El sector agrícola reclama transparencia para saber quién incrementa los precios de sus productos hasta un 600%

Agricultores y ganaderos volvieron a salir a las calles este miércoles. Esta vez a las de Madrid, donde protestaron frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es la institución que está llevando a cabo las negociaciones para intentar solucionar los problemas que llevaron al sector primario a convocar manifestaciones en toda España. La lista de los motivos que les llevó a hacerlo es larga, pero hay uno que sobresale por encima de todos y que, precisamente, ya ha sido reconocido por el ministro Luis Planas como un problema: los precios. Según el propio Planas, son "bajos, injustos y volátiles" para los agricultores y ganaderos. ¿Por qué? Por una fórmula muy sencilla: los trabajadores del campo venden sus productos a un precio y los consumidores lo compran a uno multiplicado. El incremento, en algunos casos, puede llegar a ser de hasta el 600%. Pero, ¿qué ocurre por el camino? ¿A dónde va esa ganancia? "No lo sabemos, es un misterio", dice Jesús Anchuelo, secretario general de UPA Madrid.

En el momento en el que anunciaron su calendario de movilizaciones y comenzaron a cumplir con él, sus problemas se pusieron encima de la mesa. Planas admite que existen y que hay que solucionarlos. Lleva días manifestándose en esa línea en la que, precisamente, insistió este mismo miércoles. En una entrevista en Telecinco, el titular de Agricultura afirmó que las movilizaciones van a seguir, pero que el diálogo también. Y con todas las partes implicadas. "No se trata de culpabilizar a nadie, sino de hacer una llamada a la responsabilidad de todos en relación con los precios bajos, injustos y volátiles que perciben los agricultores", señaló.

Pero aunque la cuestión no sea señalar quién o quiénes se quedan con el mayor margen de beneficios, lo que está claro es que algún eslabón de la cadena alimentaria sale más beneficiado que el resto. Y no son ni el primero ni el último. "Siempre decimos que en el primer escalón el agricultor es el arruinado y en el último el consumidor es el engañado", protesta Anchuelo.

Del campo a la mesa: diferencias de precios de hasta el 600%

Anchuelo habla con conocimiento de causa porque sabe lo que dicen los datos. COAG, una de las tres organizaciones que ha movilizado al sector primario junto a UPA y Asaja, publica mensualmente el Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD), un estudio con el que cifran las pérdidas que sufren. El último, correspondiente al mes de enero y publicado este miércoles, reveló que el precio de los productos agrarios y ganaderos se multiplica por cuatro en el camino que recorren del campo a la mesa. 

En el informe especifican 33 productos: 26 agrícolas y siete ganaderos. Todos ellos son vendidos por el trabajador a un precio, pero comprados por el consumidor a uno muy superior. Sobre todo la patata: el agricultor percibe 27 céntimos por un kilo, pero el consumidor paga 1,25 euros. Es decir, un 635% más. En el otro extremo se encuentran los huevos, cuya docena le reporta al ganadero 85 céntimos y es vendida en el mercado a 1,40 euros, un 65% más. 

Junto a la patata, no obstante, hay multitud de ejemplos que evidencian la pérdida de ganancias que denuncian los agricultores. Ellos venden los ajos a 82 céntimos, un precio que se incrementa en el mercado hasta los 5,36 euros (un 554% más); las cebollas a 20 céntimos, un 620% menos del precio que alcanzan en el mercado, que se sitúa en 1,44 euros; el repollo a 19 céntimos, un precio que en el mercado se eleva hasta 1,25 euros (un 558% más); las mandarinas a 32 céntimos, un precio un 509% inferior al del mercado, situado en 1,95 euros; y las naranjas a 25 céntimos, un precio que se incrementa hasta 1,60 euros para los consumidores finales (un 532% más). 

Esos son los casos con las mayores diferencias entre el precio en origen y en destino, pero no son los únicos. En el sector agrícola, el producto que menos porcentaje de pérdida genera es el aceite de oliva: el agricultor puede vender el litro a 2,10, pero el consumidor pagará por él 3,80, un 81% más. El champiñón, por su parte, sólo aumenta su precio un poco más: el agricultor vende el kilo a 1,90 y el consumidor lo compra a 3,67, un 93% más.

Los productos ganaderos, en cambio, producen menos pérdidas que los agrícolas. El que más diferencia tiene entre el precio de origen y de destino es la ternera, que es vendida por el trabajador a 3,95 y pagada por el consumidor a 15,84, un 301% más. El cerdo se acerca, pero la diferencia no es tan flagrante: el ganadero lo vende a 1,46 y el consumidor paga por él 5,62, un 285% más. 

¿Y por qué ocurre así? Los representantes de las organizaciones agrarias no saben explicarlo. De hecho, dicen, son los primeros interesados en conocer el motivo, asegura Francisco José García Navarrete, presidente de Asaja Madrid. Él, como sus compañeros, sabe que hay algún eslabón de la cadena que acaba siendo el más beneficiado, pero el problema es que no saben cuál. Y por eso es complicado encontrar la solución al problema. 

Pero tampoco hay tantos intermediarios, según Anchuelo. Él, que representa a UPA Madrid, sabe que los pequeños agricultores de la Comunidad suelen vender a los asentadores de Mercamadrid, una plataforma de distribución a la que acude quien directamente vende a los consumidores. Pero no siempre funciona así. Según especifica, los productores también pueden vender directamente a las plataformas de las grandes superficies. "Alcampo y Mercadona, por ejemplo, tienen la suya propia", dice.

Eso en Madrid. "En lugares como Valencia, Alicante, Murcia o Almería lo más común es que los agricultores y ganaderos vendan sus productos a las cooperativas de las que son socios. Luego son ellas las que llevan el producto al vendedor final", explica. "No hay tantos intermediarios, pero una posible solución podría ser que se marque un margen de ganancias máximo para cada eslabón de la cadena", reclama el secretario general de UPA Madrid.

El Gobierno apunta a las grandes superficies y estas se defienden

Con este escenario, el Gobierno ha comenzado a buscar soluciones. Planas ya aseguró —a través de la mesa de diálogo que se reunió por primera vez el lunes— que reformará la Ley de Cadena Alimentaria para evitar la venta a pérdidas, "la mayor preocupación", dijo, de agricultores y ganaderos. "Tengo intención de trasladar en las próximas semanas el borrador de la reforma de la cadena alimentaria, no solo trasponer la directiva de prácticas desleales, para darle un papel más significativo a cada uno de los eslabones de la cadena", aseguró el lunes.

Y comenzó a hacerlo este miércoles, tal y como confirmó el Ministerio a través de un comunicado en el que especificó que Planas iniciaba así las "reuniones con empresas de la gran distribución". La primera fue con directivos de Carrefour, aunque el contenido del encuentro, asegura la institución, no se conocerá hasta que finalice el resto de reuniones.

En esta misma línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió este miércoles a las grandes superficies de distribución que hagan "examen" y "autocrítica" por la caída de precios. Al mismo tiempo, además, reclamó mayor transparencia en la cadena alimentaria. "Es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica y tenemos que introducir muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero", dijo a la prensa en Bruselas. Porque lo que es "absolutamente inaceptable", añadió, es que el sector vea cómo los precios de los productos "bajan, bajan y bajan". 

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Por su parte, las grandes cadenas han comenzado a defenderse. La Asociación Nacional de Grandes Superficies (Anged), que engloba a empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Eroski, mostró este miércoles su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones a la situación, pero añadieron que sus "cadenas de aprovisionamiento [...] no encarecen los productos artificialmente". Una línea en la que también se manifestó la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), donde están asociadas empresas como Carrefour, Lidl, Alcampo y Eroski. 

Su presidente, Aurelio del Pino, advirtió que existe "desinformación" sobre los precios de los productos agroalimentarios. Y no quiere que les afecte. "Ante la desinformación que se está produciendo y que afecta negativamente a la percepción de la actividad de las cadenas de distribución, la opinión pública debe ser consciente de que cada operador que interviene en la cadena aporta un valor al producto", dijo. En este sentido, precisó que las empresas de distribución comercial "no compran directamente al agricultor individual, sino, fundamentalmente, a cooperativas o sociedades agrarias de transformación (SAT), o a industrias que ofrecen el producto ya transformado, tal como se presenta en las tiendas a las que se paga, como es lógico, precios sensiblemente superiores".

"El problema de los precios de origen responde a los propios mercados en origen y no a los procesos sucesivos de comercialización", recalcó Del Pino, que señaló que aunque el consumidor vea precios diferentes a lo largo del año "estos se marcan en origen, ya que el coste de llevar el limón del árbol a la tienda es mucho más estable".