prostitución a través de ordenanzas o leyes criminalizadoras no es una opción real ni efectiva para intervenir sobre la trata".