El INE defiende la legalidad de su 'espionaje' a 43 millones de móviles, pero expertos alertan de la falta de transparencia

Desde este lunes, los teléfonos móviles de los españoles chivarán al Instituto Nacional de Estadística (INE) los movimientos que hagan sus dueños hasta el próximo jueves 21 de noviembre. Eso sí, no lo harán todos, aunque sí la mayoría: habrá 43 millones de dispositivos chivatos (el 80% de los que hay en España, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores). Todos ellos, además, con un contrato con Movistar, Orange o Vodafone. La institución pretende, de este modo, obtener información sobre los hábitos de movilidad de los ciudadanos. ¿Con qué fin concreto? Con el de, por ejemplo, saber a dónde se desplaza la población para trabajar o a qué partes se va de vacaciones, lo que podría arrojar luz también sobre los transportes y servicios públicos que podrían mejorarse. Sin embargo, el rastreo de datos siempre genera controversia. Y esta vez no ha sido la excepción. Por eso, el INE y las operadoras se han encargado de insistir en que todo el proceso es legal, algo que también afirman los expertos. Pero estos advierten, no obstante, de una pega: no hay suficiente transparencia. La recogida de datos también se llevará a cabo el 24 de noviembre, el 25 de diciembre, el 20 de julio y el 15 de agosto. 

El INE hizo el anuncio el pasado 29 de octubre. A través de un escueto comunicado —que luego ampliaron—, el instituto estadístico explicó que la información "se limitará a un recuento de terminales que será proporcionada en forma de tablas agregadas de resultados". Es decir, "los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono, ni sobre los titulares de las líneas, por lo que en ningún caso el INE podrá rastrear la posición de ningún terminal". Así, insistieron una y otra vez en que la legalidad respaldaba todo el proceso. "El INE quiere recalcar que se trata de una estadística sometida, como todas las que elabora, a la Ley de la Función Estadística Pública, que garantiza el secreto estadístico y que cumple con todos los requerimientos de la Ley de Protección de Datos", añadió el organismo.

"La privacidad de los datos es lo más importante para cualquier empresa, pública o privada, que trabaje temas de big data", asegura Daniel Ruiz Nodar, profesor consultor en la UOC y CDO en Equifax Ibérica, que explica que las operadoras, como muchas otras compañías que son dueñas de millones de datos, se plantean comenzar a comercializarlos como una forma de complementar a su actividad tradicional. 

"El proceso es legal porque no van a rastrear nuestros datos, sino las posiciones de los móviles de forma anónima", explica Sergio de Juan-Creix, abogado experto en derecho digital y profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). De este modo, continúa, "el INE no va a saber, en ningún caso, a qué hora entra una persona a trabajar ni a dónde se dirige después". El organismo "va a ver una cuadrícula con puntitos que se mueven" en un mapa. Nada más. Pero esto es un aspecto en el que, no obstante, se está insistiendo este lunes. Y eso es porque antes ha habido falta de información y, por consiguiente, "falta de transparencia", según De Juan-Creix. Algo con lo que Ruiz Nodar discrepa. "El INE ha hecho un concurso totalmente transparente que han ganado estas tres operadoras. No hay que poner la lupa sobre estos organismos y, en todo caso, para eso está la Agencia Española de Protección de Datos", dice, que velará por el correcto funcionamiento del proceso. 

Un dato anónimo que parte de una persona concreta

"Es verdad que son datos anónimos, pero la fuente originaria es el dato personal que obtiene el INE a través de las operadoras. Así que por mucho que sean anónimos, ¿quién garantiza que el proceso para hacer los datos anónimos va a ser correcto?", reflexiona el abogado. Si el procedimiento no fuera completamente adecuado y los datos personales acabaran en manos del INE, se vulneraría la Ley de Protección de Datos, dice. Así que hay que confiar en que Movistar, Orange y Vodafone separen a la persona del dato de manera correcta antes de venderlo por el medio millón de euros que se calcula que costará al organismo público obtener esta información. 

Y aquí viene uno de los problemas. Si el origen de la información es una persona concreta con nombres y apellidos, ¿debería dar su consentimiento a la operadora para que sus movimientos formen parte del estudio? La realidad es que hay posiciones enfrentadas: Orange y Vodafone dan la posibilidad al usuario de desconectarse para que sus datos no sean vendidos; Movistar no. "Los datos que forman parte de este proyecto son anónimos y por tanto no se aplica la normativa de protección de datos, no siendo necesario el consentimiento del usuario para ello", aseguró la compañía a través de su cuenta de Twitter. "Es cuanto menos llamativo que las grandes operadoras tengan opiniones contrarias en este aspecto", opina De Juan-Creix.

 

"No todo lo que es legal es bueno"

Según De Juan-Creix, la falta de transparencia es lo que ha generado la oposición de cierta parte de la opinión pública que, sin información suficiente, duda del proceso. "La opinión pública se ha decantado por la sospecha y el miedo", dice. Un ejemplo es Xnet, plataforma dedicada a la defensa de los derechos digitales y la libertad de expresión impulsada por la activista e investigadora Simona Levi. En conversación con infoLibre, se queja de que, una vez más, la "democracia paternalista" trate a los ciudadanos como menores de edad. "Se nos dice 'tranquilos, lo vamos a hacer bien', pero no hay motivo para que no nos expliquen el procedimiento", critica. 

Hay una moda de apelar a la legalidad, dice, pero no es suficiente. "No todo lo que es legal es bueno. Será legal, pero si no nos explican qué es, da igual", denuncia. Y eso es lo que ha pasado en este caso. No hay transparencia ni en el proceso de anonimización de los datos, ni en cómo se sabrá si el dueño de un móvil está en casa o en el trabajo ni por qué no se ha comunicado a los usuarios de los dispositivos objeto del estudio que iban a ser parte de él. 

"Sabemos que si las compañías no hacen anónimos los datos de manera correcta, todo el mundo puede quedar expuesto, así que todo depende de fiarnos de si lo hacen bien o lo hacen mal", dice. "Y esto es un problema porque nos tratan como a menores", insiste. Y hay más. "Para saber quién está en casa no basta con saber cuántos móviles están en la zona, necesitas saber si es la casa de alguna persona", dice. ¿Y cómo se hace ese trabajo?", se pregunta. 

Ya estábamos siendo 'espiados' por las multinacionales

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El estudio es novedoso, pero la metodología sólo en parte. Esta es la primera vez que un organismo público rastrea las posiciones de los móviles, pero no es ni mucho menos la primera vez que un dispositivo es localizado. "Nos estamos preocupando por el INE, pero si cogemos aleatoriamente diez móviles de personas diferentes, estoy convencido de que por lo menos ocho tienen concedidos permisos a aplicaciones que les geolocalizan", dice De Juan-Creix. 

Y estas lo hacen, denuncia Rubén Sánchez, portavoz de Facua, con unos fines menos claros y menos beneficiosos para la población. "Por desgracia, estamos acostumbrados a que las multinacionales estén habitualmente controlando nuestros movimientos" para ofrecernos publicidad, critica. "Por tanto, nuestra privacidad está afectada", dice. Y eso, sostiene, "es más preocupante que el hecho de que el Gobierno vaya a utilizar datos de movimientos de teléfonos móviles para una estadística", dice. 

Pero lo importante, continúa, es la finalidad con la que se usen los datos obtenidos pero, a priori, "esta es una de las localizaciones menos perjudiciales para la economía del consumidor porque no tiene la finalidad de vender nada", sentencia.