PSOE y Unidas Podemos se citan para coordinarse tras el choque entre la vicepresidente Calvo y la ministra Montero

La pelea en torno al anteproyecto de Libertad Sexual ya está zanjada. Al menos de momento, porque el documento redactado por el Ministerio de Igualdad tiene que someterse a la opinión de tres consejos tan relevantes como el del Poder Judicial, el de Estado y el Fiscal, antes de volver a debate al Consejo de Ministros. Y después someterse a discusión en el Congreso de los Diputados, lo que le garantiza un itinerario todavía complicado.

Fuentes de ambas formaciones aseguran que a pesar de los problemas y sobre todo de que se hayan aireado públicamente, contraviniendo así lo pactado, la sintonía entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sigue siendo muy buena y gracias a ella no se ha resentido la solidez de la coalición de Gobierno. Ambos dirigentes mantienen una relación muy fluida y eso ayuda a limar las diferencias entre los departamentos del Ejecutivo.

Lo que no está resuelto, ni mucho menos, son las heridas que el enfrentamiento ha dejado por el camino. Y que señalan a la vicepresidenta Carmen Calvo como la máxima responsable del desencuentro en torno este anteproyecto de ley, clave para modificar la persecución penal de la violencia y el acoso sexual —un asunto sobre el que PSOE y Unidas Podemos comparten criterio— pero que, según algunas versiones —el texto todavía no se conoce— se adentra en conceptos que en estos momentos enfrentan al feminismo mayoritario en las filas socialistas con el que domina el discurso político de la formación morada.

La disputa llegó a las puertas del Consejo de Ministros pero, según fuentes de las dos partes de la coalición, no salió de allí. La idea era que, después de las filtraciones con las que la Vicepresidencia Primera había hecho saber el lunes sus reservas a través de los medios, todo el Gobierno cerrase filas en torno al anteproyecto. Pero ese mismo día por la tarde, justa antes de participar en el pleno del Senado, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no quiso dejar pasar lo ocurrido sin una respuesta pública y denunció que detrás de “las excusas técnicas” de Justicia y la Vicepresidencia Primera “hay mucho machista frustrado”.

infoLibre ha confirmado que Iglesias se dio cuenta horas más tardes de su error —la acusación de machismo fue interpretada por los medios como un ataque al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cuando en realidad iba dirigida sobre todo a la vicepresidenta Calvo, y sirvió además para confirmar las discrepancias dentro del Gobierno—. Hasta el punto de que este jueves mantuvo una conversación con el titular de Justicia en la que aclaró lo ocurrido, subrayando especialmente que no se refería a él cuando habló de machismo en el Gobierno.

Como prueba de que el problema no tiene origen en Campo, fuentes de Unidas Podemos recuerdan la sintonía profesional y académica que une al ministro de Justicia con una de las catedráticas que ha participado en la preparación del anteproyecto, la gaditana María Acale.

En Unidas Podemos atribuyen la actitud de Calvo a su talante —a ella le achacan el fracaso el pasado verano de las negociaciones de investidura de la legislatura fallida— y a un cierto resentimiento por haber tenido que ceder a la formación morada las competencias de igualdad, una materia que le resulta especialmente querida y de la que sigue ocupándose en el seno de la Ejecutiva Federal del PSOE. Ella encabezará este domingo la delegación socialista en la manifestación del 8 de marzo en Madrid.

Y consideran una deslealtad que, después de que el problema se suscitara hace dos semanas, cuando Calvo intento posponer la tramitación de la iniciativa y Unidas Podemos se plantó para exigir que estuviese a tiempo de ser abordada en el Consejo de Ministros anterior del 8 de marzo, la vicepresidenta tratase de ponerle freno a pesar de que el presidente Pedro Sánchez había ordenado darle prioridad para que estuviese lista ante de cita anual más relevante del calendario feminista.

Una vez superada la disputa, al menos de momento, PSOE y Unidas Podemos han decidido convocar para la semana que viene la comisión permanente de coordinación comisiónque en teoría debe solucionar las discrepancias dentro del Gobierno de coalición antes de que salgan a la luz. La reunión se celebrará el jueves 12 de marzo.

A ella pertenecen seis representantes de la parte socialista del Ejecutivo (su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra; el director de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo; su secretario general, Félix Bolaños; la directora del gabinete de Carmen Calvo, Mª Isabel Valldecabres; el subsecretario de Relaciones con las Cortes, Antonio Hidalgo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver) y cuatro del lado de Unidas Podemos (Juanma del Olmo, director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno; Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso; Julio Rodríguez, jefe de Gabinete de Iglesias, y Ione Belarra, secretaria de Estado de Agenda 2030).

El trabajo se acumula

Sobre la mesa de coordinación empieza a acumularse el trabajo. Lo ocurrido con el anteproyecto de ley de Libertad Sexual ha sido el episodio más importante, pero no el único. Unidas Podemos y el PSOE mantienen serias discrepancias en relación con la política de fronteras. La formación morada rechaza las devoluciones en caliente de migrantes que el Ministerio de Interior se empeña en defender cuando la entrada en España tenga lugar de forma violenta. Y el reciente anuncio del ministro Fernando Grande-Marlaska de ofrecer policías y guardias civiles a Grecia para ayudar a este país a contener la entrada de inmigrantes sirios procedentes de Turquía —una política que está recibiendo duras críticas de los defensores de los derechos humanos— a buen seguro tampoco pasará desapercibida dentro de la formación morada.

Unidas Podemos también ha discrepado públicamente de determinados aspectos del proyecto de ley de reforma educativa que el Consejo de Ministros envió este martes al Congreso, especialmente en lo que se refiere al mantenimiento de los conciertos con las escuelas privadas que segregan a los alumnos en función de su sexo. A los morados tampoco les ha gustado nada que Exteriores haya ordenado a la Abogacía del Estado que recurra la decisión judicial que reconoce una indemnización a la familia de Jose Couso, asesinado por tropas de Estados Unidos en la guerra de Irak en 2003, por no haber recibido el amparo debido por parte del Estado.

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Por si eso fuera poco, en las últimas horas el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz (Unidas Podemos), difundió una guía para abordar en los centros laborales la crisis sanitaria provocada por el coronavirus que inmediatamente fue criticada por la patronal y los sindicatos y motivó un comunicado del Gobierno para subrayar que “las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas a tomar en España las está ofreciendo el Ministerio de Sanidad”, no Trabajo. La propia ministra precisó después que su guía se limita a resumir normas vigentes y si fuese necesario adoptar “medidas excepcionales” se tomarían de acuerdo con los interlocutores sociales.

PSOE y Unidas Podemos también discrepan en torno a la necesidad de que el Congreso investigue el dinero en Suiza de Juan Carlos de Borbón. Esquerra Republicana (ERC) y el Grupo Plural, integrado por Junts, Compromís, Más País y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), registraron este jueves en el Congreso una iniciativa pidiendo la creación de una comisión de investigación para determinar las consiguientes responsabilidades “civiles, éticas y políticas” del ex Jefe del Estado.

La formación morada, a través de su portavoz, Pablo Echenique, ha anunciado su intención de impulsar la comisión de investigación, pero el PSOE se escudó en que los letrados de la Cámara Baja se mostraron contrarios a una propuesta similar en octubre de 2018, anticipando así su posición contraria.