La Fiscalía pide al Supremo que investigue a Laura Borràs por fraccionar contratos de ILC y adjudicárselos a un amigo

La Fiscalía ha informado este martes favorablemente a la apertura por parte del Tribunal Supremo abra causa criminal a la diputada de JxCat en el Congreso Laura Borràs –que acaba de tomar posesión de su escaño– por las presuntas irregularidades en 18 contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que fueron adjudicados a su "amigo" Isaías Herrero.

Para el fiscal del Supremo Javier Zaragoza hay claros indicios de que, entre los años 2013 y 2017, Borràs "abusó" de su condición de directora de la ILC para adjudicar "directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática", cuyo importe total es de 259.283 euros sin IVA, a favor de Herrero, también investigado por estos hechos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona y con el que se ha acreditado que tenía una "relación personal y profesional".

Así lo dice el representante del Ministerio Público en su documento de 47 páginas, en el que solicita a la Sala de lo Penal del alto tribunal que declare su competencia para investigar a la diputada de JxCat, por su condición de aforada, por los delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. El Supremo pidió dicho informe el pasado 26 de noviembre después de recibir la exposición razonada que elevó la juez de Barcelona Silvia López Mejía instando a abrir causa contra Borràs.

Según el fiscal Zaragoza, hay indicios acreditados de que en estos cuatro años "hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática aprobados y asignados" por la institución a favor de Herrero. Para ello, Borràs y el informático confeccionaron presupuestos falsos para que fueran aportados "a cada uno de los expedientes de contratación a fin de dotar de una supuesta transparencia y objetividad al proceso de adjudicación contractual", explica.

Presupuestos "falsos o simulados"

Así, con la intención de dotar una "falsa apariencia de transparencia" al procedimiento de contratación y poder justificar que la oferta de Herrero era la más ventajosa, esta persona cercana a Borràs aportaba al procedimiento tres presupuestos, "de los cuáles dos, como mínimo, eran falsos o simulados". También, presentaba ofertas de empresas de terceros para que éstas fueran las adjudicatarias, cuando en verdad era Herrero el que prestaba los servicios.

Por todo ello, el fiscal concluye en su informe –que reproduce gran parte de la exposición razonada– que Borràs y Herrero actuaron de "común acuerdo y de manera concertada" para defraudar a la ILC, mediante el fraccionamiento ilegal de los mismos en tramos de 18.000 euros, contraviniendo la Ley de Contratos del Sector Público.

De hecho, destaca que muestra de que se quería "enmascarar" el fraccionamiento "ilegal" de los contratos informáticos, así como la adjudicación de ellos a favor del otro investigado es que legalmente no se exige recabar tres presupuestos, tal y como se hizo, si los expedientes se iban a tramitar como contrato menores.

Añade que también realizaron de forma conjunta la "falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público" y que los importes señalados en las facturas giradas no obedecían "al pago real y efectivo de los trabajos o servicios" por Herrero.

Los "trapis" entre Borrás y Herrero

El informe del fiscal incluye, al igual que lo hace la exposición razonada, una serie de correos electrónicos entre ambos que acreditarían los indicios de delito cometidos por Borràs. Uno de ellos es el de 28 de febrero de 2013 en el que la dirigente de JxCat le pide al informático que le pase los presupuestos del Portal de las Letras Catalanas para mirarlos "conjuntamente" y hacer "los retoques que sean necesarios".

También reproduce los e-mail enviados el 18 y 19 de julio de 2015 en el que Herrero pregunta si ocurre algo con las facturas y Borràs contesta que "hay que hacer tres presupuestos por cada una, pero que no sufra porque el dinero lo tiene reservado y es para esto".

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También otros mensajes cruzados entre el 27 y 28 de febrero de 2017, en los que Herrero explica que ya tiene hechos dos de los tres presupuestos y que el "el del portal" lo ha elaborado "contemplando los 40.000 euros, siendo a la hora de facturar cuando se harán las pertinentes particiones de no más de 18.000 euros". En este momento, Borràs indica que "el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA".

Otra de las conversaciones que se tienen en cuenta es en la que Herrero reconoce a su socio, en noviembre de 2017, que "con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, yo facturo unos trapis por allí", en alusión al ILC y que tiene que hacer "dos presupuestos buenos y cuatro no buenos...". Además, manifiesta que la situación cambiaría en cuanto Borràs dejara la institución.

Por todo ello, el fiscal asegura que Borràs "propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago de la factura presentada por el adjudicatario, conformó la factura correspondiente y autorizó finalmente el pago".