Podemos se desentiende de las subcontrataciones o desvíos de dinero de Neurona pero el juez insiste en investigar los trabajos que hizo la consultora

Casi cuatro meses después de la apertura de la investigación a las finanzas de Podemos, este viernes ha declarado ante el juez parte de la cúpula del partido que se encuentra imputada. El secretario de Comunicación, Juanma del Olmo, el tesorero, Daniel de Frutos, la gerente, Rocío Esther Val y la responsable del área de Compras, Andrea Deodato, han comparecido en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid para asegurar que los trabajos encargados a la consultora Neurona durante la campaña electoral de 2019 efectivamente se llevaron a término y para desentenderse también del funcionamiento interno, las subcontrataciones o los desvíos de dinero que la empresa pudiera hacer con el dinero pagado por Podemos.

Fuentes jurídicas presentes en las declaraciones han confirmado al término de las mismas que los cuatro se han amparado en la documentación que el partido, también imputado como persona jurídica, entregó el pasado verano al juez conmás de 1.400 documentos –vídeos de campaña– para probar que los servicios se prestaron y es ahí donde el instructor ha puesto el foco de la investigación en los últimos días, de ahí que haya solicitado a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UCDE)extraer tanto la autoría como la fecha de realización así como "otros datos informáticos se puedan obtener de dichos vídeos".

El magistrado también quiere seguir el rastro del dinero. En total, la contabilidad de Neurona de los años 2019 y 2020 y que fue entregada al Juzgado por el administrador de la empresa, Elías Castejón –también investigado– reflejan que Podemos pagó los 363.000 euros del contrato electoral en varias transferencias, así como otros ingresos del partido a la consulta política, todo ello por un valor acumulado de 425.443 euros. Pero también hubo varias transferencias de esta empresa a la sociedad mexicanaCreative Advice, a la que subcontrató para la realización de los servicios contratados por Podemos, por un total de 307.000 euros.

Aparte de asegurar al juez que los trabajos por los que se contrató a Neurona Comunidad, filial española de la mexicana Neurona Consulting, se llevaron a cabo, Del Olmo –estrecho colaborador del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias–, De Frutos y Val se han desmarcado de los pagos que la consultora pudo hacer a otras empresas subcontratadas y de cómo saca adelante los trabajos por los que se la contrata. En concreto, Del Olmo ha explicado que eligió a Neurona porque conocía los trabajos que ya había desarrollado en América Latina, ya que en 2018 le había contactado uno de sus directivos, César Hernández, con quien había intercambiado puntos de vista y con el que coincidía en la estrategia comunicativa, por eso además le daba confianza.

Para la consecución de los trabajos de la campaña de 2019, ha indicado que se constituyó un centro en la calle Maudes de Madrid en el que había tanto trabajadores de Podemos como de Neurona que se desplazaron desde México. Si después de pagar a Neurona por sus servicios de consultoría, la empresa financió otras operaciones con ese dinero o por qué acabó parte del dinero acabó en Creative Advice, Del Olmo ha defendido que Podemos no puede y no tiene por qué saber qué hacía la consultoría con ello, y que el partido sólo se ocupaba de que se cumpliera el contrato, según las fuentes consultadas.

El tesorero del partido morado se ha pronunciado en parecidos términos. Era uno de los administradores de la cuenta electoral de Unidas Podemos desde la que se pagó a Neurona y ha asegurado que el contrato con la consultora se ajustaba al presupuesto. Aunque no estaba en el día a día de los trabajos, está seguro de que los trabajos de consultoría para las elecciones se realizaron porque, aparte de que la formación política los iba recibiendo a medida que se iban realizando, tuvo que ir autorizando determinados gastos derivados, como contratos con redes sociales desde las que se publicitaban los vídeos de campaña. 

"Las dudas están totalmente disipadas, los trabajos totalmente acreditados y, por tanto, entendemos que procedería acordar el cierre de la investigación", ha dicho en declaraciones a la prensa el abogado de Podemos, Gorka Vellé. "Salimos con muchísima satisfacción", ha añadido.

No es lo que opina la abogada de Vox, formación que está personada en esta causa en calidad de acusación popular. Marta Castro opina que "no se ha conseguido acreditar los trabajos" por parte de Podemos y ha apuntado a "una posible duplicidad" de los servicios contratados con Neurona respecto a los contratados con la empresa ABD --una parte del caso ya archivada-- y a los realizados a nivel interno en la formación morada.

Para el partido de ultraderecha, las declaraciones de este viernes han aportado un dato que considera muy relevante, el nombre de César Hernández, al que ha definido como "el hombre clave", por lo que ha avanzado que solicitará al juez Escalonilla que le cite a declarar, aparte de otras diligencias que no ha concretado. "Nuestra valoración (...) es que entendemos que el asunto cobra unos tintes más graves para Podemos. Neurona sigue siendo la empresa fantasma", ha concluido la representante legal de Vox.

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Neurona no es el único frente que tiene abierto Podemos en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. Escalonilla también ha puesto el foco en las obras de la sede del partido, pues según la denuncia inicial, firmada por el abogado despedido José Manuel Calvente, se reflejaron sobrecostes que él achacaba a una posible intención de beneficiar a ciertas empresas. Según la formación morada, el proyecto inicial presentado por el arquitecto contratado indicaba un coste de 649.000 euros, pero con los gastos que plantearon las empresas subcontratadas, el presupuesto subió a algo más de 1,3 millones de euros. El coste final fue de aproximadamente 1,4 millones.

El instructor ha reclamado a Podemos que presentela liquidación de la licencia de obra presentada ante el Ayuntamiento de Madrid, mientras que al arquitecto le ha solicitado que entregue el acta de recepción de la obra, el certificado final de la misma y los sucesivos certificados emitidos durante su ejecución hasta su finalización para el pago a las contratistas.

Este viernes también han comparecido ante el magistrado varios proveedores contratados para la obra de la sede, que han relatado que la construcción de cada parte que les correspondía se hizo de acuerdo al presupuesto pactado en un principio. Aunque han admitido que pudo haber sobrecostes, han explicado que éstos se habrían derivado del proceso de ejecución.