El PP lleva al Constitucional la decisión de Batet de dar por válidas las fórmulas de acatamiento de la Constitución de ERC y Junts

El PP ha presentado este viernes un recurso de amparo al Tribunal Constitucional contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y avalada por la mayoría del PSOE y Unidas Podemos en la Mesa de la Cámara de dar por válidas las fórmulas de acatamiento a la Constitución utilizadas por distintos diputados independentistas durante la sesión constitutiva del Congreso del pasado 21 de mayo.

Los conservadores, según recoge Europa Press, fundamentan su recurso en que "numerosos" diputados no cumplieron con el requisito de juramento o promesa de acatamiento de la Carta Magna previsto en distintas normas, vulnerando así la propia doctrina del Constitucional.

Según recuerda, el Alto Tribunal sólo ha avalado expresamente el uso de la fórmula "por imperativo legal" advirtiendo de que otras dejan de cumplir con los requisitos establecidos si se acompañan de "cláusulas o expresiones que de una u otra forma vacíen, limiten o condicionen su sentido propio, sea cual fuese la justificación invocado para ello".

No van a permitir esas "faltas de respeto"

"El PP no puede pasar por alto y no va a permitir que se falte al respeto a la soberanía nacional y a las instituciones, ya que un acto que tiene por objeto el sometimiento a ley no puede pasar a la historia como un acto de desprecio a la misma", argumentan desde el PP para justificar su decisión.

El recurso de los diputados del PP, que encabeza su portavoz interino, José Antonio Bermúdez de Castro, incide en que son "particularmente expresivas" las fórmulas utilizadas por algunos diputados de Esquerra Republicana (ERC) y de Junts que aluden a la "república catalana", a "presos políticos" y al "mandato del 1 de octubre", en la medida en que las mismas son "dudosamente compatibles con la propia Constitución española que se dice acatar y en el mismo acto se rechaza".

Es significativo, además, según recogen las actas taquigráficas oficiales, que varios parlamentarios dijeron que su acatamiento era desde la lealtad mandato del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, lo que, según el PP, "choca frontalmente con el orden constitucional".

El partido que capitanea Pablo Casado considera que todos los diputados tienen la obligación de acatar correctamente la Constitución para adquirir la condición plena de diputado y que el pasado 21 de mayo "algunos" utilizaron fórmulas que "vaciaron claramente de contenido" dicho acatamiento, "debiendo haber sido apreciada dicha circunstancia por la Presidencia del Congreso".

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A juicio del PP, el de acatamiento es un acto "cargado de simbolismo" porque significa que, frente al deber general que tienen todos los españoles de someterse a la ley como regla básica de la democracia, los cargos electos tienen "un plus, un deber especial de someterse a ley y cumplirla".

Pero los citados diputados, en la sesión constitutiva del Congreso, utilizaron el acto de promesa o juramento a la Constitución "para proferir expresiones o lanzar proclamas en favor del desafío secesionista y contra la soberanía nacional", y también "para atacar a la Monarquía y al Poder Judicial, en un claro intento de condicionar o limitar el acto de sometimiento a la ley para vaciarlo de contenido".

Para el PP, eso va en contra de la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. que dice que el sometimiento a la ley debe ser "pleno e incondicionado", además de "claro e inequívoco", algo que a juicio de los firmantes del recurso de amparo, no se produjo en algunos casos.