El reto de la nueva Vicepresidencia cuarta: aplicar las energías renovables como antídoto contra la despoblación

La Vicepresidencia cuarta del Gobierno mantiene Transición Ecológica como uno de los grandes retos del Ejecutivo: transformar nuestro modelo productivo y energético para luchar y adaptarnos al cambio climático. Pero añade competencias en lo que se ha denominado el Reto Demográfico, es decir, afrontar la despoblación de amplias zonas del territorio español en las que la gente se va porque carece de oportunidades para prosperar y los que se quedan se enfrentan a carencias a veces sangrantes en los servicios públicos básicos. Aunque pudiera parecer que no hay relación tangible entre los dos ámbitos, la hay. La transición tiene mucho que ver con la implantación masiva de formas de producir electricidad limpias para reducir la emisión de CO2 a la atmósfera: y en ese sentido, las renovables ofrecen una oportunidad de oro para generar empleo y futuro en zonas que no solo se enfrentan al olvido sino que están viendo como la explotación del carbón, en otros tiempos fuente de riqueza y estabilidad, llega a su fin.

La vicepresidenta Teresa Ribera no aludió a esta relación entre transición ecológica y la España vaciada en su discurso al asumir el cargo. Sin embargo, sí que forma parte de los planes del anterior Ejecutivo y, por extensión, de éste. Y ya se están produciendo movimientos de Gobiernos locales y autonómicos, así como de grandes empresas energéticas, para llevar y atraer a las zonas rurales a cuantos más aerogeneradores y placas solares mejor. Hay muchos ejemplos: Endesa se jacta en noticias patrocinadas de sus proyectos en 37 municipios con riesgo de despoblarse. Entre otros, Logrosán (Cáceres), Muniesa (Teruel), Fuendetodos (Zaragoza) y Paradela (Lugo) ya se benefician del empleo y las oportunidades que generan las renovables.

El sol y el viento no entienden de grandes núcleos industriales. Los criterios que utiliza la naturaleza para ofrecer más horas de luz o de vendavales no se rigen por la política o la economía. El ejemplo perfecto es Aragón: una de las comunidades autónomas más emblemáticas de la España vaciada y cuyas reivindicaciones han llegado al Congreso en forma de agrupación de electores, Teruel Existe, para pedir inversiones y voz en las grandes decisiones territoriales del país. No solo cuentan con una generosa radiación solar en comparación a otras zonas de la península, sino que el cierzo (viento frío que sopla constante en el valle del Ebro) convierte en ampliamente rentables las instalaciones de energía eólica.

El Gobierno de Aragón, en ese sentido, ha declarado inversiones de interés autonómico los proyectos que se desarrollen dentro de sus fronteras, con especial atención a los que escojan como lugar antiguas comarcas mineras. Pero según el director general del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (Circe), Andrés Llombart, el sector privado ha llevado la iniciativa, "el primer empujón". La última subasta resultó muy beneficiosa para empresas con capital aragonés, como Forestalia, que se comprometieron a invertir en el territorio. El experto lo tiene claro. "En Teruel se van a instalar unos 3.000 MW. Si crean aunque sean solo cinco puestos de trabajo, pues ya es una solución. Y si encima se instalan en terrenos no urbanos, donde hay mucho menos trabajo, pues mejor", asegura.

Aunque muchos de los proyectos de energías renovables están por empezar, algunos ya han comenzado a construirse. "Y ya se está notando en la zona", atestigua Llombart, que afirma que en la fase de construcción de algunas instalaciones los hoteles y la restauración de la zona están experimentando un aumento de las ventas y de las reservas producto de los trabajadores que acuden. Muchos se quedarán: las compañías prometen, como mínimo, 25 años de empleo una vez los proyectos arranquen. El objetivo es que asuman parte de los empleados que, más tarde o más temprano, se quedarán en la calle fruto del fin de los negocios basados en combustibles fósiles.

Una de las exigencias prioritarias para Teruel Existe es que se ofrezca una alternativa digna a los trabajadores, tanto directos como indirectos, de la central de carbón de Andorra, que en junio de 2020 cerrará para siempre. Los planes de Endesa no han convencido ni al Ejecutivo regional, ni a los sindicatos, ni a los trabajadores, y la pelota está en el tejado de Transición Ecológica, que debe aprobar el Convenio de Transición Justa ya consensuado con todas las partes. Las renovables son una pata indispensable de dicha transición justa, consistente en que el paso a una economía descarbonizada se produzca sin una sangría en los empleos dependientes de la energía sucia.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, una guía detallada para lograr la ansiada descarbonización que el Gobierno de Sánchez remitió a la Unión Europea en febrero de 2019, tiene en cuenta que las energías renovables pueden funcionar como palanca de cambio para la España despoblada. "Se prestará especial apoyo a la investigación, innovación y competitividad en aquellas tecnologías que tienen un mayor potencial de beneficio socioeconómico en España", asegura el Pniec, y se cita en concreto el desarrollo industrial y el asentamiento rural. El documento, en este epígrafe, se centra en la biomasa: una energía renovable que tiene mucho potencial en el campo, y cuya explotación conlleva ventajas añadidas. "Permiten la dinamización del entorno rural y mitigan el riesgo de despoblación, así como favorecen una mejor adaptación de determinados territorios a los efectos del cambio climático", afirma el plan.

La energía de biomasa es un tipo de energía renovable procecente del aprovechamiento de los restos vegetales y animales. La materia orgánica, utilizada como combustible, puede dar electricidad, agua caliente a calefacción a poblaciones generalmente cercanas a entornos naturales. Además, ayuda a adaptarnos al cambio climático porque limpian los bosques de masa forestal que, en caso de incendios feroces y agravados por el calentamiento global, sirve de alimento al fuego. Ya hay pueblos cuya calefacción depende exclusivamente de la biomasa, como este en Soria. Las cifras son ya importantes, y van en aumento: 600 MW de potencia instalados para generar electricidad, 250 millones de euros anuales como cifra de negocio y miles de empleos generados no solo en las propias centrales, también para la extracción, el transporte y el almacenamiento de la materia prima. "Una apuesta decidida por la valorización de la biomasa para generar energía, tanto eléctrica como térmica, ayudaría de forma muy importante a revivir las zonas rurales, creando actividad económica, empleo estable y calidad de vida para sus habitantes", asegura Javier Díaz, presidente de Avebiom (Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa).

Nuevos tiempos, nuevas energías

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Una oportunidad desaprovechada

Sin embargo, para el presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, la transición energética presenta una oportunidad para cambiar el modelo de generación de electricidad que no se está aprovechando como debiera: pasar de la concentración a una estructura distribuida, donde la riqueza no se almacene siempre en las cuentas de resultados de las grandes empresas. "Las renovables son energías tremendamente distribuidas. Bien consideradas, generan valor allá donde se niega el valor", asegura: se refiere a que la tecnología no hace necesarias inversiones de millones de euros en grandes plantas, sino que comunidades de vecinos, por ejemplo, pueden generar su propia energía en instalaciones próximas al lugar de consumición y con una inversión mucho más pequeña. Ferrando no cree que se genere "valor añadido" cuando una gran empresa instala cientos de placas fotovoltaicas, o peor aún, "que obtengan grandes concesiones en las subastas y luego acaben vendiendo los derechos de manera especulativa". 

La recientemente aprobada directiva de la UE sobre el mercado interior de la electricidad reconoce la figura de las "comunidades ciudadanas de energía", personas que se unen para arrebatar el monopolio a las grandes empresas. Además, el Ejecutivo español quitó el pasado año las trabas al autoconsumo que impuso el Gobierno de Rajoy, por lo que a nivel burocrático el camino nunca había estado tan expedito. En opinión del presidente de la Fundación Renovables, falta iniciativa política para quitar el boom de la energía limpia de manos del oligopolio de siempre. "Tengo confianza en el Gobierno actual. Ribera eliminó el impuesto al sol, y tiene capacidad y preparación para llevarlo a cabo. Estamos en buenas manos, dentro de las limitaciones y el papel de los lobbys. Que la riqueza que se genere no sea distribuida sería el mayor error del mundo", concluye.