La opacidad de la luz

Ya perdonarán, pero aunque la semana pasada di por terminada mi serie Por el camino verde, la actualidad me lleva una y otra vez a toparme de frente con los obstáculos que la transición ecológica va encontrando en su desarrollo, y no son pocos. Resulta alarmante comprobar cómo van surgiendo sin que, aparentemente, exista una manera rápida y eficaz de superarlos de inmediato. El que hoy describo no es una pequeña piedra en el camino, sino una enorme roca que, de permanecer, obstaculizará el resto del recorrido. Se trata de la opacidad que rodea a las cuestiones energéticas, y en este caso en concreto, a las eléctricas.

Tras un verano caliente con el recibo de la luz, a medida que el debate avanza vamos comprobando la complejidad de un mercado tan peculiar que ningún liberal clásico lo consideraría como tal, con un oligopolio que mantiene privilegios desde hace décadas. En realidad, estamos asistiendo a un pulso velado entre el Estado y uno de los sectores que más poder –del de verdad– ostenta y ejerce. En los medios de comunicación se van conociendo las distintas posibilidades que el Gobierno español, como otros de la UE, puede poner en marcha (aquí Javier Martínez hace un repaso exhaustivo; aquí se mira al resto de países europeos; y aunque esté mal autocitarse, yo misma recogía aquí hace poco medidas a corto, medio y largo plazo, que pueden tomarse). Si es inquietante comprobar que las autoridades no acaban de dar una respuesta clara al por qué sí o por qué no de cada una de estas medidas –de tal forma que no se acaba de tomar ninguna–, más lo es comprobar que las empresas eléctricas han decidido no participar en el debate. Ni una explicación, ni una palabra, ni un argumento para hacer a la opinión pública conocedora de su posición al respecto. ¡Ni que estuvieran sobradas de reputación!

No es el único asunto en que la falta de información y de transparencia es la regla. En el despliegue de las renovables en el territorio, fundamentalmente en eso que llamamos la España vacía, se están repitiendo las peores prácticas de oscurantismo, engaños y pelotazos que vimos en otros tiempos con la construcción de embalses o la especulación urbanística. Poderosos gabinetes llegan a los municipios y a hurtadillas, sin asamblea mediante y negociando tú a tú con ayuntamientos cuyas deudas son la calderilla de la hidroeléctrica, o hablando a escondidas con vecinos que carecen de cualquier asesoramiento, levantan negocios millonarios ajenos al interés de cada localidad, comarca o comunidad autónoma. Lo hacen con las renovables, como lo hicieron con el agua o el ladrillo. Y de nuevo las administraciones parecen incapaces de contener tal actividad, cuando no ejercen de cómplices por activa o pasiva.

Esto ocurre, incluso, en zonas que han venido apostando desde hace décadas por la calidad ambiental de su territorio y han sabido generar economías boyantes y puestos de trabajo. Un caso paradigmático de esto último es la comarca del Matarraña, en la provincia del Teruel, la llamada Toscana española Toscana española por su singular belleza paisajística y monumental. Fue la primera en España en pilotar un Contrato de río que puso de acuerdo a todos los agentes de la zona sobre qué querían hacer con su agua –que es tanto como decir qué quieren hacer con su tierra–, la misma que elaboró una Carta del paisaje que ha sido ejemplo en media Europa, y la que limitó la urbanización desmedida para preservar el desarrollo. Todo ello en aras de la sostenibilidad del territorio y su apuesta por un turismo de calidad. Pero hoy esta estrategia está amenazada por proyectos de megaparques eólicos que acabarían con buena parte de la economía de la zona. Se manifestarán el 16 de octubre en Madrid junto a otras plataformas que han surgido en otras zonas.

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El pasado sábado, en un curso sobre periodismo económico organizado por la Universidad de Verano de Teruel y dirigido por la periodista Eva Dafior y el sociólogo y alcalde Ignacio Urquizu, tras la conferencia del periodista científico y director de sostenibilidad de Red Eléctrica, Antonio Calvo Roy, el debate del público no versó sobre otra cosa: "Renovables sí, pero no así". No sin acuerdos con los territorios, no sin transparencia, y no sin participación. Es imprescindible que la instalación de los gigantescos molinos atienda a razones, que se preserven aquellos lugares donde priman las consideraciones medioambientales y económicas, y que donde sí sea posible su ubicación –y no faltarán lugares para ello– las gentes que los habiten perciban contraprestaciones adecuadas y no míseras migajas. Hace falta información, honestidad y unas reglamentaciones acordes con la naturaleza "verde" del desafío que se está afrontando.

El problema no es nuevo, pero las soluciones son lentas, la necesidad de acelerar la transición energética urgente, y los plazos para presentar alegaciones a proyectos de enorme complejidad, informados a menudo en plenas vacaciones de Navidad o verano, no superan el mes. ¿De verdad alguien llama a eso "participación"?

Aproximadamente la mitad de de los 140.000 millones de los fondos Next Generation irán a parar a las energéticas. Si no se invierten de acuerdo con los territorios y el respeto a las cuestiones ambientales, su ejecución se verá comprometida y su implantación se retrasará. En el asunto de la factura de la electricidad, como en el de la instalación de renovables en el territorio, son necesarios mucha luz, muchos taquígrafos, y recordar aquello de "vísteme despacio, que tengo prisa".