Iglesias se querella contra un coronel retirado que perteneció al CNI por acusarle de trabajar para "potencias extranjeras"

Articulista y colaborador habitual de medios escritos y audiovisuales de ultraderecha, el coronel de infantería retirado Diego Camacho afronta desde este jueves el riesgo de convertirse en imputado por injurias o calumnias tras la querella presentada por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

Antiguo integrante del Cesid, precursor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Camacho ha desplegado a lo largo de meses una auténtica ristra de graves acusaciones contra el vicepresidente segundo y líder de Podemos. Le atribuye poner en riesgo la seguridad nacional por haber trabajado "a sueldo" de Venezuela y de Irán. Y le endosa "vinculaciones con el narcotráfico, el terrorismo y los intereses marroquíes" a través de su antigua asesora Dina Bousselham.

Iglesias entiende que no estamos ante un ejercicio de libertad de expresión o información sino ante un ataque de gran magnitud dirigido a dañar su honor. Presentada ante los juzgados de instrucción de Madrid, el abogado del vicepresidente lo expresa así en la querella: "Las acusaciones de traición, de trabajar para terceros países y de suministrarles información, de colaborar con el narcotráfico y con el terrorismo, son vejatorias en sí mismas y ofenden el honor de cualquier persona, máxime si  ocupa el cargo que ejerce mi representado".

Esa es la almendra central que sustenta la denuncia. Y por eso el texto abunda en la relevancia de que sea un antiguo uniformado quien haya arremetido contra Iglesias en medios como el digital de extrema derecha El Correo de España o en el canal de Youtube Lacontra.tv, donde dirigentes de Vox ocupan buena parte del elenco de entrevistados o colaboradores. "No puede haber ataque más grave a la integridad moral de un gobernante –se lee en la denuncia– que afirmar que el mismo trabaja para potencias extranjeras; máxime cuando aquél procede de una persona cuya condición de militar y exintegrante del Cesid le dotan de un aura de ética y credibilidad que hace presumir que sus manifestaciones son veraces".

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La querella relata cómo Iglesias intentó evitar su presentación. Lo hizo ofreciendo al coronel retirado "la oportunidad de retractarse de sus afirmaciones". Camacho admitió que los artículos e intervenciones en televisión que sustentaban la exigencia de rectificación existían. Pero, según Iglesias, consideró que “no es cierto que supongan injurias o calumnias de ningún tipo".

Junto con su pareja, la ministra Irene Montero, el vicepresidente mantiene otra querella por los largos meses de concentraciones ante su domicilio que manifestantes afines a la extrema derecha han realizado desde el inicio de la pandemia. En diciembre, un juez dictó una orden de alejamiento contra el imputado por esa querella: Miguel Frontera, uno de los principales instigadores del acoso más largo contra un político desde la restauración democrática. Frontera se vio cercado cuando dos guardias civiles declararon ante el juez que había grabado incluso el interior de la vivienda de Galapagar donde reside la familia. En una entrevista reciente, Iglesias calificó de "inaceptable" que se equipare el acoso de que está siendo objeto con los escraches promovidos en la pasada crisis por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a los que en su día calificó como "jarabe democrático".

Iglesias se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo decida si acepta o rechaza la solicitud del juez que, tras investigar el robo del móvil de Dina Bousselham y la posterior difusión de parte de su contenido, le dirigió lo que se conoce como exposición razonada para que impute al vicepresidente. El magistrado, Manuel García Castellón, instructor del caso Villarejo, considera que el líder de Podemos pudo haber cometido los delitos de daños informáticos, denuncia falsa y revelación de secretos. La Fiscalía no cree que haya base para pretender tal imputación y ha pedido que se devuelva el caso a la Audiencia Nacional para que Bousselham declare sobre si tiene alguna intención de actuar contra su antiguo jefe. La antigua asesora y ahora directora del digital La Última Hora, impulsado por Podemos, ya había expresado que no alberga la menor voluntad de atribuirle ninguna conducta ilegal.