DomusVi sacó provecho de la hecatombe en sus residencias al actuar como comisionista de las funerarias

En las residencias de DomusVi fallecieron el año pasado más de 2.100 mayores tras desatarse la pandemia de coronavirus. Una hecatombe humanitaria que, paradójicamente, sirvió a la principal multinacional del sector en España para hacer caja. Y es que se multiplicaron los ingresos que obtuvo por su vía de negocio más desconocida: las comisiones que cobra a las funerarias por cada familia de un mayor fallecido que les contrata un servicio gracias a su intermediación.

El contrato más relevante es el que DomusVi tiene firmado con Mémora, que es a su vez la principal compañía de servicios funerarios de España. DomusVi viene actuando como comisionista por su labor comercial en favor de Mémora al menos desde octubre de 2015, cuando entró en vigor un “acuerdo de colaboración y prestación de servicios” entre ambas compañías, al que ha tenido acceso infoLibre y que se reproduce al final de esta información.

En dicho contrato se establecía que DomusVi –entonces llamada Geriatros– recibiría una “aportación colaboracional” en contraprestación “a la comunicación realizada a los familiares” de los residentes fallecidos y “previo aviso” a Mémora informando sobre la defunción, siempre que terminasen “contratando algún servicio” con la funeraria. Esa “aportación colaboracional” variaba dependiendo de la localidad del geriátrico y de si los familiares contrataban a Mémora de forma directa o a través de una aseguradora, llegando a alcanzar los 700 euros por difunto.

En 2018 se firmó un nuevo acuerdo entre ambas compañías, que es el que está en vigor a día de hoy, que enmascara el pago de la comisión como una contraprestación que Mémora abona a cambio de “la cesión del uso del espacio” en las residencias de DomusVi "para atender a las familias en el asesoramiento y la contratación del servicio".

DomusVi gestionaba el año pasado 139 centros de mayores, que tenían en total cerca de 18.500 plazas. Es el único grupo residencial que cuenta con presencia en todas las comunidades autónomas, aunque de forma muy desigual: la mayor implantación la tiene en Galicia (30 geriátricos), Madrid (17), Comunitat Valenciana (15) y Andalucía (14), mientras que en Canarias, Extremadura, La Rioja, Murcia y Navarra sólo gestiona un centro. Su tamaño dobla ampliamente a los siguientes grupos más importantes –Orpea, Ballesol y Vitalia Home–, ninguno de los cuales superaba las 8.000 plazas en 2020.

Durante la primera ola de la pandemia, en la primavera de 2020, fallecieron 1.800 ancianos en las residencias de DomusVi. En términos proporcionales fue la segunda compañía con mayor impacto por el covid, sólo superada por Amavir entre los grandes grupos. Es decir, el porcentaje de decesos en sus geriátricos fue más alto que el porcentaje de plazas gestionadas. En otoño murieron otros 300 residentes en centros de DomusVi.

Mémora, por su parte, es el principal grupo de servicios funerarios en España. Gestiona tanatorios, crematorios o cementerios en 21 provincias y en el resto tiene acuerdos de colaboración con cerca de 80 empresas, integradas en la red Memoranet.

Ambas compañías están controladas por fondos de inversión extranjeros. En el caso de DomusVi, el accionista principal es Intermediate Capital Group (ICG). Como desveló este periódico, ICG ha creado una trama societaria de más de 20 compañías en cuatro países montada para mover el dinero desde cualquiera de las residencias de España hasta la sociedad dominante del grupo en la isla de Jersey, un territorio fiscalmente opaco. Mémora es desde 2017 propiedad del Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), un fondo que administra las pensiones de los maestros de dicho estado canadiense.

El acuerdo de colaboración entre ambas empresas

Durante la primera ola de la pandemia, infoLibre recibió cientos de correos de familiares de residentes denunciando lo que estaba pasando en los geriátricos: desde la prohibición de trasladar a los hospitales a los ancianos que caían enfermos, como ocurrió sobre todo en Madrid y Cataluña, hasta la falta de información absoluta sobre el estado en que se encontraban los mayores. Algunos de esos mensajes contenían también quejas sobre el sospechoso interés mostrado por directoras de centros de DomusVi para que familiares de fallecidos contratasen los servicios de Mémora.

No era un interés altruista. DomusVi lleva al menos desde 2015 cobrando como comisionista por enviarle clientes al grupo funerario. El 1 de octubre de aquel año entró en vigor el “acuerdo de colaboración y prestación de servicios” entre ambas compañías. DomusVi se llamaba entonces Geriatros –cambiaría de nombre tras adquirir Sarquavitae en 2017– y el contrato lo firmó su consejera delegada, Josefina Fernández Miguélez. Mémora pertenecía en aquel momento a otro fondo de inversión, 3i, que controlaba el capital de la empresa a través de una sociedad en Luxemburgo (Memora 2 Sàrl) y rubricó el acuerdo el director territorial, Pedro Herranz.

El contenido del contrato era muy simple: Geriatros se comprometía a comunicar a los familiares de los residentes de sus centros los datos de Mémora y, en contraprestación, se embolsaba una “aportación colaboracional” siempre que terminasen contratando al grupo funerario.

La cláusula tercera, denominada sin eufemismos “precio, plazo y forma de pago”, establecía dos tipos de tarifas: una cuando la familia contratase “los servicios de Mémora a través de una compañía aseguradora” y otra cuando lo hiciese “directamente”. Esta segunda era lógicamente más alta porque los ingresos eran mucho mayores para la funeraria. Un segundo factor influía en el precio: el lugar donde estuviese localizada la residencia. La cifra resultante oscilaba entre 250 y 700 euros en el caso de contratación directa, y entre 100 y 430 cuando se realizaba a través de una aseguradora. Los centros que cobraban mayor comisión eran los situados en Madrid, donde no bajaba de 670 euros en caso de acuerdo directo con el familiar.

Además de establecer la “no exclusividad” del acuerdo, en el contrato se dedicaban dos cláusulas a temas de protección de datos. Una de ellas designaba a Mémora como “encargado de tratamiento” de datos de carácter personal pertenecientes al “fichero propiedad de Geriatros”.

El acuerdo tenía inicialmente una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, pero se fue renovando mediante anexos hasta 2018, cuando se firmó un nuevo acuerdo. El principal cambio es el esfuerzo por camuflar el objeto real del negocio. Si en el primer contrato se planteaba el pago de la comisión como una contraprestación a cambio de que DomusVi comunicase a la familia del fallecido “los datos de la empresa Mémora”, en el ahora vigente la cantidad se abona por la “cesión del espacio” en las residencias para que el personal de Mémora pueda atender a las familias “en el asesoramiento y la contratación del servicio”. Si tenemos en cuenta el precio que cobra DomusVi, el espacio cedido y el tiempo de cesión, sale un importe por metro cuadrado y día ciertamente astronómico, totalmente fuera del mercado de alquiler. Las cifras son propias del negocio que realmente se está realizando: el abono de una comisión por la tarea de promoción comercial que DomusVi realiza para Mémora.

La razón por la que se buscó enmascarar el pago de la comisión es la preocupación que generaba en ambas empresas que pudiera trascender el contenido del contrato. "El pago de una comisión seguro que no es ilegal, pero tampoco parece una práctica muy ética, sobre todo cuando se le oculta a los familiares. El daño reputacional si se conocía el contenido del acuerdo parecía garantizado", admiten fuentes conocedoras de la negociación llevada a cabo por los directivos de DomusVi y Mémora. En ese afán por ocultar su actuación se llegaron a plantear la utilización de las respectivas fundaciones que tienen ambas compañías, para canalizar a través de ellas los pagos, aunque la idea quedó finalmente aparcada.   

Las versiones oficiales

Este periódico trasladó a las dos empresas una serie de preguntas sobre la relación comercial que mantienen y sobre la posibilidad de que estuviesen incumpliendo la legislación sobre protección de datos.

La portavoz de DomusVi explicó el contenido del acuerdo en los siguientes términos: “DomusVi no cede datos de sus residentes ni familiares a Memora. Únicamente pone en contacto a ambas partes, previo consentimiento de los familiares a quienes se les ofrece un servicio externo de asesoramiento. Así, la familia y Memora se reúnen en las salas habilitadas para ello en las residencias y Memora les presenta una propuesta que las familias aceptan o rechazan voluntariamente. A partir de ese momento, si la familia decide contratar sus servicios, firman un contrato con Memora. DomusVi no toma parte en ese proceso”. Además, destaco el hecho de que el acuerdo no tenga carácter de exclusividad, “para garantizar la libertad de elección de los familiares”.

Mémora, por su parte, indicó que "la existencia de estos convenios de colaboración entre el sector residencial y el sector de servicios funerarios es de obligado cumplimiento por ley en varias comunidades autónomas a fin de velar por el correcto exitus letalis de los residentes. De esta manera, se busca cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias del centro, preservar el aislamiento del cuerpo del resto de residentes y los propios empleados, y garantizar una adecuada conservación del cadáver inmediatamente tras el fallecimiento en las instalaciones del tanatorio equipadas para este fin".

La portavoz de Mémora explicó que "el acuerdo del año 2015 fue una extensión del convenio de colaboración previamente existente entre ambos grupos, añadiendo una tarea de promoción comercial de Geriatros a Mémora”. En cuanto al contrato vigente, de 2018, consideró relevante “destacar que una de las cláusulas recoge expresamente que se debe respetar el derecho a la libertad de elección de la familia a la hora de escoger los servicios funerarios. Y también que no existe exclusividad”.

Respecto a la cuestión de la no exclusividad, es cierto que tanto DomusVi como Mémora tienen firmados otros contratos con otras compañías, aunque el acuerdo entre ellas es sin duda el más relevante al ser los grupos líderes en sus respectivos sectores. En todo caso, que este tipo de acuerdos estén más o menos extendidos, no significa tampoco que todas las empresas de residencias exijan o acepten el cobro de comisiones por enviar clientes a las funerarias.

Por último, el grupo funerario indicó que "las cláusulas sobre protección de datos incluidas en el contrato son estándar, pero Mémora jamás accede a los datos de los familiares. No estamos ante un escenario de “cesión de datos” porque la información del difunto no está protegida y el objetivo del tratamiento es la recogida del difunto para el traslado a una instalación sanitario-mortuoria. Mémora no realiza ningún acto funerario sin contar con el consentimiento expreso y por escrito de la familia".

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Abogados expertos en la normativa sobre protección de datos, a quienes infoLibre pidió que analizaran el contrato de 2015, sostienen en cambio que se está “vistiendo de forma completamente indebida una cesión de datos no consentida como si fuera un encargo de tratamiento”. La clave de esa presunta irregularidad estaría en dos cláusulas: la segunda, que obliga a Geriatros a realizar un “previo aviso” a Mémora “comunicando la defunción” del residente, y la undécima, donde se define “un encargo de tratamiento de datos de Geriatros a Mémora”. Por definición, esto último equivale a admitir que “Geriatros permite a Mémora el acceso a datos personales”. Sin embargo, añaden los expertos, la figura del “encargo de tratamiento” no puede utilizarse para la prestación de servicios propios de un tercero (en este caso de Mémora), ya que en este supuesto lo que se produce en realidad es una “cesión de datos”. La diferencia es que el encargo de tratamiento no requiere el consentimiento previo de los usuarios (los familiares de los fallecidos) y la cesión de datos sí lo exige. Un consentimiento previo que en ningún caso se recababa.

Las dos empresas se negaron a contestar a las preguntas planteadas por este periódico sobre los términos económicos de su relación comercial. Entre las cuestiones que rechazan desvelar está la cantidad facturada por DomusVi en comisiones durante los años 2019 y 2020. Ese dato mostraría con claridad en qué medida se aprovechó el grupo de residencias de la hecatombe sufrida en sus residencias y que se saldó con 2.100 mayores fallecidos tras desatarse la pandemia.