El Ejecutivo de Sánchez defiende ante la Junta Electoral su derecho a informar de las decisiones a través del Consejo de Ministros

La Junta Electoral Central ha pedido a la Secretaría de Estado de Comunicación que formule las alegaciones que entienda oportunas en relación con el recurso que el PP ha planteado contra las ruedas del prensa del Consejo de Ministros durante el período electoral. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respondido defendiendo su derecho a informar de sus decisiones, como han hecho todos los gobiernos en democracia.

El Gobierno considera que “ha actuado en todo momento de acuerdo con la ley y está convencido de que así lo determinará la Junta Electoral Centra”, informan fuentes de la Moncloa. “Las ruedas de prensa que se celebran tras los Consejos de Ministros son, desde el comienzo de la democracia, el canal oficial de comunicación del Gobierno con la opinión pública, a través del cual se transmiten y explican cada semana, también en períodos preelectorales, las medidas adoptadas por éste en el desempeño de su labor constitucional”, señala el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El Partido Popular ha solicitado a la Junta Electoral Central (JEC) que tome las medidas necesarias para "suspender, durante el proceso electoral, las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros" si incluyen medidas "electoralistas" y que se "aperciba" al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la posibilidad de ser sancionado en caso de incumplimiento, con una multa que puede llegar a los 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el diputado del Grupo Popular Juan Carlos Vera interpone esta reclamación contra Pedro Sánchez y el Consejo de Ministros por "considerar que incumple y vulnera la normativa de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al aprobar y difundir en toda clase de medios institucionales y redes sociales la aprobación de unos Decretos-Leyes de marcado contenido político y social, que van a influir de forma electoral en el criterio a tomar por los electores" ante las generales del 28 de abril.

En los últimos días, el líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado que el Gobierno recurra a estos decretos y pretenda que sean convalidados por la Diputación Permanente —órgano que sustituye al Pleno del Congreso en periodos no ordinarios— con las Cortes Generales ya disueltas, algo que, a su entender, evidencia una "instrumentalización" de las instituciones. "Y tienen la desfachatez de ponerle el eslogan de los viernes sociales. Esto no es Venezuela, es España en el siglo XXI", resaltó el lunes Casado, para señalar que su partido "de momento" recurrirá a la Junta Electoral, sin descartar otros pasos en el futuro como la denuncia ante el Tribunal Constitucional.

'Los viernes sociales'

El PP recuerda que el pasado 25 de febrero la propia ministra María Jesús Montero anunció que el Gobierno estaba preparando una serie de "viernes sociales" y recoge las declaraciones de la titular de Hacienda asegurando literalmente: "Estén atentos todos los viernes porque las ruedas de prensa van a ser sustanciosas". Según añade, esa primera batería de decretos-leyes en el Consejo de Ministros tuvo lugar el pasado 1 de marzo con la aprobación de uno relativo a la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y ocupación y el referido a vivienda, que no había sido convalidado en diciembre en su "trámite ordinario" en el Congreso.

El PP recuerda cómo los periodistas preguntaron entonces sobre la posible "electoralidad" de esos decretos y el tratamiento posterior en TVE con "un claro apoyo a esas medidas". Según subraya, estos días la "gran mayoría" de medios de comunicación y partidos "han hecho expresión del carácter electoralista de este proceder por parte del Gobierno, que además no se ajusta a la extraordinaria y urgente necesidad que depara a estos instrumentos legislativos provisionales el artículo 86 de la Constitución".

Una vez que el BOE publica la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, el PP recuerda que la LOREG establece que desde la convocatoria de comicios y hasta la celebración de los mismos "queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos". Según explica, esta prohibición se incardina dentro del "deber de neutralidad electoral" que se exige a los poderes públicos y que constituye uno de los instrumentos legalmente establecidos para hacer efectiva la igualdad que ha de ser observada en el sufragio.

No solo en campaña electoral

En este sentido, subraya que la propia Constitución alude al principio de objetividad en su artículo 103.1 como principio rector referido a cualquier Administración Pública y que comporta la "prohibición de influir en la orientación del voto o de los electores, según ha tenido ya ocasión de señalar el Tribunal Supremo en varias ocasiones". Se trata, prosigue, de "evitar la incidencia de los poderes públicos en las campañas electorales mediante la realización de campañas institucionales y de inauguración de obras", y "reducir la publicidad y la propaganda electoral durante el periodo electoral". Y deja claro que no se ciñe solo a los 15 días de campaña sino a todo el periodo comprendido desde la convocatoria de elecciones.

El PP considera que esta campaña de "de aprobaciones y su difusión, tiene un claro tinte electoralista y puede condicionar la formación de la voluntad de los electores ante los comicios del próximo 28 de abril". Además, censura que el Gobierno quiera convalidarlos en la Diputación Permanente, "hurtando" a los partidos que no están representados en este órgano su debate y votación. Además, el PP dice en su escrito que como recogen distintos acuerdos de la JEC en casos similares, estas aprobaciones del Consejo de Ministros, y sobre todo su publicidad y difusión, "no son imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos", algo que, a su juicio, viene a "remarcar la intención puramente electoralista del Gobierno en su aprobación, divulgación y publicidad, siendo, por tanto, actuaciones prohibidas por la Instrucción y la LOREG".

Hasta 3.000 euros de multa

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Por todo ello, el PP solicita a la JEC que se tomen "las medidas necesarias para suspender durante el proceso electoral las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros en lo que se refiere a estas medidas electoralistas que se pretenden con la aprobación de estos Decretos-Leyes y cualquier clase de publicidad y divulgación, por los medios que sean, que se quiera dar de la aprobación de los mismos, ya que es un acto prohibido por la LOREG".

Además, el PP pide que "se aperciba al Gobierno de la nación, sobre la posibilidad de ser sancionado en caso de incumplimiento" conforme a lo establecido en el artículo 153 de la LOREG, que establece que multa de 300 a 3.000 euros "si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares."