La dimensión social de las Fuerzas Armadas

Lo social en el ámbito del personal militar es un campo que se limita, en España, a la asistencia en materia de movilidad geográfica, alojamiento, ciertas ayudas a las familias y residencias de ocio. Poco más. Pero lo social es un campo mucho más amplio en el que no hay que dejar de lado las condiciones de trabajo, la proyección de carrera, el ejercicio de los derechos y los mecanismos y foros donde tratar todos esos ámbitos. Lo social es una dimensión que engloba, entre otras cosas, la negociación de las condiciones laborales en territorio nacional y en los despliegues por maniobras o misiones en el extranjero. Así ocurre en muchos de los países de nuestro entorno porque cuentan con organizaciones profesionales con capacidad legal para ello.

Un ejemplo a seguir sería Dinamarca, donde las organizaciones profesionales de militares forman parte del sistema sindical general desde hace décadas y el 90% de los militares está afiliado a algún sindicato. O Suecia, modelo de tantas cosas, donde sus militares gozan del pleno reconocimiento sindical, incluido el derecho a la huelga, que nunca han tenido que ejercer. O Alemania, con su potente asociación de las fuerzas armadas federales (DBwV), de marcado carácter sindical, (cerca de 200.000 afiliados) que goza de gran prestigio e influencia en las medidas gubernamentales que puedan afectar a su personal.

Esta dimensión social no existe en algunos países europeos y deja mucho que desear en otros como Italia y España, donde las asociaciones profesionales experimentan dificultades para negociar y conseguir mejoras para el personal militar. Valga de ejemplo que en nuestro país el Consejo de Personal de las FAS  (COPERFAS), órgano de interlocución de los militares con las autoridades del Ministerio de Defensa, ha bloqueado los últimos años más del 80% de las propuestas de las asociaciones militares allí representadas, muchos mandos no confían en la labor de los representantes de las asociaciones profesionales, ponen trabas a su acción asociativa o directamente los consideran “enemigos” interiores y un peligro para la seguridad.

Otros mecanismos que completan la dimensión social para los militares son los organismos para la defensa de los derechos del personal de las fuerzas armadas, Ombudsman, existentes en las democracias más avanzadas, los comisionados parlamentarios como el alemán, o los observatorios para la vida militar (OVM) , como el que tenemos en España. Cabe mencionar que el OVM español fue nombrado para cinco años y el pasado 14 de enero expiró su mandato, sin que haya sido prorrogado ni nombrados sus nuevos componentes, un signo de dejación manifiesto por parte de las instituciones de quien depende, el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cámaras legislativas no han reaccionado en el escaso tiempo que queda para que las Cortes Generales se disuelvan al entrar en un nuevo proceso electoral por lo que es apremiante la renovación del OVM.

En el ámbito europeo son numerosas las llamadas a la armonización y estandarización de las condiciones de trabajo y de vida de los militares, ya que las decisiones en esta materia continúan siendo de índole nacional. En 1961 se promulgó la Carta Social Europea, el Tratado del Consejo de Europa que protege los derechos humanos, adoptada por España mediante un Instrumento de Ratificación en 1980, que establecía en su artículo 5, sobre el Derecho Sindical, que “las Partes Contratantes se comprometen a que la legislación nacional no menoscabe esa libertad, ni se aplique de manera que pueda menoscabarla. Igualmente, el principio que establezca la aplicación de estas garantías a los miembros de las Fuerzas Armadas y la medida de su aplicación a esta categoría de personas deberán ser determinados por las Leyes y Reglamentos nacionales”.

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En octubre de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (casos Matelly y Adefdromil) llamó la atención a Francia por no permitir a sus militares  constituirse en organizaciones profesionales, en sus modalidades de asociación o sindicato, al amparo del art. 11 del Convenio de Roma. Aún más recientemente, en 2016, el Parlamento Europeo incluyó este asunto en su Resolución sobre la Defensa Europea, al defender el derecho de los militares a formar asociaciones y sindicatos e implicarlos en un diálogo social permanente con las autoridades.

Por su parte, la organización europea de asociaciones y sindicatos militares, EUROMIL, es constante en la promoción del concepto “ciudadano de uniforme” y la implantación de esa dimensión social en todos los países europeos. EUROMIL aboga por el relanzamiento del concepto SAFE (Synchronised Armed Forces in Europe), que permitiría armonizar las capacidades, las doctrinas operacionales, la formación y el entrenamiento de los militares de diferentes nacionalidades que compartan misiones conjuntas. Este mecanismo prevé también la unificación de la normativa relativa a derechos y deberes, atenciones y equipamiento sanitarios y cobertura social en casos de accidentes ocurridos en actos de servicio con consecuencias de muerte, enfermedad o invalidez. En servicios comunes, como son las misiones bajo cobertura de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), deben darse condiciones, derechos y obligaciones comunes, con independencia del origen nacional de los soldados, que incluiría iguales reglas de enfrentamiento (ROE), iguales indemnizaciones por salida al extranjero, igual duración del despliegue, iguales políticas de permisos y períodos de descanso, etc. Esto se traduciría en una mayor cohesión de la cultura europea, en la promoción de una identidad común y en una mayor cooperación e integración en las unidades militares desplegadas.

Hay políticas sociales que deberían ser consideradas “de Estado”, ajenas al color político-ideológico del Gobierno. Una de ellas es el tratamiento justo de sus servidores públicos y la puesta en marcha de una dimensión social plena, en los términos descritos más arriba, en las relaciones de la Administración del Estado con sus trabajadores militares.