Los estafados por iDental se movilizan para reclamar que se declare la "emergencia sanitaria"

Mery Alves ha vivido la supuesta estafa de la cadena odontológica iDental muy de cerca. Su marido fue uno de los afectados. Acudió a una de las clínicas que la compañía tenía en Zaragoza, le dijeron que tendría que someterse a un tratamiento, contrataron un préstamo para pagarlo y, cuando ya lo tenían, dejaron de tratarle. Las consecuencias, según cuenta Alves en conversación telefónica con infoLibre, fueron terribles. Su marido perdió su trabajo y 20 kilos y tuvo que acudir a un psicólogo. Eso ocurrió en enero de 2018; ahora, año y medio después, continúa en tratamiento.

Esta es la situación a la que se enfrentan miles de personas. Lucía Germani, presidenta de Actora Consumo —que representa la acusación particular de más de 600 personas afectadas de Aragón, Cataluña y Madrid—, asegura que las víctimas llegan a la cifra de 400.000. Los hay por toda España, pues iDental tenía clínicas, dice Germani, en 14 de las 17 comunidades de toda España. En total, 26 centros. Todos ellos están cerrados desde que casos como el marido de Alves salieran a la luz y destaparan un supuesto fraude masivo a los consumidores. Este sábado es el primer aniversario de lo ocurrido y, aunque el caso ha llegado hasta la Audiencia Nacional, muchos de los afectados continúan sin solución. Por eso, saldrán a las calles de Madrid, Barcelona, València, Albacete, Alicante, Almería, Elche, Gijón, Castellón, Murcia, Zaragoza, Tarragona y Girona, donde protestarán mientras se constituyen los ayuntamientos tras el 26M.

 

La coincidencia no es casual. Y es que, según explica Actora Consumo, el objetivo es que los ayuntamientos ofrezcan soluciones a los afectados, como la declaración administrativa de emergencia sanitaria. "¿Quién cura a las personas afectadas? La sanidad pública no porque la salud bucodental no está cubierta", critica Germani. "Lo que hay que hacer, por tanto, es establecer un fondo de compensación o que las administraciones implicadas destinen una partida presupuestaria", añade. Porque el problema, explica Alves, es que ninguna administración ha ofrecido ningún tipo de ayuda a los afectados. Y hay varias implicadas. "Muchas de las clínicas no tenían licencia municipal de apertura pero sí tenían autorizaciones sanitarias de las comunidades", denuncia Germani. "Por tanto, entendemos que hay un deber de vigilancia y un principio de precaución que no se aplicó por parte de las administraciones", añade. 

Estas eran muy permisivas, según denuncia Óscar Castro, presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas de España, la organización profesional personada como acusación popular contra iDental en la Audiencia Nacional. "Ninguna administración controló el material sanitario a pesar de las denuncias que hicimos y de que dijimos que lo que pasó iba a ocurrir", dice. "Fue un disparate, desde el principio hasta el final", asegura. Los materiales que empleaban no tenían ninguna calidad. La consecuencia, según Germani, es que todas las personas que han pasado por alguna clínica de iDental "acabarán teniendo un problema de salud". "Quienes todavía no hayan percibido ninguno lo acabarán sufriendo más tarde o más temprano porque los materiales que usaban en iDental se acaban rompiendo", lamenta. 

El gancho de la publicidad engañosa

La actividad de iDental duró aproximadamente tres años. Tal y como recuerda Germani, la primera clínica abrió en el año 2015 y todas ellas cerraron hace ahora un año. Si en tan poco tiempo consiguieron un número tan elevado de clientes fue por la publicidad "engañosa", según critica Castro. iDental se presentaba como adalid de la "asistencia dental social". En su página web invitaban a los pacientes a unirse a la "dentocracia": "Porque todos tenemos el mismo número de dientes pero no el mismo número de euros". Parte de su imagen corporativa es el eslogan "dentistas con corazón", escrito en letras blancas sobre un enorme corazón rojo. Incluso tenía en propiedad la dirección de internet www.dentistasconcorazon.com. 

"No es que el precio fuera muy barato", explica Alves, "sino que anunciaban muchas facilidades para el pago". "La estafa era clara", dice Germani. "Pedían al cliente que firmara la financiación del tratamiento a través de una empresa financiera. Una vez lo hacía, la empresa cobraba ese dinero y dejaba de atender al paciente", afirma. Comenzaban, de este modo, a dar cada vez más largas para concertar nuevas citas. Muchos tratamientos, por tanto, quedaron a medias; y los que se hicieron fue con materiales de muy baja calidad. 

"Estaban especializados en la implantología, que es lo más caro", continúa Germani. Y, para ello, desarrollaron lo que denominaban fast and perfect, "una técnica que consistía en arrancar los dientes y en colocar implantes". "Hay casos de personas que se han levantado del sillón después de que les realizaran ese tratamiento sin un solo diente", denuncia Germani. Y además, según Castro, a veces llevaban a cabo esta práctica con piezas sanas. "Hay personas que han perdido muchísimo peso porque no pueden comer, intentos de suicidio, depresiones, divorcios, etc.", lamenta Germani.

 

Imagen de archivo de una protesta de afectados por iDental frente al Ministerio de Sanidad. | E.P.

Más de una veintena de delitos

La supuesta macroestafa se encuentra ahora en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que el pasado mes de mayo puso fin a la instrucción de la primera pieza separada del caso iDental y dictó un auto en el que propuso juzgar a la que fuera su cúpula directiva por 24 delitos contra la Seguridad Social que causaron un perjuicio a las arcas públicas de 23,6 millones de euros. Ocurrió apenas tres meses después de que el magistrado decidiera suspender de manera cautelar las reclamaciones judiciales y extrajudiciales emprendidas por una decena de entidades financieras para cobrar los créditos suscritos por los afectados. Y es que a pesar de no haber podido disfrutar del tratamiento, las miles de personas que contrataron un préstamo para llevarlo a cabo seguían pagando. Eso, entendió De la Mata, complicaba aún más la situación de los afectados.

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Según publicó El País, el requerimiento se produjo sobre las siguientes entidades: Sabadell Consumer Finance SAU, Banco Cooperativo Español SA, Evo Finance, Santander Consumer Finance, Banco Cetelem SAU, Banco Pichincha, Uno-e-Banka, BBVA Consumer Finance, Finanmadrid SAU, Pepper EFC y Montjuic EFC SA. No obstante, a pesar de la decisión del juez, tanto Germani como Alves aseguran a infoLibre que estas financieras continúan reclamando el dinero a los afectados. 

La decisión de que la causa fuera investigada por la Audiencia Nacional llegó después de que al menos once juzgados se inhibieran en favor de la institución debido al volumen extraordinario de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo del país, la complejidad de la estructura societaria montada y las miles de personas perjudicadas. Y aunque el magistrado dijo en un primer momento que la investigación sería complicada, Germani celebra que la instrucción avanza correctamente. 

"Denominamos este caso la colza del siglo XXI colza del siglo XXIporque es la mayor crisis y estafa sanitaria desde los años 80 y la mayor estafa de salud bucodental de Europa", critica Germani. "Y en eso coincidimos las administraciones, las asociaciones y el Consejo de Dentistas", sentencia.