El 'Brexit' sin acuerdo amenaza con multiplicar las trabas para comerciar con el Reino Unido

La salida del Reino Unido de la Unión Europea encara su recta final y la posibilidad de que la ruptura se produzca sin un acuerdo que permita pilotar una transición suave a la nueva situación ha pasado de ser remota a tornarse real. El rechazo por parte del Parlamento británico al pacto alcanzado entre el Gobierno de la premier Theresa May y la UE ha abierto un mar de incertidumbres en torno a un Brexit que, según coinciden los expertos, podría tener consecuencias especialmente duras para las empresas, si finalmente se produjera sin acuerdo.

May sufrió el pasado martes una derrota parlamentaria de enormes proporciones al no conseguir sacar adelante su plan para consumar el Brexit, que en principio –y si Reino Unido no retira su decisión de salir de la UE o negocia alargar el plazo– debe ejecutarse el próximo 29 de marzo. Tan solo 202 diputados apoyaron a la primera ministra británica, por 432 que votaron en contra, muchos de ellos integrantes del Partido Conservador. El líder laborista, Jeremy Corbyn, presentó una moción de censura que, pese a que no salió adelante este miércoles, puso aún más en cuestión la frágil estabilidad de May. Y ahora el Gobierno tiene apenas unos días para renegociar el acuerdo con la UE y presentarlo al Parlamento, aunque debe afrontar otro problema: el club comunitario ya ha dejado claro que no piensa reabrir las conversaciones.

Así las cosas, Reino Unido parece sumido en una tormenta perfecta sin una vía clara de salida, y lo que hace unos meses se contemplaba como la alternativa más improbable va tomando fuerza con el paso de las semanas. Este miércoles, el negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, advirtió abiertamente de que "el riesgo de una salida [del Reino Unido] sin acuerdo es mayor que nunca", y los Gobiernos comunitarios –entre ellos el español– están centrando sus esfuerzos en afinar sus planes de emergencia por si finalmente la UE y el Reino Unido se separaran sin transición de por medio.

Pero, ¿cuáles serían las consecuencias de que se impusiera esta salida sin acuerdo? Los expertos consultados coinciden en que las empresas son las que más tienen que perder, aunque Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas, ve altamente improbable que termine produciéndose este escenario, pese al nerviosismo que reina en Londres y en Bruselas. "Yo creo que ahora mismo un no acuerdo está más lejos que nunca, porque las consecuencias para el Reino Unido serían dramáticas", argumenta Carnero, que ve más cerca "un segundo referéndum o la retirada" de la decisión de salir de la UE que una ruptura a las bravas.

Una frontera comercial de un día para otro

No obstante, las empresas tendrían serias dificultades para seguir comerciando con Reino Unido si finalmente hubiera una salida sin acuerdo del país el próximo 29 de marzo, cuando se cumple el plazo que estipulan los tratados para ejecutar la ruptura. "Al día siguiente, el 30 de marzo, para los países de la UE el Reino Unido sería un tercer país, y eso implica que el comercio tendría muchas más trabas", explica Ignacio Molina, investigador en el Real Instituto Elcano, que señala que los intercambios comerciales con los británicos estarían sujetas a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), habida cuenta de que el Reino Unido no cuenta con acuerdos de libre comercio con los países europeos por separado.

Eso implica, señala Molina, que de un día para otro los productos que importe y exporte Reino Unido estarían sujetos a "aranceles, controles de origen y un montón de burocracia" que ahora se ahorran por pertenecer a la UE, lo que implicaría un encarecimiento de los mismos y un aumento de los controles para comprobar que se adecúan a la normativa europea. "Y además, puede producirse una caída de la libra, lo cual tendría como consecuencia que caería el poder adquisitivo de los británicos" y podría redundar en su menor capacidad de importación, lo que perjudicaría a los países de la UE y al propio Reino Unido.

En este sentido, el Gobierno español hizo público hace unos días un informe en el que se alerta de que "la retirada del Reino Unido sin acuerdo supone la salida del Reino Unido de la Unión Aduanera y del Mercado Interior, pasando a comerciar con la UE en los términos fijados por la OMC". "Será de aplicación toda la legislación de la UE sobre mercancías importadas y exportadas hacia un tercer país, incluida la exacción de derechos e impuestos" y "la aplicación de estrictas normas sanitarias y fitosanitarias", avisó igualmente el Ejecutivo, que está impartiendo seminarios a empresas para que "estén preparadas para el nuevo escenario".

El Gobierno, además, anunció el martes que creará "dos líneas de ayuda" económica para las compañías que se vean afectadas por este problema por boca de la ministra de Industria, Reyes Maroto, que apuntó que estas medidas se pondrán en marcha junto a un decreto con medidas normativas para regular los aspectos más prioritarios de la nueva relación con Reino Unido si finalmente se produje un Brexit sin acuerdo. Maroto anunció, además, una partida presupuestaria para reforzar el personal de aduanas para afrontar la mayor carga de trabajo que se generaría en esta situación.

La sintonía entre gobiernos ayuda a los residentes

Pero no solo las empresas tendrían que afrontar un panorama desconocido de un día para otro si finalmente el Reino Unido sale de la UE sin una transición de por medio. Tanto los ciudadanos españoles residentes en el país como los británicos que viven en España se convertirían de un día para otro en ciudadanos de un tercer estado y perderían la "reciprocidad de derechos" que ahora les garantiza estar en territorio europeo, explica Carlos Carnero, que no obstante insiste en que, a su juicio, es muy improbable que este escenario tenga lugar.

Molina, sin embargo, afirma que la situación de los ciudadanos españoles residentes en Reino Unido y la de los británicos residentes en España es menos preocupante que la de las empresas, incluso aunque se produjera un Brexit sin acuerdo. "En un escenario de no acuerdo no se pondría en marcha el periodo de transición de dos años que se había pactado, en el cual todo seguiría como hasta ahora, y los residentes se convertirían en ciudadanos de un tercer estado", explica el experto, que sin embargo señala que la "sintonía política" entre los gobiernos español y británico allanaría el camino para que estos ciudadanos tuvieran el menor número de trabas posible.

En esta línea, el propio Gobierno español afirmó en su informe de hace unos días que, pese a que "la salida del Reino Unido implicará el fin de la libre circulación y trabajo de los ciudadanos españoles en el Reino Unido y británicos en España", la "voluntad del Gobierno es la de preservar globalmente sus derechos por considerar que tomaron sus decisiones vitales creyendo en el proyecto europeo". "Para ello se habilitará un sistema por el que los ciudadanos británicos en España pasan, de ser ciudadanos de la UE, a ser residentes legales en nuestro país, y se adoptan las medidas necesarias para garantizar a españoles y británicos derechos, seguridad social, asistencia sanitaria, reconocimiento de títulos y cualificaciones profesionales, entre otros", plantea.

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Una reducción del turismo

"Probablemente fuera diferente si en lugar de España fuera Polonia, Rumanía o Bulgaria", países donde hay muy pocos británicos pero de los que proceden un importante número de inmigrantes cuya entrada el Reino Unido quiere limitar, reflexiona Ignacio Molina. Pero en el caso español, con la mayor colonia británica de Europa, tanto al Reino Unido como a España les interesa que sus ciudadanos expatriados tengan pocos problemas burocráticos y con la prestación de servicios públicos. Quizá, según el experto, lo que más se resintiera a corto plazo fuera el turismo, "porque automáticamente comenzarían a exigirse visados", y aunque fueran de fácil obtención, "provocarían una reducción del flujo" de visitantes.

Pero "la voluntad de ambos gobiernos es que todo siga como está, no hay intención de tocar los derechos de residencia o trabajo", apunta Molina, que pronostica que habría pocos cambios para los ciudadanos "que ya tengan su residencia" en Reino Unido o España.  Cuestión diferente sería la de los británicos que quisieran emigrar a España o los españoles que quisieran trasladarse al Reino Unido tras un eventual Brexit sin acuerdo, ya que tendrían que comenzar desde el principio un proceso de obtención de permisos mucho más plagado de trabas burocráticas que el actual.