Sindicatos policiales rechazan en el Congreso la orden de Interior que modifica la 'ley mordaza'

Los sindicatos representativos de la Policía Nacional SUP, CEP, UFP y SPP han llevado este miércoles a la Comisión de Interior del Congreso su rechazo frontal a la "surrealista" instrucción 13/2018 de 17 de octubre de la Secretaría de Estado de Seguridad que modifica la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como ley mordaza. Además, critican las propuestas en este sentido promovidas por PNV, Podemos, ERC y Bildu, así como la 'ley de abusos policiales' del Gobierno vasco que "blanquea" a ETA.

Las organizaciones sindicales, en nombre de los 50.000 policías que representan, fijan su oposición frontal a la propuesta de reforma de la ley mordaza por medio de unas enmiendas que consideran que "dificulta gravemente la eficacia y la labor de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como garantizar esa seguridad ciudadana objeto de protección". Son especialmente críticos con la instrucción dictada el 17 de octubre por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, lo que llevó a Interior a explicar que estaban dispuestos a matizar esta orden, debido al malestar generado.

"Los matices introducidos suponen un subterfugio", ha defendido en el Congreso Ramón Cosío, representante del SUP y portavoz de la unidad de acción, en referencia a la modificación de la sanción prevista para las tomas de fotografías y vídeos de agentes que participan en la calle en un dispositivo policial.

Alegan perjuicio en las investigaciones o las vidas personales de los agentes

La instrucción dictada por el departamento de Fernando Grande-Marlaska pasaba a exigir que se acreditara el peligro explícito que suponía para un policía ser fotografiado mientras prestaba un servicio en la calle. Según los sindicatos, esto requiere de una "labor de prospectiva casi adivinatoria en plena calle", en una intervención en la que normalmente hay "tensión y riesgos inherentes". "Se nos antoja cuando menos surrealista", defienden. Según estas organizaciones, lo anterior "podría interferir negativamente en el desarrollo de futuras investigaciones" y es en la práctica la "abolición por la vía de los hechos" de una ley como la de Seguridad Ciudadana que aprobó el PP en 2015 con su mayoría absoluta, contando con el rechazo del PSOE y de otros partidos de izquierda y nacionalistas. Los sindicatos dicen actuar "alejados de cualquier ideología o partidismo".

 

"De forma consciente se ha atajado la tramitación parlamentaria de una reforma de calado, que podría requerir de un plazo o de mayorías de las que quizás no se dispone en el escenario actual, utilizando para ello una vía alternativa: la de desactivar la norma en el ámbito político, escapando de las limitaciones establecidas por el Poder Legislativo"

En un contexto de Nivel 4 (Alto) de alerta antiterrorista, los policías señalan que su "sentimiento de malestar y desamparo" aumenta cuando a la instrucción del Ministerio del Interior se añade la enmienda del PNV que propone suprimir el apartado 23 del artículo 36 de la ley, lo que "dejaría completamente abandonados a los policías frente al mal uso de sus imágenes y datos personales o profesionales por parte de terceras personas". Recuerdan que en Europa los policías han sido objeto de ataques terroristas como el ocurrido en París en junio de 2016, en el que un actor solitario acabó con la vida de un policía y de su mujer en el domicilio de la pareja, así como el ataque que sufrieron dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas en Alsasua (Navarra).

Se oponen a las propuestas del PNV, Unidos Podemos, ERC y Bildu 

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Del PNV critican su propuesta de modificación del apartado que regula el derecho de reunión, ya que entienden los sindicatos que "entorpece los dispositivos policiales" en casos en los que pueden confluir en un mismo lugar manifestaciones de extrema derecha y de antisistemas. Unidos Podemos, ERC y Bildu son igualmente censurados por su propuesta para modificar lo referente a resistencia y desobediencia a un agente de la autoridad. "Una masa o turba de manifestantes podría impedir el ejercicio de una resolución judicial", alegan.

Tampoco comparten la propuesta del partido liderado por Pablo Iglesias para que los menores de 18 años no puedan ser sancionados al "no ser congruente con la ley de responsabilidad penal del menor" e impedir la posible "corrección de las autoridades con la supervisión de la Fiscalía Especial de Menores".

Algo similar ocurre con la intención de Podemos de revisar las devoluciones en caliente en Ceuta o Melilla. SUP, CEP, UFP y SPP están de acuerdo en que "se formalice un expediente de devolución con todas las garantías", pero con más medios y recursos para los policías, de modo que puedan "repeler ataques violentos y organizados que se producen en un gran número de casos".