La ONU guarda silencio ante la masacre de sus cascos azules etíopes

El asunto tiene todos los visos de ser un escándalo y puede verse como las dos caras de una misma improbable moneda. Por un lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lleva varias semanas alertando de las atrocidades perpetradas en la región etíope de Tigray, donde el ejército federal, enviado por Addis Abeba, y el ejército eritreo luchan contra el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF). Por el otro, la ONU asiste en silencio a una “purga” en sus cascos azules etíopes; soldados de las fuerzas de pacificación oriundos de Tigray están siendo arrestados por sus hermanos de armas etíopes, en su lugar de destino, y devueltos a la fuerza a su país, donde algunos habrían sido torturados y asesinados.

“Ya es muy grave cuando no nos pronunciamos ante lo que hacen los Estados, violando nuestro mandato. En este caso, sucede en nuestra casa y nos callamos, incumpliendo nuestro deber de promover y proteger los derechos humanos”, lamenta un empleado de la organización. “Los principios que proclama la ONU no parecen de aplicación para sí misma, ni siquiera cuando hay vidas humanas en juego”.

Sin embargo, la ONU creó hace unos meses una task force para abordar el problema, movilizando a tres departamentos (mantenimiento de la paz, logística y derechos humanos). Aparentemente, no ha tenido resultado sobre el terreno.

Los responsables de la ONU se sienten avergonzados. La Secretaría General en Nueva York, que suele responder rápidamente, tardó una semana en contestar a las preguntas de Mediapart (socio editorial de infoLibre). “Lo vamos a comprobar y devolvemos la llamada a lo largo del día”, nos llegó a contestar un portavoz del organismo, al dar acuse de recibo a la consulta. Mientras tanto, a buen seguro se produjeron muchos intercambios de correos electrónicos y reuniones para determinar qué elementos proporcionar en este caso, conocido y protegido, por no decir disimulado, por un pequeño grupo de personas.

Finalmente, la ONU no confirmó las informaciones que le habíamos dado, pero tampoco las negó, limitándose a proporcionar detalles ya conocidos y a recordar preceptos generales sobre derechos humanos, con fórmulas de las que tiene el secreto. “El caso de los presuntos abusos sufridos por las fuerzas de paz etíopes de Tigray repatriadas es grave y preocupante”, admitió a través de un portavoz del departamento de mantenimiento de la paz. Por su parte, los portavoces de las misiones de mantenimiento de la paz en cuestión negaron o restaron importancia a los hechos.

Este asunto comenzó con la ofensiva militar del Gobierno central de Etiopía contra las fuerzas del TPLF, que gobierna Tigray, iniciada el 4 de noviembre de 2020. Casi inmediatamente, las fuerzas de paz de Tigray fueron apartadas abruptamente de los contingentes etíopes de la Minuss, la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Sudán del Sur, que está comandada militarmente por un etíope y que dispone de tres batallones etíopes, que suman 2.000 efectivos. El mismo escenario se aplica a la Fisnua, la misión de la ONU en Abyei, una zona reivindicada por Sudán y Sudán del Sur, cuyo contingente de fuerzas de paz es completamente etíope (4.500 hombres).

La revista estadounidense Foreign Policy fue la primera, a finales de noviembre de 2020, en hacer públicos elementos de esta situación sin precedentes, gracias a la “filtración” de un informe confidencial de la ONU, en el que se informaba de que cuatro oficiales de Tigray de la Minuss habían sido desarmados y obligados a regresar a Etiopía. En el mismo documento, se afirmaba que “los oficiales y soldados de Tigray” detenidos fueron arrestados al llegar a Addis Abeba y que algunos supuestamente fueron sometidos a torturas y ejecuciones extrajudiciales.

“Estamos comprobando los hechos y aplicando una serie de medidas”, declaró entonces un portavoz de la ONU. Por su parte, la Minuss dijo “estar al corriente” (“we are aware”, en inglés) y supervisando la situación. Hoy, cinco meses después, cuando se le pregunta por la suerte de los cuatro soldados que sirvieron bajo su bandera, niega toda responsabilidad: “El mandato de la Minuss no va más allá de Sudán del Sur. Etiopía, como país que aporta tropas, es responsable en última instancia de la conducta y de los movimientos de sus tropas”, respondieron.

El número dos de la Fisnua, el general Negassi Tikue Lewte, nacido en Tigray y contratado por la ONU, también dejó su puesto de forma abrupta en noviembre de 2020. Y nunca regresó. Un oficial etíope señaló el máximo dirigente de la ONU, António Guterres, que el alto mando estaba de vacaciones, que simplemente había decidido no volver a Abyei, pero también que Addis Abeba consideraba que había “desertado”. Los responsables de la ONU comprendieron inmediatamente que Etiopía les estaba ocultando información grave. Según nuestras fuentes, esta fue la única vez que Guterres abordó con las autoridades etíopes la suerte de los cascos azules de Tigray.

“El general Lewte solicitó un permiso en noviembre de 2020, que le fue concedido. Desde entonces no se ha vuelto a presentar. La ONU se toma muy en serio su deber de cuidar a los miembros del personal y seguimos preocupados por su seguridad”, responde ahora la ONU. ¿Sigue vivo? La organización no responde. “Se desconoce” dónde está el oficial, cuyo nombre aún aparece en el organigrama de Fisnua, recogía el informe que se filtró a finales de noviembre de 2020.

Según nuestras informaciones, en los últimos meses otros cascos azules habrían sufrido la misma suerte. Un detalle agravante para la ONU es que, al parecer, algunos no sólo fueron detenidos en su lugar de trabajo, sino trasladados en aviones de la ONU a Juba, la capital de Sudán del Sur, antes de ser embarcados en aviones etíopes. La ONU ha evitado responder a este punto.

A la pregunta de cuántos miembros del personal de mantenimiento de la paz en total han sido víctimas del mismo trato y qué les ocurrió una vez en Addis Abeba, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Ginebra responde: “Estamos trabajando activamente en este asunto, pero por razones de confidencialidad operativa y de seguridad del personal y de otras personas implicadas, actualmente no podemos proporcionar más detalles”.

En Nueva York, son aún menos locuaces y el portavoz del mantenimiento de la paz se limita a repetir, con un bonito eufemismo: “Entre el 13 y el 22 de noviembre de 2020, cuatro miembros etíopes del mantenimiento de la paz fueron repatriados a Etiopía sin la debida coordinación con la Minuss”.

Sin embargo, la ONU afirma que “continúa las conversaciones” con las autoridades etíopes sobre esta cuestión, asegurando con respecto a la Minuss que sus responsables de derechos humanos, “en colaboración con el mando etíope” de las fuerzas armadas, “tienen acceso a las fuerzas de paz etíopes antes de las rotaciones programadas” de los contingentes, y que “se proporciona protección al personal que lo ha solicitado”.

Pero en estas condiciones, ¿cómo se explica que, el 22 de febrero, algunos cascos azules de Tigray de un contingente a punto de partir a Addis Abeba se negaran a embarcar en el aeropuerto de Juba? Se produjo una violenta pelea y 13 de ellos consiguieron permanecer, mientras que otros, al parecer, fueron retenidos a punta de pistola por sus escoltas y obligados a subir al avión, una parte de la historia que la ONU se abstiene de confirmar o rechaza... y de comentar.

Al menos un periódico local publicó fotos de los cascos azules que permanecieron en Juba, algunos de ellos heridos, diciendo que temían ser perseguidos en Etiopía y que habían pedido asilo.

La Minuss confirmó que las autoridades sursudanesas se habían hecho cargo de los soldados con el apoyo del ACNUR, sin que éste haya ofrecido ningún detalle. Según fuentes conocedoras del caso, Etiopía ha enviado desde entonces una carta oficial a la Minuss; en esencia, decía que encontraría a estos miembros de las fuerzas de paz, los traería de vuelta a su territorio, los juzgaría y que merecerían la pena de muerte.

La ONU no ha confirmado ni desmentido la existencia de esta carta. Tras los incidentes, un alto responsable militar etíope acusó a los soldados que se negaron a embarcar de ser “traidores apoyados por ACNUR y los de Tigray que trabajan en la ONU” y de estar vinculados al TPLF.

“Los que se rebelaron en el aeropuerto contribuyeron a enviar un mensaje de que el problema seguía existiendo. Sin embargo, se ha repatriado a muchos más miembros de las fuerzas de paz de los que se declaran oficialmente. Antes y después del 22 de febrero de 2021", confía una de nuestras fuentes, que precisa que dos miembros de las fuerzas de paz de Tigray consiguieron, la noche anterior a los enfrentamientos en el aeropuerto de Juba, escapar del campamento en el que estaban retenidos.

Eso no es todo. Al menos un civil etíope contratado por la Minuss tuvo que huir de Sudán del Sur. Fue él quien permitió averiguar lo que estaba ocurriendo con las fuerzas de paz de Tigray en el país: se encargó de traducir los mensajes en amárico que algunos de ellos habían enviado a los civiles de la misión, con fotos de compañeros torturados en los campos de la ONU. Amenazado, al igual que su familia, por las autoridades etíopes, ahora está escondido.

La ONU no le ha ofrecido ningún otro puesto ni protección especial, sólo una excedencia indefinida. “Ni siquiera se molestaron en decirle a los etíopes que había límites que no podían traspasar. Este hombre puede encontrarse en una situación aún más complicada si la ONU decide romper su contrato con él” , apunta uno de sus colegas.

“La ONU, que se supone que está a la vanguardia de los derechos humanos, sólo puede expresar su preocupación y seguir en conciencia trabajando con los etíopes... ¿No se puede o se debe hacer nada más?”, se preguntan algunos empleados de la organización.

En la task force supuestamente hay desacuerdos. Algunos de sus miembros desearían que la ONU adoptara una posición firme, incluso si eso significa que Addis Abeba se retire de las operaciones de mantenimiento de la paz. Otros desean seguir manteniendo el perfil bajo, alegando que Etiopía es un gran y eficaz proveedora de cascos azules, aunque otros Estados están interesados en participar en las operaciones de mantenimiento de la paz como una atractiva fuente de ingresos. Desde la ACNUDH no confirman que haya disensiones, la ONU y sus agencias “trabajan al unísono” en esta cuestión, responde.

La ONU no es la única concernida. Varios centenares de cascos azules etíopes procedentes de Tigray, que prestaban servicio para la Unión Africana en Somalia, quedaron desarmados a finales 2020 y, al mes, una cuarentena fueron repatriados a la fuerza. ¿Qué les ha pasado? El portavoz del presidente de la Comisión de la Unión Africana, con sede en Addis Abeba y que en noviembre de 2020 despidió a su jefe de seguridad, un etíope, a petición de las autoridades etíopes, no ha respondido a nuestras preguntas.

Traducción: Mariola Moreno

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