Instituciones Penitenciarias autorizó 116 investigaciones con presos en 2018

En 2016, el Ministerio del Interior dio el visto bueno a un experimento diseñado por la Universidad de Huelva, pensado para aplicar entre los presos de la cárcel onubense. El objetivo del proyecto era arrojar luz sobre el comportamiento violento de los reos, a través de estimulaciones eléctricas. En 2017 el experimento echó a andar y llegó además a la prisión de Córdoba y en 2019, ya con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, el Ministerio del Interior permitió la ampliación del estudio. "Cuando se autorizó venía con el preceptivo dosier con todos los datos de la investigación, pero lo que se aprobó en enero fue, digamos, una renovación automática", aclaran fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias, quienes a su vez confirman que el estudio no tendrá continuidad hasta conocer las conclusiones de un informe de salud penitenciaria actualmente en elaboración. El experimento, además, está ahora siendo investigado por el Defensor del Pueblo. ¿Se han puesto en marcha experiencias similares recientemente en las cárceles españolas? No, aseguran las mismas fuentes. "Si tuviéramos conocimiento de ello lo paralizaríamos exactamente igual", agregan. Pero sí existen investigaciones de carácter sociológico –e insisten: investigaciones, no experimentos– que se ponen en práctica dentro de las prisiones: concretamente, la institución autorizó a lo largo de 2018 un total de 116 investigaciones con presos.

El procedimiento es el siguiente: cualquier persona o entidad puede presentar un proyecto y el departamento adecuado de Instituciones Penitenciarias lo estudia y decide si autorizarlo o no, en un plazo no superior a 30 días. El principal criterio: que sea beneficioso para el interno. De lo contrario "se deniega inmediatamente". El artículo 211 del Reglamento Penitenciario así lo confirma para las investigaciones médicas, de las que los presos no podrán ser objeto "más que cuando éstas permitan esperar un beneficio directo y significativo para su salud y con idénticas garantías que las personas en libertad". A la hora de someterse a la investigación, el interno deberá expresar su "consentimiento informado y firmado".

La Instrucción 11/2005 del Ministerio del Interior recuerda que la actividad investigadora debe ser amparada y estimulada por la institución pública, siempre respetando "la libertad de decisión de los interesados y el respeto a la confidencialidad de los datos médicos individuales". Los estudios que predominan entre la actividad investigadora con reclusos son aquellos relacionados con la rama médico-sanitaria y "los solicitantes son tanto personal propio como otras personas o instituciones". Algunos de estos trabajos consisten en "revisiones basadas en la documentación existente en los establecimientos", mientras que en otras ocasiones "lo que se plantea es la realización de estudios de investigación para los que es indispensable contar con la participación de los internos".

La citada instrucción resulta especialmente cuidadosa con la protección de datos de los reclusos. En este sentido, matiza que "cualquier estudio o trabajo de investigación en un centro penitenciario que precise la utilización de datos individuales o colectivos de la población reclusa deberá ser conocido y autorizado antes de su inicio por el Centro Directivo, a través de la Unidad de Apoyo de esta Dirección General".  Tal y como confirman fuentes jurídicas, Instituciones Penitenciarias tiene la última palabra en su autorización y los jueces de Vigilancia Penitenciaria no intervienen "salvo que se denuncie o se conozca que se vulnera algún derecho del interno".

Drogodependencia, enfermedades crónicas o violencia

A lo largo de 2018, los presos ingresados en las cárceles españolas participaron en un total de 116 investigaciones de carácter sociológico, la mayoría realizadas a través de entrevistas, cuestionarios o grupos de trabajo. Del total, 21 se autorizaron a funcionarios y otras 95 a particulares –estudiantes, universidades, ONG...–. Además, también durante 2018, se realizaron 21 ampliaciones de trabajos ya iniciados.

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Entre todas las investigaciones desarrolladas con presos difícilmente existen dos iguales. Algunos ejemplos tienen que ver con procesos de reinserción, de manera que grupos de investigadores acompañan a reclusos en tercer grado para estudiar sus hábitos y comportamientos. También existen estudios relativos a la drogodependencia, los primeros auxilios en los centros penitenciarios o la resilencia y bienestar psicológico de los internos con enfermedades crónicas. Otra de las investigaciones que mencionan las fuentes oficiales tiene como objetivo realizar un estudio comparativo entre la población en libertad y la reclusa, en relación a los mitos asociados a la violencia de género.

Este tipo de investigaciones, confirma un portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), son habituales en prisiones, aunque la mayoría guardan relación con "programas de tratamiento coparticipados con los técnicos", vinculados a cuestiones como toxicomanía, violencia de género o seguridad vial. El portavoz de la organización coincide en que los estudios se llevan a cabo por parte de profesionales, universidades o ONG, normalmente, y siempre de forma "muy regulada y procedimentada". Desde el sindicato reiteran la importancia de estos proyectos y recuerdan que, además, dentro de las prisiones han sido "pioneros" en asuntos fundamentales como "la lucha contra el sida", ya que "muchos de los avances se dieron en las cárceles" de manera "tutelada" y bajo la supervisión de "facultativos".

Es igualmente frecuente que sea el propio Gobierno quien inicie estudios entre las personas privadas de libertad. En noviembre del año 2005, por ejemplo, la entonces diputada del PP Carmen Quintanilla registraba una pregunta sobre los estudios realizados respecto a la situación de las personas discapacitadas que se encontraban cumpliendo condena en las cárceles españolas. "La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha elaborado un Programa Marco de Intervención sobre el Abordaje de los internos con Discapacidades Intelectuales, Físicas o Sensoriales, para mejorar la situación de los internos discapacitados", respondía el Ejecutivo. La finalidad, aseguraba, consistía en "realizar una detección precoz que posibilite el tratamiento personalizado de los mismos, la colaboración con asociaciones externas y, en lo que respecta a los discapacitados físicos, la progresiva desaparición de las barreras arquitectónicas".