Desvergüenza

A la turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa, se la denomina vergüenza. La humillante sensación personal de haberte equivocado de forma desairada, quedando expuesto a las miradas de los demás que te recriminan en silencio o –horror– se ríen de ti, la hemos sentido todos alguna vez en la vida. Incluso los niños muy pequeños son capaces de padecer ese sentimiento cuasi físico que, a veces, sube por todo el cuerpo y se plasma en el rostro con un rubor que delata. Pero también existe la que conocemos como vergüenza ajena, o la que se siente cuando alguien que conoces o que, de alguna forma te afecta, hace el ridículo, ofende o menosprecia algo o a alguien.

Hay personas que son inmunes a ese sentimiento de pudor a los que resbalan sus acciones como si no fueran con ellos, bien porque les falta el mínimo de autocrítica, como si tuvieran una avería en la conciencia, o bien porque, en demasiadas ocasiones, es su propia provocación o desvergüenza la que genera la dinámica necesaria para crear un conflicto o estirar de la cuerda del contrario y hacerle reaccionar con furor.

La falta de vergüenza es muy corriente, hoy día, en la política, pero también se ha instalado de forma definitiva en determinados medios de comunicación, frente al papel que unos y otros deberían tener como formadores de la mejor conciencia social. En cuanto a estos últimos, Fernando Pessoa, en el Libro del desasosiego, realiza esta observación: "La lectura de los diarios, siempre penosa desde el punto de vista estético, lo es también con frecuencia desde el moral, aun para quien tenga pocas preocupaciones morales". Por supuesto duele leer a cada instante tanto relato de desigualdad, guerras, asesinatos, corrupción y crímenes horribles, incluso aun cuando la tolerancia a la inmoralidad sea alta y laxa en algunos individuos. Pero, más penoso resulta observar a esos medios cómo se emplean con descaro en avivar el fuego del conflicto social de turno, o los rescoldos del mismo, en vez de extinguirlo, en la destrucción del contrario aun cuando ello comporte el riesgo de conducirnos a un callejón sin salida, y aunque no les reporte beneficio alguno, solo por el puro placer de la aniquilación.

Algunos políticos no tienen reparo en tirarse a la yugular del de enfrente, o a la de simples particulares, insultando o faltando a la verdad con toda frescura, ya sea en el Parlamento o ante un auditorio o utilizando el primer micrófono que se les ponga delante o red social que utilicen o hagan utilizar. Sus expertos en marketing electoral han debido decirles que machacar al contrario de continuo es rentable pues, como la gota, acaba horadando la piedra y confundiendo la realidad y dejando un poso sobre la inutilidad, insensatez y falta de espíritu democrático del otro.

Esta práctica es habitual en la derecha y en la extrema derecha y, en general, en quienes detentan el poder sin oposición o con la prepotencia de saber que los opuestos carecen de la fuerza necesaria para presentar batalla. Pero lo grave es que, ante ello, los progresistas, que deberían ser los que discutieran con evidencias esa mendacidad, siguen encaramados en el concepto de "no ser como los otros" y no descienden desde la altura de las buenas intenciones a confrontar en la arena. Finalmente desisten de sus propios postulados o, lo que es peor, se suman al más burdo populismo que se convierte en el único instrumento idóneo para consolidar el engaño y la ceguera ante lo que está pasando en nuestra sociedad. Todo se deforma, todo se manipula o se intenta manipular y todos, unos por interés y otros por indiferencia, asistimos a este espectáculo que nos puede llevar a un desenlace nada positivo.

Dos acontecimientos merecen mi atención en este punto. El primero es el relativo a los indultos de los condenados en el caso del procès; el segundo el referido a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta procedentes de Marruecos y sus consecuencias.

Concordia ¿para qué? 

Cada día tiene su afán expone el Evangelio de San Mateo y, en nuestro tiempo, cada día nos aporta una polémica nueva. La más reciente se inició, a modo de tanteo, con unas palabras del presidente del Gobierno respecto a los posibles indultos a los políticos catalanes condenados por el procès. Sánchez manifestó que la decisión que pudiera adoptar el Gobierno en cuanto a concederlos o no tendrá en cuenta valores constitucionales como los de la "concordia, el diálogo y el entendimiento", pero no la "venganza". Añadió el presidente: "La Constitución española recoge en su espíritu tanto el castigo como la concordia. Hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia".

Si se trata de devolver la convivencia a los ciudadanos de Cataluña, en la medida en que sea posible, tal exposición es correcta. Pero, al plantearla como posible y no defenderla con claridad, facilita una confrontación social innecesaria que retuerce la convivencia en nuestro país. No era necesario lanzar la piedra y esconder la mano. Si se cree en la bondad de la medida, se adopta, se argumenta y punto. Este razonamiento deberá ser sólido jurídicamente, convincente en lo político y pedagógico para la sociedad. En frente, ya sabemos que lo que seguirá primando es acabar con el "enemigo" y destruir cualquier posibilidad de concordia, aun cuando quienes resulten beneficiados por la medida no hayan contribuido a facilitarla. Pero, precisamente por ello, quien tiene que decidir debe hacerlo con el fin de recuperar el pretendido buen ambiente social.

Pablo Casado vertió palabras apocalípticas contra Sánchez en la última sesión de control al Gobierno: "Esto será su finiquito y el epitafio del PSOE en la España constitucional. Se le está acabando el tiempo", anunciando de paso todo tipo de acciones para frenar esa hipotética medida de gracia.

Tal discurso sirve de referencia de lo que está por venir y que ya se comprueba en otros ámbitos, especialmente en el judicial, con la parálisis de la designación del nuevo Consejo General del Poder Judicial, el cinismo al recurrir la reforma de las competencias del CGPJ, en funciones, porque les interesa que siga el actual, aunque con mandato caducado por más de dos años. Dar entrada en el juego político a la Justicia, como un actor más, no solo es peligroso sino que ataca la propia esencia de la democracia y de la división de poderes.

El informe del Supremo 

La Sala II del Tribunal Supremo ha emitido un extenso informe, genérico y general para todos los afectados por la posible medida de gracia –lo cual ya es criticable en sí– en el que efectúa un duro alegato contra todo lo que pueda suponer la mínima alteración en su obra cumbre contra el procès, es decir en su sentencia, con penas de muchos años para todos los condenados por sedición. Nunca compartí esta calificación, ni la de rebelión sostenida por el Ministerio Fiscal y defendida incluso después por sus representantes, en conferencias y comentarios, por contraria a los propios términos de los delitos imputados. Así lo reflejé en varios artículos.

La Sala se equivoca al plantear que los indultos están mal pedidos y mal argumentados. Es cierto, como indican los señores magistrados, que no se trata de reivindicar una nueva instancia ante el Ejecutivo, pero tampoco es una nueva oportunidad para reivindicar por sus actores la bondad de una sentencia que ya fue dictada y que ahora se está ejecutando. No hay que presumir de que es una excelsa e inamovible resolución y que nadie puede alterarla. Esa no es la cuestión, ni siquiera que los afectados pretendan conseguirlo con el indulto, sino si concurren razones de equidad y de justicia para que el Gobierno la otorgue y si la medida será adecuada y provechosa, no solo para los afectados sino también para la sociedad en general.

El Tribunal se queja de que los peticionarios cuestionen lo que hace legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional, pero esto no es razón para denegar un indulto. El tribunal está asumiendo un rol que no le corresponde después de haber dictado la sentencia y de haber valorado los elementos probatorios concurrentes y hecho su juicio de valoración también plasmado en la sentencia. El informe que ahora pide la ley debe tratar de si se dan las circunstancias objetivas y subjetivas que permiten ejercer el derecho de gracia al Gobierno, y no el control del tribunal porque no les guste que aquel decida indultar. Tendrá un coste político, pero el Tribunal no puede hacer valoraciones políticas, como las realiza en este trámite.

El punto 7 de este informe dedicado a defender la bondad de la calificación de los hechos probados como sedición, a la proporcionalidad de la pena y al apoyo de la jurisprudencia comparada, era innecesario. La cuestión no es si la sentencia es acertada o no, o si el delito debía ser uno u otro; o si muchos se adhieren a la posición de los afectados, sino si procede o no el indulto por las causas que marca la ley que lo refiere a todo tipo de delitos. El indulto es la herramienta que el legislador ha puesto fuera del poder judicial para paliar el alcance de una pena, atendiendo a parámetros diferentes, sin perjuicio de su adecuación a los límites constitucionales y el control judicial, cuando proceda. Por ello no debe ser valorado como un ataque a la resolución que ya está produciendo sus efectos y, son precisamente estos los que serán tenidos en cuenta para tomar la decisión.

Sin escrúpulos frente a los vulnerables 

En el segundo tema, la desfachatez puede ir a mayores cuando afecta a la integridad física de las personas. Es un grado común a regímenes dictatoriales y propio de aquellos que pisotean a las personas. Eso hemos vivido estos días atrás en Ceuta ante la falta de escrúpulos de Marruecos enviando más de un millar de niños y adolescentes a una "excursión" engañosa a territorio español. Alegando supuestas ofensas derivadas de la atención sanitaria por motivos humanitarios, al líder del Frente Polisario ingresado en Logroño con covid. El chantaje empezó a paliarse ante el anuncio del dinero que el país vecino iba a recibir de España –ya presupuestado antes de la crisis– y de la Unión Europea. Los niños quedaron aquí a la espera de que sus familias los reclamen. Los adultos que "invadieron" nuestro país ya han sido en buena medida repatriados.

¿"Ho tornarem a fer" o "ho tornarem a dir"? (Promesas incumplidas y profecías autocumplidas)

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¿Qué buscaba al final el régimen alauita? La ceremonia de la confusión ha sido notable pero ha dado pie a que los más ultras y la derecha que les imita hayan despotricado contra, como no, el Gobierno en vez de dirigir sus iras contra quienes han propiciado o planeado la tropelía. Mientras tanto, se han puesto a la luz las carencias de una política migratoria: la de la UE, que deja muchas rendijas y una falta de solidaridad en algunos líderes de comunidades autónomas que nada quieren saber de aquellos menores que continúan hacinados y en unas condiciones lamentables. Alguien debe responder por este cúmulo de torpezas e imprevisiones que convergen en un quebranto de derechos fundamentales.

En los dos casos expuestos, y más allá de que unos estemos de acuerdo o no con los indultos y con la forma con la que se está afrontando el problema migratorio de los menores y las devoluciones en caliente en Ceuta, lo que debe quedar claro es, además del cumplimiento de la ley, la obligación de los responsables políticos e institucionales de tranquilizar a la ciudadanía. Deben explicar lo que se hace de forma pedagógica y no convocar a adhesiones masivas sin relatar adecuadamente la razón de su convocatoria, ni alentar a la insurrección social más grosera. Construir una sociedad pacífica, democrática y solidaria es básico para fortalecer el Estado de derecho y hacerlo supone combatir cualquier forma de exclusión y buscar espacios de consenso y convivencia. Es decir, huir de la desvergüenza en cualquiera de sus formas.

Baltasar Garzón Real es jurista y presidente de Fibgar