Bloquear el CGPJ no pasa factura (según las encuestas): la Justicia es un problema sólo para el 0,9% de los ciudadanos

"Si el señor Sánchez quiere, mañana mismo se puede avanzar en la renovación de los órganos constitucionales,pero nuestras condiciones están muy claras y las ha planteado el propio Pablo Casado a Pedro Sánchez cuando le ha llamado y también en la sede de la soberanía nacional", ha avisado este miércoles el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos. Esas condiciones son reformar la ley para que los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos por los miembros de la judicatura y no por las Cortes Generales. El sistema de elección que ahora desdeña el principal partido de la oposición es el mismo del que ha participado el propio PP desde hace más de treinta años, pero desde hace más de dos y medio, el tiempo que lleva caducado el órgano de gobierno de los jueces, la formación conservadora ha estado bloqueando la renovación, ya que, en el fondo, es una actitud que no le acarrea consecuencias electorales. 

Así lo reflejan los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En ninguno de ellos la Administración de Justicia supone un problema a destacar para la mayoría de españoles. La encuesta más reciente, de este mismo miércoles, refleja que sólo para un 0,9% de los ciudadanos la Administración de Justicia es uno de los tres principales problemas que existen en España. La cifra apenas ha variado en los últimos dos años: en su momento más bajo, diciembre de 2020, era de un 0,4%; en febrero de 2020, se alcanzó el pico más alto de ese periodo, un 1,9%. Y hace dos años, casi la mitad de la población desconocía la existencia del CGPJ.

Las declaraciones de Montesinos surgen a colación de uno de los conflictos políticos que España lleva arrastrando desde diciembre de 2018, cuando se debería haber renovado el CGPJ por cumplir los cinco años de mandato pero el acuerdo entre Gobierno y PP se frustró por el mensaje de Whatsapp que había enviado el entonces portavoz conservador en el Senado, Ignacio Cosidó, y que se filtró a la prensa. Desde entonces, han sido varios los intentos de negociación, pero ninguno ha fructificado. Desde hace meses, el PP pone como excusa que para renovar este órgano primero es necesario "avanzar en el reforzamiento de la independencia judicial como así ha planteado ayer mismo Bruselas".

Montesinos se refería con esto al último informe de la Comisión Europea, que en su segunda evaluación anual sobre el Estado de Derecho en los países de la UE, ha instado de nuevo a España a superar la situación de bloqueo en la renovación del CGPJ como uno de los principales retos que enfrenta el país,una renovación que Bruselas insiste en que debe ser elegida por los jueces para cumplir los estándares europeos. Para el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, lo que la UE "exige" únicamente es que se renueve "cuanto antes" el Consejoy no viene a criticar el sistema de elección, una ley "que tiene más de treinta años". Por eso, ha puesto el foco sobre el PP para denunciar que este miércoles se cumplen 960 días sin que se renueve el órgano de gobierno de los jueces.

En 1980, una ley orgánica estableció que los doce vocales que proceden de la carrera judicial, serían nombrados en una votación entre los propios jueces y magistrados. Sin embargo, en 1985, la mayoría absoluta del PSOE cambió el modo y fijó el que se ha mantenido hasta hoy: los veinte vocales los eligen a partes iguales el Congreso y el Senado. El sistema lo avaló un año después el Tribunal Constitucional.

Lo de "avanzar en el reforzamiento de la independencia judicial" es una de las razones que ha dado el PP para no renovar a los veinte vocales del CGPJ. Pero no ha sido ni mucho menos la única en estos más de dos años y medio en que el órgano de gobierno de los jueces lleva caducado. Hace un año, los conservadores empezaron a exigir que Unidas Podemos quedara excluido de la negociación aunque forme parte del Gobierno de coalición. Y así lo siguieron manteniendo en el último intento de pacto el pasado mes de febrero. En esa ocasión, también basaron su no a la renovación en su veto al magistrado José Ricardo de PradaJosé Ricardo de Prada, considerado autor de los argumentos más duros contra el PP en la sentencia del caso Gürtel que propició la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa.

Un bloqueo llevado al extremo

Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia Fernando Flores, en el PP son conscientes de la escasa factura electoral que puede tener manteniendo bloqueada la renovación del CGPJ. Por no decir ninguna. Así lo reflejan las encuestas, cuyos resultados no arrojan conclusiones que se puedan traducir en que los ciudadanos están preocupados por ello, ni siquiera en los meses en que este asunto ha estado más candente en los medios de comunicación a cuenta de las negociaciones y posteriores acusaciones mutuas entre Gobierno y principal partido de la oposición. 

Según Flores, tanto el PSOE como el PP, los dos partidos que llevan más de treinta años negociando las listas de candidatos a vocal del CGPJ, son conscientes de esta ausencia de causa-efecto entre el bloqueo institucional y la intención de voto de los partidos. En el pasado, explica el profesor, los socialistas también han ejercido su poder para bloquear la renovación de instituciones, pero considera que los conservadores lo están llevando al extremo en esta ocasión, con un órgano de gobierno de los jueces caducado desde diciembre de 2018, un periodo nunca visto en otros momentos.

La última vez que el CIS preguntó más detalladamente por el funcionamiento de la Justicia, y en concreto sobre el CGPJ, fue exactamente hace dos años, en julio de 2019. En aquel barómetro, casi la mitad de los españoles, un 47,7%, desconocía la existencia del órgano de gobierno de los jueces, y por tanto su funcionamiento y su relación con el poder político. Un 44,2% dijo no saber cómo se elige a sus miembros. Y de entre los que afirmaban conocer la existencia del Consejo, un 26,9% creía que los vocales debían ser designados por un sistema mixto entre el Congreso y el Senado y los propios jueces. Es lo que ahora defiende el PP para justificar la negativa a pactar la renovación con el Gobierno.

La Justicia, el problema número 30

Desde julio de 2019, el CIS no ha vuelto a hacer preguntas concretas sobre este asunto, ni sobre el funcionamiento de la Justicia en general ni sobre el órgano de gobierno de los jueces. La Administración de Justicia aparece en el puesto número 30 de los problemas reseñados por los encuestados como los principales que tiene España. La falta de acuerdos, unidad y capacidad de colaboración, además de la situación e inestabilidad política preocupa al 8,3%, pero es una pregunta muy general y en ningún caso se puede saber si alguno de los que mencionó este problema se refería también a la falta de acuerdo para renovar los órganos constitucionales como el CGPJ.

José Pablo Ferrándiz, fundador y director de Elemental Research, considera que todo lo que sea desconocimiento por parte de los ciudadanos es malo para la calidad democrática. Una falta de conocimiento de lo que es el CGPJ, su funcionamiento y su renovación puede ser aprovechado por los partidos en los que está en su mano la elección de los nuevos vocales. Y eso se puede trasladar al resto de órganos constitucionales que siguen pendientes de renovación, como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, apunta Flores.

Por otra parte, y según la misma encuesta de julio de 2019, un 48% de los españoles aseguraba que el funcionamiento de la Justicia era malo o muy malo, pero sobre esa percepción un 31,6% lo achaca a que las penas son "blandas"; un 25% lamentaba el exceso de burocracia y un 15,9%, la lentitud. Un 26,7% hablaba de que estaba politizada. Estos son los dos problemas que en general señalan los ciudadanos cuando les preguntan por el funcionamiento de la Justicia, según Ferrándiz: la lentitud y la sensación de politización, a lo que no ayuda la lucha partidista en momentos como el de la renovación del CGPJ.

Sin embargo, este investigador no cree que haya una mala percepción general, sino que lo que los sondeos suelen arrojar son conclusiones más bien "intermedias", es decir, que una mitad aprueba la Administración de Justicia y la otra mitad no tanto.

De hecho, subraya que la mayoría de ciudadanos creen que la Justicia está libre de corrupción, lo que indica que la percepción de politización entre los españoles podría residir más bien en la lucha partidista que puede parecer que quiera hacerse con el control de los jueces. Un mayor porcentaje de los ciudadanos (31,2%) tiene más confianza en los jueces que en el Gobierno (11,9%) o en el Parlamento (16,5%).