El 'oasis' en el que vive Piñera es un infierno para una gran mayoría de chilenos

“Oh, Chile despertó, Chile despertó”, gritan los miles de manifestantes que desde el día 18 toman las calles de Santiago y otras ciudades del país para reclamar un cambio. Y no es que hayan despertado porque el presidente Sebastian Piñera decidiera incrementar en un 3% el precio del transporte en hora punta, eso solo ha sido el detonante. Los chilenos han dicho basta porque lo que Piñera define como un “oasis” dentro de una “América Latina convulsa” es, en realidad, un país donde el salario mínimo escasamente supera los 370 euros al mes –de los cuales probablemente no se perciba ni la mitad tras la jubilación debido al sistema de pensiones privado–; se ha incrementado el precio del agua y la luz; el sistema educativo está inmerso en una grave crisis a causa de numerosos recortes; hay que pagar hasta por una simple consulta médica; y la desigualdad en los ingresos es la segunda más alta de los países de la OCDE. Ante semejante panorama, lo sorprendente es que hayan tardado tanto en salir a la calle.

Empezó el lunes 7 de octubre como un acto de desobediencia civil por parte de los estudiantes de secundaria. Hicieron un llamamiento a saltar los torniquetes e incluso sentarse en los andenes para impedir el paso de los trenes tras el anuncio del aumento del precio del transporte público que, conforme pasaron los días, se extendió progresivamente por otros puntos de Santiago. A partir del lunes 14, el aumento del número de manifestantes y la incorporación de nuevos colectivos y sectores de la sociedad transformó el acto de desobediencia estudiantil en una protesta social. Tras cuatro días de protestas sin altercados graves, el Gobierno del presidente Piñera considero que era necesario enviar a los carabineros a poner orden, lo que provocó el efecto radicalmente opuesto.

El uso de la fuerza por parte de la policía, la cual no dudó en emplear gases lacrimógenos e incluso armas de fuego, desató la ira de los manifestantes. El viernes 18 de octubre comenzaron los primeros enfrentamientos violentos, los saqueos a supermercados, los ataques a las instalaciones publicas y la quema de estaciones de metro y buses. Los manifestantes cerraron la plaza Italia, donde habitualmente tienen lugar las protestas sociales, y las calles aledañas con barricadas hechas con vallas metálicas y algunas hogueras. La ciudad se sumió en un caos que duró hasta altas horas de la noche. Llegado este punto, el presidente Sebastian Piñera decidió acudir a los militares mediante la proclamación el 19 de octubre por la noche del estado de emergencia –es decir, el Ejercito asume el control y se restringe la libertad de traslado y de reunión de los ciudadanos– en Santiago y en las comunas de Puente Alto y Maipú durante 15 días, con la posibilidad de prolongarlo en el tiempo si lo cree necesario.

No habían transcurrido ni 24 horas desde la aprobación de esta medida cuando el jefe de la Defensa Nacional, general Javier Iturriaga, declaró el toque de queda entre las 22 horas y las 07.00 horas, franja de tiempo que ha ido en aumento conforme han pasado los días. Por su parte, el presidente Piñera anunció ese mismo día la suspensión del incremento en el precio del transporte. A modo de respuesta, los ciudadanos continuaron con las protestas en el centro de Santiago “armados” con ollas, platos, sartenes, pitos y otros objetos, que hicieron sonar durante horas mientras bailaban y cantaban.

 

El martes 22, el presidente compareció ante los medios para pedir perdón a los chilenos por su incapacidad a la hora de atender sus demandas y además anunció la puesta en marcha de una “agenda social” en un intento por calmar las protestas. La agenda de Piñera incluía: un aumento del salario mínimo (de 300.000 a 350.000 pesos al mes), un proyecto de ley para crear un "seguro catastrófico de enfermedades”, el incremento de la pensión básica solidaria un 20%, y una reducción de las dietas de los parlamentarios, así como de los sueldos más altos en la administración pública. Este anunció tampoco logró rebajar la tensión en las calles.

 

Más de una veintena de organizaciones sociales convocaron una huelga general los días 23 y 24 para “decir no al Estado de Emergencia, para recuperar la paz, profundizar la democracia y para que se atiendan las demandas justas que el pueblo está solicitando”, declaró Nolberto Díaz, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores.

Por el momento, el Gobierno de Chile ha confirmado la muerte de al menos 18 personas. Paralelamente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos está llevando a cabo un recuento independiente en que ya se han registrado más de 2.800 detenciones y 584 personas heridas, la mitad con arma blanca.

A pesar del estado del emergencia, del toque de queda, del uso de gases lacrimógenos y de camiones de agua como método de disuasión, los chilenos marchan día tras día por las calles de todo el país protestando pacíficamente en contra de las políticas del Gobierno y de su presidente, al cuál exigen que dimita.

“Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”

 

Cientos de personas se manifiestan durante una jornada de protestas del lunes en Santiago. EFE

“Los estudiantes parecen desempeñar un papel significativo. Este grupo ha sido particularmente activo en Chile en la última década y es posible identificar allí un grupo con tradición y organización, capaz de articular la protesta”, señala José Antonio Sánchez Román, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.

A nadie en Chile ha sorprendido que, ante el anuncio del incremento del precio del metro, los estudiantes de secundaria del centro público Instituto Nacional fueran los primeros en salir a la calle, ni siquiera si se tiene en cuenta que ese aumento no les afectaba ni a ellos ni a las personas de la tercera edad. “Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”, una de cita del expresidente Salvador Allende que Javiera V. [en este reportaje, los testimonios figuran con el nombre y la inicial del apellido por deseo de las fuentes], una joven chilena que vive en España desde hace años, recuerda al ser preguntada por las protestas y el papel de los estudiantes.

El movimiento estudiantil chileno se ha convertido en el principal actor social insumiso, que no duda en demandar cambios de todo tipo en el país desde que los estudiantes de secundaria tomaron las calles en 2006 para demandar un nuevo sistema educativo chileno en lo que se denominó la Revolución de los Pingüinos –pusieron entre las cuerdas al Gobierno de Michele Bachelet y consiguieron introducir la educación en la agenda nacional– y como demostraron de nuevo las protestas de 2011 y 2016.

Sin embargo, no ha sido tanto esa nueva subida –la vigésimosegunda, según el diario El Dínamo– y las “evasiones masivas” como la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de enviar a los carabineros a reprimirlas y el uso de la fuerza por parte de estos, junto con un malestar latente desde hace años, lo que ha prendido la mecha y ha transformado una protesta estudiantil en una movilización a escala nacional.

Una rabia acumulada que responde a todo

“Esto es una crítica al poder político por todo lo que ocurre, por todo. Por toda la injusticia social, la desigualdad y los abusos. No tiene que ver con algo en particular –en referencia al incremento del precio del metro–. Es una rabia acumulada que responde a todo”, asegura Felipe S. un estudiante de la Universidad de Chile.

Y es que, aunque a nivel monetario se podría decir que el país ha tenido el comportamiento económico más dinámico dentro del contexto latinoamericano –según los datos de la CEPAL, el crecimiento del PIB chileno en 2018 fue del 3,9%–, al mismo tiempo “el país tiene elevados niveles de desigualdad en términos internacionales e incluso latinoamericanos”, indica el profesor Sánchez Román. A continuación, añade: “Esto no tiene que generar necesariamente protestas y revoluciones pero sí grandes niveles de desconfianza, obsesión por la seguridad y un círculo vicioso de nuevas formas de segregación espacial y simbólica”.

 

#loqueestápasandoenChile.

Para que la gente de fuera comprenda lo que realmente está pasando en el país, se ha difundido a través de las redes sociales esta imagen que explica lo que hay detrás del malestar generado por décadas de abusos y desigualdad y que ha estallado por la subida del precio del transporte (la punta del iceberg). Como se puede ver, debajo de la superficie se encuentran las cuestiones que los sucesivos gobiernos “no han querido mejorar”, entre las que se encuentran: la mala calidad del sistema educativo a pesar de ser uno de los más caros del mundo; el lamentable estado del sistema sanitario público; el sistema de pensiones –establecido durante la dictadura, es un sistema gestionado por entidades privadas del sector financiero– requiere de una transformación profunda; y los sueldos miserables –según los datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos elaborada por el INE, el 50% de la población recibe un salario medio de unos 470 euros al mes–, que contrastan con el elevado precio del transporte, el gas, la luz, o la vivienda, cuyo precio en Santiago ha aumentado hasta un 150% en la última década, según un estudio de la Universidad Católica.

Buscan ser escuchados y que se les tenga en cuenta

No se trata de satisfacer una demanda concreta, por eso el anuncio de la suspensión del incremento del precio del pasaje no tuvo efecto alguno entre los manifestantes, porque fue el detonante pero no la única razón. Se trata de cambiar toda la estructura social y política del país. Según Javiera, lo que quieren los ciudadanos es “ser escuchados de una vez, la gente no sale a la calle porque tenga ganas de perder días de trabajo o sean actores parte de alguna conspiración comunista. La gente pretende conseguir una vida digna y lucha por sus derechos como toda la vida se ha hecho: en la calle".

Puede que por ese motivo, muchos medios y analistas equiparen las manifestaciones ciudadanas de los últimos días en Chile con las protestas de los chalecos amarillos, el movimiento sin líderes ni estructura que refleja el descontento de una parte de los franceses y que mantiene en jaque al presidente Macron desde finales de 2018. “Se podría comparar en muchos aspectos, sobre todo en el modo en el que la sociedad se ha agrupado ante un malestar provocado por parte de las políticas del gobierno”, reflexiona María B., una española que se encuentre en Santiago de prácticas. Aunque ve necesario recalcar que, en el caso francés, “no fue una protesta con tanto impacto policial”.

En este sentido, Javiera coincide: “Todas las luchas populares tienen ese gran punto de conexión que es la búsqueda del bien del pueblo, con el fin de acabar con las injusticias provocadas por las élites y los gobiernos corruptos”.

Desde el punto de vista de Antar C., un joven venezolano que se marchó de su país debido a la situación política, económica y social, “mantenerse en la calle demostrando que nadie puede doblegar o detener el malestar que causa la mala gestión de gobierno debería ser suficiente para lograr un dialogo de solución con el gobierno en curso. Todo esto puede funcionar con un gobierno de democracia”. 

No obstante, no todos lo ven de la misma manera. Marie, una estudiante francesa de prácticas en la capital, considera que ambos fenómenos no son comparables porque en Francia no se dieron los niveles de violencia que se están alcanzando en el país latinoamericano, el Gobierno de Macron no recurrió al Ejercito para reprimir el movimiento y, lo que considera más importante, “las protestas de los chalecos amarillos no paralizaron la vida del país como en Chile”. Además, a su entender, el presidente Sebastián Piñera se ha visto sobrepasado en todos los sentidos por esta situación y, por eso, las manifestaciones continúan.

La violencia para lograr el cambio

 

Ciudadanos se manifiestan el lunes en una nueva jornada de protestas en Santiago. EFE

Ante la pregunta de si es imprescindible el uso de la violencia para lograr cambios en Latinoamérica, el profesor de historia José Antonio Sánchez Román expone que “las transformaciones históricas han llegado a veces con violencia, pero muchas otras veces lo han hecho de manera pacífica. Las razones para la violencia hay que buscarlas en cada coyuntura, en cada ciclo de protesta, más que en una supuesta continuidad histórica o unas características inmutables de las naciones latinoamericanas”.

A ojos del presidente Piñera, el país se encuentra en una situación comparable a una guerra donde “los violentos”, los manifestantes, son un “enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie”. Para ganar la “guerra”, el Gobierno le ha dado el control a los militares.

La visión del mandatario resulta chocante si se tiene en cuenta que, en todo momento, los manifestantes han declarado que se trata de movilizaciones pacíficas, es decir, no buscan el cambio a través de la violencia. Sin embargo, esto no quita que, ante la actuación de Piñera y el uso de la fuerza por parte de la Policía y los militares, se hayan producido enfrentamientos violentos ocasionales. Según Javiera, hay que tener claro que “en toda protesta o manifestación se producirán altercados que no estaban contemplados inicialmente pero esto no quiere decir que la protesta sea violenta”.

Y María está de acuerdo: “La protesta en su gran mayoría esta siendo totalmente pacífica por parte de los manifestantes. No he visto todavía ni con mis propios ojos ni en un vídeo a un manifestante agrediendo directamente con intenciones de matar a un carabinero (como si ha sucedido al revés)”.

Nadie niega que algunos manifestantes han aprovechado el caos para llevar a cabo robos y saqueos en grandes almacenes –según la Asociación de Supermercados de Chile, de los 1.371 supermercados repartidos por todo el país, 325 fueron saqueados– o quemar bicicletas, coches y autobuses,pero sí critican que los medios de comunicación hayan puesto el foco solo en estos casos aislados que, según ellos, no representan la esencia de las movilizaciones. "Lamentablemente, como todo medio de comunicación de Latinoamérica, exageran la información y distorsionan muchas cosas. Tanto los manifestantes como los militares han reaccionado de manera inadecuada durante estas protestas, pero no todo se muestra en televisión", manifiesta Antar.

"Está habiendo mucha manipulación, en el sentido de que no se está mostrando totalmente cómo se están viviendo las cosas", dice María, quien rápidamente expone el porqué de su opinión: "En la prensa nacional, no han hablado del estudiante muerto en Maipú a causa de un disparo en la nuca, ni de como los carabineros han quemado contenedores, ni de como han disparado a una estudiante que se estaba manifestando pacíficamente dejándola herida… creo que se está tapando gran parte de la verdad"

Por su parte, Javiera, como periodista, se muestra decepcionada por el hecho de que los medios chilenos "hayan dado la espalda a sus compatriotas", algo que cree que "será difícil de olvidar".

 

Manifestantes levantan carteles en contra de Piñera durante una protesta en Santiago. EFE

Sin miedo a la represión y al toque de queda

La Constitución de Chile establece cuatro supuestos en los que el Ejecutivo puede decretar el estado de excepción constitucional: el estado de asamblea, para hacer frente a un estado de guerra externa; el estado de sitio, para usar ante una guerra interna o “grave conmoción interior”; el estado de catástrofe, principalmente frente desastres naturales; y, finalmente, el estado de emergencia (Art.42), en caso de “grave alteración del orden público”. La última vez que en Chile se decretó el estado de emergencia en base al cuarto supuesto fue el 7 de enero de 1987, cuando el país todavía vivía bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, la cual se caracterizó por una represión brutal.

Más de 30 años después, en plena democracia, el presidente de Chile declaró de nuevo el 19 de octubre por la noche el estado de emergencia en Santiago tras solo dos días de manifestaciones y se instauró el toque de queda, una decisión que, a ojos de Javiera, "demuestra claramente la incapacidad de diálogo de Sebastián Piñera”. Por su parte, Amnistía Internacional no ha dudo en criticar al mandatario por su forma de manejar la situación: “La sociedad chilena tiene todo el derecho y mucha razón para protestar. Criminalizar las protestas no es la respuesta”.

Aunque la declaración del estado de emergencia y la implantación del toque de queda ha supuesto para muchos un viaje al pasado y la vuelta de los terribles recuerdos de la dictadura –según el informe de la Comisión Valech publicado en 2011, el número total de víctimas del régimen de Pinochet supera las 40.000 personas, entre detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados y presos políticos reconocidos–, los chilenos ya no tienen miedo.

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Ejemplo de ello es que estas medidas de represión han tenido el efecto contrario, tal y como expone Felipe S.: “El toque de queda pretendía que la gente se quedara en su casa pero lo que consiguió fue que más gente saliera a la calle. Hubo protestas toda la noche”. Y no es una sensación exclusiva de los chilenos pues extranjeros como María también lo perciben: “Me ha alegrado ver que la gente sale a la calle a manifestarse por sus derechos y eso ha hecho que mi sentimiento de miedo (por no haber vivido nunca una situación semejante) por un lado también se haya teñido de alegría”.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció este jueves el envío de una misión de verificación a Chile para investigar las posibles violaciones a las libertades fundamentales durante las protestas en ese país.