PP y Cs tumban bajo presión de Vox las ayudas a refugiados en Santander que beneficiarían mayoritariamente a solicitantes de Venezuela

PP y Ciudadanos acaban de liquidar de un plumazo en Santander el convenio que cada año y con un coste de solo 25.000 euros suscribía el Ayuntamiento con Cruz Roja para dar ayuda a los solicitantes de asilo político. A falta de un voto para la mayoría absoluta, el gobierno local cede así a las exigencias de Vox, cuyo único concejal resulta imprescindible a la hora de aprobar el presupuesto de la ciudad. 

Pero lo sucedido este martes en el pleno municipal de la corporación santanderina gracias a los 11 votos del partido de Pablo Casado, los dos del de Inés Arrimadas y el del correligionario de Santiago Abascal, encierra una paradoja: que el mayor número de quienes buscan refugio en Cantabria huyendo de países donde peligra su vida o su libertad no procede de países africanos o de cualquier otro de mayoría musulmana sino de Centroamérica y Venezuela, cuyo régimen concentra el grueso de los ataques de la derecha española.

Ese último dato lo remarcó el coordinador de Cruz Roja en Cantabria, Alfonso Alonso, durante una entrevista radiofónica donde expresó su desolación por lo sucedido. El origen de los solicitantes, explicó Alonso en el programa El Faradio de Arco FM Cantabria, "es muy diverso" y hay quien llega desde África. Pero de forma mayoritaria quienes lo piden "son gente de Centroamérica o incluso venezolanos, que es ahora lo más habitual". La institución humanitaria ofrece soporte especialmente a aquellos que ven rechazada su solicitud y se ven forzados a iniciar un camino de vuelta incierto o a buscar difíciles alternativas. 

Ya en la etapa de Mariano Rajoy, la contradicción en que ahora incurre en Santander el bloque de derecha afloró en cuanto se fueron conociendo los datos oficiales: a lo largo de sus seis años completos de mandato –2012-2017–, el Ejecutivo del PP reconoció la condición de refugiado al mismo número de venezolanos –22– que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero en su última legislatura. Y ello pese a que en el segundo cuatrienio de Zapatero –2008-2011– los solicitantes de asilo originarios de Venezuela ascendieron a 148 mientras que en el sexenio 2012-2017, con un éxodo ya disparado, la cifra llegó a 15.605. 

En el paquete de enmiendas que Vox ha logrado colocar a cambio de su voto a los presupuestos santanderinos para este año figura la eliminación de otro acuerdo de índole social: el que garantizaba una subvención 6.000 euros a la Plataforma de Asociaciones de Gitanos Romanes. Según el edil de Vox, Guillermo Pérez-Cosio, "payos y gitanos tienen que recibir lo mismo".

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En su lista de éxitos -el gobierno local ha movido hacia arriba o hacia abajo 2,92 millones- también aparece el tijeretazo al centro de atención a la mujer impulsado por Araccua, una asociación de amas de casa. Y en el polo opuesto, la partida que más crece es la del "Programa de defensa de la natalidad, maternidad, conciliación y familia": pasa de 495.000 euros a 690.000.

Cosio amenazó al PSOE con interponer una querella por haber condenado a través de un comunicado "la ideología del odio" asumida por PP y Ciudadanos como "peaje de la extrema derecha". Y proclamó que habría apoyado "gratis" el presupuesto local en el trámite inicial que este martes quedó superado. ¿Gratis por qué o para qué? "Para que la izquierda no gobierne", fueron sus palabras.

Este periódico preguntó a los portavoces de comunicación del gobierno local el porqué de una decisión como la que elimina la posibilidad de dar un solo euro a Cruz Roja a lo largo de 2021 para su plan de ayuda a refugiados. No hubo respuesta. Pero que el acuerdo aprobado imposibilita el pago de ninguna subvención para ese fin lo confirma un dato: que la partida ha desaparecido. De haberse limitado a reducirla incluso a un solo euro, cualquier modificación presupuestaria habría permitido una rectificación en cualquier momento del año. Cruz Roja confía no obstante en que el asunto pueda aún reconducirse dado que el trámite cumplido el martes fue la aprobación inicial, no la definitiva