El PP de Feijóo aprueba en solitario una ley que sienta las bases para que la vacunación pueda ser obligatoria

La nueva ley gallega de salud –que reforma un texto de 2008–, impulsada por el PPdeG, ha sido aprobada este martes en el pleno del Parlamento solo con los votos de los conservadores y con el rechazo de la oposición –BNG y PSdeG–, informa Europa Press.

Durante el debate, el diputado socialista Julio Torrado ha acusado al PP de "utilizar el miedo para recortar derechos" en un "dudoso marco jurídico", mientras Iria Carreira (BNG) ha alertado de que esta ley supone una "supresión de derechos fundamentales de los gallegos" con la excusa de la pandemia.

En contraposición, Encarna Amigo (PPdeG) ha defendido que la nueva norma, que "tanta algarabía está suscitando", "cumple todas las garantías jurídicas" y sirve para combatir al coronavirus.

La reforma de esta ley ha estado rodeada de polémica desde el comienzo. El propio modo de tramitarla por el Grupo Popular por la vía de urgencia, en vez de por el Gobierno gallego, suscitó las críticas de la oposición al acusar a los populares de buscar "esquivar informes jurídicos".

Entre los capítulos que más críticas han recibido, está el que alude a la tipificación de infracciones en salud pública y a las sanciones. Entre ellas, se encuentran multas de hasta 60.000 euros por saltarse confinamientos y un régimen de sanciones de hasta 600.000 euros en tres niveles –leve, grave y muy grave– para penar el rechazo a vacunarse o hacerse pruebas, pero solo en caso de que las autoridades sanitarias establezcan su obligatoriedad.

Asimismo, la multa por no llevar mascarilla se marca en un mínimo de 100 euros, con la posibilidad de incremento en función del incumplimiento. Y entre otras infracciones leves también se encuentran: hacer botellón, infringir los toques de queda, reuniones con más personas de las permitidas, participar en fiestas que incumplan las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias e incumplimientos de horarios de locales.

Protestas de negacionistas 

Junto a esto, durante la tramitación de la ley se produjo una campaña de correos masivos en la web del Parlamento gallego con contenido negacionista del covid-19 y antivacunas.

El pasado sábado una manifestación negacionista recorrió las calles de Santiago contra lo que denominan la Ley AuschwitzLey Auschwitz. Asimismo, este martes, decenas de negacionistas se han concentrado ante la Cámara en contra de la ley con carteles en los que se podía leer mensajes como "La televisión es el virus". En ambas movilizaciones, se ha podido ver a algunos manifestantes sin mascarilla o con ella bajada.

Los populares han deslizado en los últimos días una vinculación entre el rechazo de la oposición al texto con estas movilizaciones negacionistas. Una cuestión que ha provocado un airado reproche por parte del BNG y PSdeG, que acusan al PP de usar un "argumento ridículo" y "tramposo" de identificar las críticas de la oposición con el negacionismo para no abordar lo que entienden problemas de fondo en el texto.

Un "disparate" para la oposición

Este martes, se ha celebrado el debate final para la aprobación de la ley. Previamente, en la comisión de Sanidade, los conservadores solo aceptaron una de las 54 enmiendas de la oposición: relativa a "revisar el lenguaje sexista" de la redacción.

Además, se incorporan cinco enmiendas de los conservadores al dictamen final, que atañen fundamentalmente a la planificación, con el foco en el desarrollo de la Estratexia Galega de Saúde y los planes por área. El PP también introdujo un cambio para la "desnormalización" del consumo de alcohol entre menores.

Durante el pleno de este martes, Iria Carreira (BNG) ha arremetido contra que el PP solo busque "medidas de carácter restrictivo y punitivo", pero "ninguna medida para reforzar el sistema sanitario". Considera que "es un grave error enfocar un problema de salud pública como un problema de orden público".

Una de las cuestiones sobre las que se llama la atención es que "se contempla la obligatoriedad" de tratamientos y pruebas diagnosticas "como si fuese este el problema real". Recuerda que el comportamiento de la población gallega "está siendo ejemplar", y "no es que la gente no quiera vacunarse, es que no hay vacunas para ponerle".

Por ello, la diputada nacionalista pone el foco acerca de que el "problema real" que no quiere abordar el PP es la falta de medios y personal en la sanidad gallega, lo que ve "miserable".

Carreira advierte de que se "infantiliza" a la sociedad con esta norma, que supone "limitar derechos", pero sin que el Gobierno gallego tenga que "rendir cuentas". Todo ello, con una voluntad "nula" de diálogo por parte del PP, que ha reducido a intentar "ridiculizar" a la oposición y "hacerla pasar por negacionista" solo por criticar el texto.

Igualmente, el diputado socialista Julio Torrado ha tachado esta norma de "disparate jurídico", que "pretende sustituir al Congreso de los Diputados a través de un parlamento autonómico", con un reglamento sancionador "excesivo" e "inapropiado legalmente".

El socialista asegura que su grupo está en contra del texto por "convicción plena, rigor, sensatez y defensa convencida y apasionada de la ciencia".

Entre sus reproches, ha lamentado que "obligar a vacunar es el paso más firme para alimentar el negacionismo", unos negacionistas que "son en buena parte unos cretinos". Deja claro que "no hay que generar una trinchera donde no hay una guerra". Opina que hacer obligatoria la vacunación es "como resolver los problemas de tráfico prohibiendo los coches".

"A mí no me dice que coqueteo con el negacionismo nadie", ha afirmado Torrado. De hecho, acusa a los negacionistas de estar "haciéndole el caldo gordo al Gobierno (gallego)".

Torrado remarca que este país es uno de los que tiene mayor aceptación por la vacunación. Es más, avisa de que "el único que está trabajando en una ley parecida" a la del PPdeG "es Bolsonaro".

También ha mostrado su rechazo a que la ley estipule que pueda ser una autoridad sanitaria casi "toda la población". Una ley que "no resuelve nada" y cuyo "encaje legal es más que discutible".

Defensa del PPdeG

En cambio, Encarna Amigo sostiene que este es un "día importante" por la aprobación de una reforma legislativa que lo que "hace es venir a dar garantía y actuar con responsabilidad".

Y es que a juicio de la popular, este ley es "necesaria" porque el marco normativo sanitario "no estaba preparado" ante una pandemia "tan larga".

Después de apuntar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comprometió una reforma de la ley orgánica que "nunca llegó", se queja de que el estado de alarma "no concreta" las acciones a desarrollar por las comunidades y las "limita". Aquí pone de ejemplo que autonomías como Galicia no pudieron ampliar el horario de toque de queda.

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Con todo, garantiza que "la Xunta no está haciendo nada que no esté previsto en términos genéricos en la ley estatal". "Lejos de ser autoritaria, lo que hace es regular y poner límites a lo que puede hacer una administración durante una crisis sanitaria y garantizar una asistencia digna a los contagiados", asevera Amigo.

Y esto se hace, según la diputada popular, "dando mayor seguridad jurídica a administrados y tribunales". Además, ha acusado a BNG y PSdeG de que "mienten y embarran", pues "venían ya con la negativa debajo del brazo desde el minuto uno".

Para el PPdeG, la nueva regulación "garantiza el automatismo de respuesta", "reduce la incertidumbre" y provoca una "interpretación más homogénea de los tribunales".