El primer crimen machista del año llega tras un debate de investidura marcado por la lucha contra la violencia de género

Este lunes 6 de enero podría quedar marcado como el día en que se cometió el primer asesinato machista del año 2020. Un hombre ha arrebatado, presuntamente, la vida de su mujer de 28 años y su hija menor de edad. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha confirmado que el caso se encuentra ya en investigación. Lo que podría ser el primer crimen machista del recién estrenado año se lleva dos vidas por delante. Desde que en 2003 los organismos oficiales iniciaran el recuento, se han contabilizado un total de 1.033 asesinatos de mujeres y los menores que han perdido la vida, desde el año 2013, ascienden a 34. Otros 278 menores han quedado huérfanos en los últimos siete años.

"Nadie impedirá que sigamos luchando frente a la violencia machista. Existe, y sigue matando, golpeando, humillando. Ni una más", ha reaccionado Pedro Sánchez en redes sociales. Sus palabras se enmarcan en un discurso que las fuerzas progresistas tratan de defender frente al negacionismo de la extrema derecha.

El crimen se ejecuta tan sólo dos días después del primer debate de investidura iniciado el sábado. Entonces, la contienda escenificada entre los diferentes grupos estuvo, entre otros asuntos, marcada por la violencia contra las mujeres. El partido de Santiago Abascal se esforzó por dirigir sus dardos a las políticas de igualdad y contra la violencia de género, enemigos a abatir. Para el líder ultra, la Ley de 2004 contra la violencia de género busca "acabar con la igualdad de los ciudadanos" y fue ratificada por el Tribunal Constitucional "por las presiones" de José Luis Rodríguez Zapatero, atizó el presidente de Vox. "Esta locura sin pies ni cabeza" que los de Abascal llaman "ideología de género", clamó, "necesita muchos millones".

En su turno de réplica, Sánchez optó por la mesura y los datos. El candidato socialista escarbó en las cifras para combatir el "clima de odio que alimentan" los líderes ultras cuando "recurren a las falsedades". "Ustedes dicen que la violencia de género no es un problema específico que deba estar tratado al margen de la violencia intrafamiliar o doméstica, pero esto es falso", afirmó el candidato socialista y reparó en los "11.692 delitos sexuales en 2018 y 13.811 en 2018". Además, añadió, el número de mujeres víctimas de violencia machista "aumentó en el registro central del Ministerio de Justicia un 7,9% en el año 2018 hasta las 31.286 víctimas" y en el mismo año el "62,2% de las víctimas de violencia doméstica fueron mujeres". Las condenas por denuncias falsas, continuó, en violencia machista "son el 0,01% del total de las denuncias presentadas". Desde el año 2008, reiteró Sánchez, el número de hombres asesinados por sus parejas mujeres "nunca ha superado las diez víctimas", mientras que las víctimas mortales que deja la violencia machista "superan ya a las víctimas de ETA".

El candidato socialista desmintió igualmente la supuesta falta de efectividad de la norma y recordó que los primeros años del recuento dejaron un cómputo cercano a los 70 asesinatos, mientras que en los últimos años rondan los 50. El mismo argumento ha sido rescatado en reiteradas ocasiones por los expertos: "Nunca podremos contar la cantidad de mujeres que han salvado sus vidas, pero seguramente sin esta ley estaríamos hablando de cifras muchísimo peores", argumentó el pasado mes de diciembre a infoLibre Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con motivo del decimoquinto aniversario de la norma pionera. "En ningún momento debemos bajar la guardia ni pensar que esto es un fracaso", defendía. Para los profesionales, existe un "activismo reaccionario incluso entre quienes ostentan cargos públicos" que va en contra de "los convenios y tratados internacionales". Frente a ello, el movimiento feminista llama a resistir a los que quieren "legitimar y blanquear posiciones negacionistas".

Propuesta de Gobierno: proteger a los menores y facilitar la denuncia

La defensa de las políticas públicas contra la violencia de género se materializa en el acuerdo de Gobierno consensuado por PSOE y Unidas Podemos. El documento, presentado el lunes 30 de diciembre, incluye un apartado específicamente dedicado a la lucha contra la violencia machista. En primer lugar, el texto se compromete a desarrollar "todas las medidas pendientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género", aprobado en septiembre de 2017. El futuro Ejecutivo apuesta por incorporar al ordenamiento "lo dispuesto en el Convenio de Estambul para prevenir y erradicar todas las formas de violencia que sufren las mujeres". La aplicación del acuerdo internacional, del que España forma parte desde 2014, es una tradicional demanda del movimiento feminista, especialmente a la hora de mejorar la definición de violencia de género y ampliarla más allá del ámbito de la pareja o expareja.

La formación morada y los socialistas prometen además tomar "como una cuestión de Estado la libertad y reparación de las mujeres que sufren violencias machistas", a través del desarrollo de "las medidas necesarias para que los procesos de denuncia y judiciales tengan perspectiva de género". En esa tarea, la formación y sensibilización del conjunto de los profesionales que interactúan con las víctimas se presenta como urgente. También la mejora del acceso a la justicia será objetivo prioritario.

Está igualmente en la agenda la creación de un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía para mujeres que padecen esta violencia. El objetivo tiene que ver con trabajar por la independencia económica de las mujeres como trampolín para "su salida de una relación de violencia machista de cualquier tipo".

Los menores no quedan fuera de foco y de hecho el futuro Gobierno de coalición blindará su protección estableciendo "la suspensión del régimen de visitas" por parte de los progenitores "que estén cumpliendo condena" o en los casos en que existan medidas cautelares por "delitos graves de violencia de género o cometidos en su presencia".

El camino de las víctimas

La víctima mortal de este lunes tenía 28 años y vivía en el municipio de Esplugues de Llobregat (Barcelona). Según la información que se ha ido conociendo a lo largo de este lunes, no constaban denuncias previas. Y es que alrededor del 78% de las víctimas mortales de la violencia de género no había dado el paso de denunciar a sus agresores. En 2019, el porcentaje de asesinatos sin denuncia previa escaló hasta el 80%.

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El camino hacia la denuncia es largo y tiende a resultar complejo. Según una encuesta realizada por la Delegación del Gobierno el año pasado, las mujeres víctimas de violencia de género tardan una media de ocho años y ocho meses en verbalizar su situación. Los motivos son múltiples y muchas veces simultáneos. A la cabeza, mencionado por un 50% de las entrevistadas, se encuentra el miedo a la reacción del agresor. Un 45% lo justifica porque creía poder resolver sola el problema y un 36% porque no se percibe como víctima. Muy cerca se encuentra la culpabilidad que siente la víctima por el hecho de serlo, un problema al que apela el 32% de las interpeladas. El 29% admite haber sentido pena por el agresor y el 28% se refiere a la falta de recursos económicos para salir adelante. También un 28% invoca a la vergüenza como razón para dilatar los tiempos hasta la denuncia.

Según relata el mismo estudio, el papel de los hijos resulta determinante en la toma de decisiones. La encuesta sostiene que, cuanto mayor es el número de hijos, mayor es el tiempo empleado en expresar la situación de malos tratos. Las mujeres con tres o más hijos se demoran una media de doce años y dos meses; las que tienen dos, lo hacen en una media de diez años y dos meses. Las madres de un sólo hijo tardan ocho años y tres meses de media. Por el contrario, y con una diferencia abismal respecto a los demás grupos, las mujeres sin hijos tardan una media de tres años y cinco meses en denunciar.

Las autoras del estudio subrayan que "las cargas familiares están actuando como freno para salir de la relación violenta". Un hecho, dicen, que "puede relacionarse con la falta de apoyo familiar y social". El Tribunal Supremo ya advirtió el verano pasado de la gravedad que supone el "silencio cómplice" del entorno de las víctimas, un factor que consolida la invisibilización del problema.