Biden evita in extremis el cierre del Gobierno y el caos en el Congreso

El Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos, es un caos. Y esta vez no es, como en enero, por el asalto de un grupo de extrema derecha. Es un caos político que la Presidencia de Biden es incapaz de controlar y que a punto ha estado de arruinar algunos de sus proyectos más ambiciosos. Los congresistas de Estados Unidos se enfrentaban este 30 de septiembre a dos grandes problemas: la financiación del gobierno federal y el plan Build Back Better, el núcleo central del proyecto de Joe Biden. En ambos frentes, la Presidencia está muy debilitada por un Congreso dividido y fragmentado.

Pero cuando apenas faltaban unas horas para que expirase el presupuesto federal, Joe Biden firmaba un proyecto de ley que evitaba, en el último momento, un cierre parcial del Gobierno, garantizando con ello su financiación hasta el 3 de diciembre. El Congreso había ratificado la medida poco antes.

El primer punto de fricción en la Cámara de Representantes es la financiación del presupuesto. Un problema que, en realidad, se divide en dos. El primero es el propio presupuesto federal. Washington sólo puede gastar lo que el Congreso ha acordado otorgarle. Sin presupuestos, se produce el colapso económico.

Esto se conoce como el government shutdown o parálisis de las actividades gubernamentales. Éstas se ven reducidas a lo esencial, la mayoría de las facturas no se abonan, lo mismo que una parte de los salarios. En los últimos diez años, se han producido tres shutdowns más o menos largos: 16 días en octubre de 2003, tres días en enero de 2018 y 35 días, récord hasta la fecha, entre diciembre de 2018 y enero de 2019.

Este tipo de situaciones no es excepcional, pero la situación era más compleja esta vez, ya que se une al bloqueo del techo de la deuda, el debt ceiling. Un procedimiento que data de 1917 y limita la capacidad de endeudamiento del gobierno federal a una determinada cantidad. Se trata principalmente de un mecanismo político destinado a recordar al Congreso su soberanía en este ámbito. En los últimos 20 años, el Congreso ha suspendido este límite.

Pero la última suspensión expiró el 1 de agosto de este año, y el Tesoro estadounidense no puede endeudarse por encima de los 28,4 billones de dólares. Según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, este límite se alcanzará el 18 de octubre. En esa fecha, el Tesoro ya no podrá emitir nueva deuda. Por lo tanto, el Gobierno estadounidense ya no podrá renovar su deuda, es decir, endeudarse para pagar las deudas que vencen. Por lo tanto, dejará de pagar su deuda pública.

Hasta ahora siempre se ha evitado este escenario, a pesar de las amenazas de 2006 y 2011. En esas fechas, la oposición obtuvo concesiones de la presidencia para permitir la suspensión del límite. Si este escenario no se repite esta vez, estaremos entrando en un territorio inexplorado: la deuda estadounidense es más que un medio de financiación del Gobierno federal, también es la principal reserva de valor para muchos gobiernos extranjeros. También es la materia prima del sistema financiero mundial; con los bonos del Tesoro de EE.UU., uno tiene un activo sólido en su balance que puede aportar como garantía a todos los bancos centrales para obtener liquidez. Un impago de Estados Unidos sería un desastre económico mundial.

Sólo que, para evitarlo, hay muchos obstáculos en el Senado. En materia presupuestaria, un texto puede ser bloqueado indefinidamente mediante el “filibusterismo parlamentario”, método que consiste en que la oposición tome la palabra indefinidamente para impedir la votación. Para sortear esto y forzar la votación, se necesita una resolución de 60 de los 100 senadores, por lo que en el marco actual, diez senadores republicanos tienen que aceptar el texto.

Pero los republicanos están decididos a no entrar en un proceso de compromiso y negociación, al contrario que en 2006 y 2011. Según el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, corresponde a los demócratas asumir el poder y lograr así superar el obstáculo. “Se levantará como siempre el límite de la deuda, pero lo haran los propios demócratas”, insistió.

Así que los republicanos no están pidiendo nada, simplemente se negaban –hasta este jueves– a cualquier acción bipartidista; los republicanos ya habían rechazado el pasado 27 de septiembre, sin ningún tipo de negociación, la propuesta demócrata de permitir la financiación del gobierno federal a partir del 30 de septiembre y elevar el límite de la deuda.

Su cálculo es sencillo, en caso de impago, la culpa, para la opinión pública, recaería en Joe Biden y los demócratas; en caso de aumento del techo de la deuda, podrían mantener sus posiciones “virtuosas” y conseguir que caigan en el olvido los excesos extremos del déficit con Donald Trump. En el punto de mira se encuentran las elecciones de mitad de mandato (midterms), que se celebrarán dentro de un año.

Por otro lado, los demócratas están divididos en cuanto a las medidas que deben tomar. La única forma de sortear el obstáculo es el procedimiento de “reconciliación”. Permite evitar el filibusterismo al limitar los debates parlamentarios a 20 horas y ofrece así la posibilidad de una votación por mayoría simple. Pero este procedimiento tiene varios inconvenientes.

En primer lugar, se necesita mucho tiempo para ponerlo en marcha en el actual calendario parlamentario. Por lo tanto, debe ponerse rápidamente en marcha o puede llegar demasiado tarde. En segundo lugar, sólo permitiría elevar el límite de la deuda, no suspenderlo, lo que es más delicado y podría llevar a un nuevo bloqueo rápidamente, sobre todo porque, como veremos, los planes de Biden requieren nuevos recursos. Por último, rompería una cierta unanimidad bipartidista en el tema de la deuda que tranquiliza a los mercados al considerar que la deuda estadounidense la acepta todo el espectro político.

Por ello, el líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer, rechazaba esta opción y ha preferido presentar en la Cámara alta un proyecto legislativo que garantice la financiación del Gobierno federal a partir del 1 de octubre sin tocar el límite de la deuda por el momento. Esto no sólo evitaría un cierre federal hasta principios de diciembre, sino que también ignoraría el tema central de la deuda, que volverá a surgir inmediatamente. De ahí la petición de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de poner en marcha un procedimiento de conciliación lo antes posible.

El impasse del plan Bidenimpasse

Pero es cierto que los parlamentarios estadounidenses tienen otros problemas y no menores. Porque los dos planes de Joe Biden se están debatiendo en este momento y, como es lógico, no van muy bien. Para hacer frente a las dificultades parlamentarias, el presidente había dividido su paquete de estímulo en dos y lo había reducido de seis a cuatro billones de dólares. Era una forma de apaciguar a los dos senadores demócratas centristas, Kyrsten Sinema y John Manchin. Opuestos a los planes de Biden, estos dos senadores amenazaron con rechazar todo el plan si no se alcanzaba un acuerdo bipartidista con los republicanos.

Biden aceptó una propuesta de los centristas republicanos y demócratas en materia de inversiones, reduciendo el plan a 1,2 billones de dólares en diez años, pero con sólo 550.000 millones de dólares de nuevo gasto. La idea era cambiar este compromiso por una votación de los dos senadores centristas sobre un plan global de 3,5 billones de dólares que incluyera gasto social e inversiones de futuro en la industria y la transición ecológica. Este último plan, denominado “Build Back Better” (BBB), iba a ser objeto de un procedimiento de conciliación, obviando la oposición republicana.

Pero, como era de esperar, los dos senadores centristas no jugaron en absoluto a este juego. Se apresuraron a utilizar su derecho de veto de facto sobre el plan del BBB para exigir que se redujera el importe. John Manchin consideró que dos billones de dólares eran suficientes. En cualquier caso, la estrategia de Joe Biden parece haber fracasado: Manchin y Sinema se niegan a votar el plan. El martes 28 de septiembre fueron recibidos en la Casa Blanca, pero dejaron claro que no habían aceptado nada y que no se había llegado a ningún acuerdo sobre el importe del plan.

Mientras tanto, el plan de infraestructuras llegaba a la Cámara este jueves 30 de septiembre, tras su aprobación en el Senado en agosto. Pero aquí el ala izquierda del Partido Demócrata ha decidido alzar la voz. Para ellos, las concesiones incluidas en este plan sólo son aceptables si el plan BBB está intacto. Por ello, las principales figuras progresistas piden el marco de lo que se someterá al procedimiento de conciliación antes de dar su visto bueno al texto sobre infraestructuras. Por lo tanto, éste amenaza con ser rechazado por la Cámara baja. Bernie Sanders, que votó a favor del plan bipartidista en el Senado en agosto, pide a los demócratas de la Cámara que rechacen este mismo texto...

Joe Biden se encuentra pues entre la espada y la pared. Si acepta la petición de la izquierda y presenta un texto del plan BBB al Senado, Sinema y Manchin votarán en contra, y será rechazado. Si no lo hace, el plan de infraestructuras será rechazado. El nuevo inquilino de la Casa Blanca se ve sometido a la incoherencia de los demócratas y a los meandros de las instituciones estadounidenses. El riesgo es un bloqueo real que haría descarrilar todas las reformas de Biden, que ya son ampliamente insuficientes ante la emergencia climática y social.

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Traducción: Mariola Moreno

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