La presidencia Biden pende de un hilo

Se llama Joe y es una de las personas más poderosas de Washington. Es, es... ¡Joe Manchin, por supuesto! El demócrata favorito de los republicanos, el senador centrista de Virginia Occidental es un dolor de cabeza para el “otro Joe”, el de la Casa Blanca.

Lleva meses oponiéndose a la aprobación de un ambicioso plan de gasto social y económico de 3,5 billones de dólares, piedra angular del programa Build back better [Reconstruir mejor] del presidente estadounidense. La razón: sería demasiado costoso y daría lugar a una “sociedad del bienestar”.

Inicialmente, este ambicioso paquete de medidas debía ampliar la red de guarderías públicas, reducir el precio de los medicamentos e introducir un permiso parental remunerado reconocido por el Estado federal. Se trata de medidas revolucionarias en un país en el que la red de seguridad social es muy escasa.

Manchin no es el único congresista rebelde del partido. La otra senadora centrista, Kyrsten Sinema (Arizona), es más discreta y también pone palos en las ruedas. Es hostil a la subida de impuestos a las grandes fortunas y empresas que garantizaría la financiación de estas medidas históricas. Como resultado de ello, Joe Biden se ha visto obligado a replantearse su plan.

“En el sistema estadounidense de contrapoderes, el presidente no es todopoderoso como para convencer al Congreso de que aplique su programa. Este es un aspecto fundamental de la democracia estadounidense. La Presidencia de Joe Biden no es una excepción a la regla”, explica Molly Reynolds, especialista en el Congreso del centro de estudios Brookings Institution.

Eso no quita para que la situación sea frustrante para muchos demócratas. Se quejan de que dos senadores, cuyos estados representan a menos de nueve millones de estadounidenses, mantienen como rehén la agenda de un presidente elegido por más de 81 millones de personas. Y ello a pesar de que su partido controla la Casa Blanca y las dos cámaras del Parlamento por primera vez desde 2009.

Se trata de mayorías muy estrechas. En la Cámara de Representantes, Joe Biden y los demócratas sólo tienen una ventaja de ocho escaños sobre los republicanos. En el Senado, los dos partidos políticos están empatados a 50 escaños cada uno –en este contexto, es la vicepresidenta, Kamala Harris, quien vota para deshacer el empate, lo que ya ha hecho 11 veces desde enero, casi un récord–.

En otras palabras, Biden no puede permitirse ninguna discrepancia en sus filas si quiere cumplir sus promesas de campaña. Esto da a congresistas electos como Sinema y Manchin un poder de negociación desproporcionado.

Esta realidad es todavía más preocupante para la izquierda dado que se acercan las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2022. Tras estas elecciones, tradicionalmente malas para el partido en el poder, los demócratas podrían volver a estar en minoría. Esto complicaría aún más la segunda mitad del mandato de Biden.

La primera prueba de fuego llegaba este 2 de noviembre con la elección del gobernador de Virginia, un estado demócrata, donde el anterior titular, el demócrata Terry McAuliffe, se enfrentaba al empresario republicano Glenn Youngkin. Y los demócratas salieron derrotados. Con el 95% escrutado, el Partido Republicano lograba recuperar la Gobernación de Virginia. Youngkin sumaba un 51% de los votos allí donde Biden había sacado diez puntos a Donald Trump hace un año.

“La presión es enorme y no tenemos mucho tiempo. El partido necesita aprobar el mayor número de leyes posible antes de las elecciones de mitad de mandato”, afirma Deborah Scott, presidenta de Georgia Stand-up, un grupo de justicia económica con sede en Georgia. Recientemente estuvo en una manifestación en Washington, D.C., para pedir la aplicación de “Build Back Better”. “¡Es frustrante tener que salir a la calle cuando mi propio partido está en el poder! Pero tenemos que pedir cuentas”, afirma.

El rompecabezas del Senado

En el Senado, donde cristalizan los bloqueos, la exigua mayoría demócrata no es el único obstáculo en el camino de Joe Biden. También se enfrenta a una oscura norma de procedimiento: el “filibusterismo”. Esta norma obliga a que la mayoría de los proyectos de ley examinados por los senadores se aprueben con un mínimo de 60 votos y no por mayoría simple. La Casa Blanca se ve así obligada a cortejar a los republicanos obstruccionistas...

En esta cruzada, ha tenido cierto éxito. En agosto, Joe Biden obtuvo una importante victoria legislativa al conseguir que su histórico plan de modernización de infraestructuras (inversiones masivas en transporte público, renovación de puentes y carreteras, fomento de las energías renovables, etc.) fuera aprobado por 69 senadores, entre ellos 19 republicanos. El plan, que asciende a 1,1 billones de dólares, aún debe ser contar con el visto bueno la Cámara de Representantes.

Sin embargo, esta buena actuación sigue siendo una excepción, ya que los puntos en común con el partido trumpista son escasos. “Ningún republicano está dispuesto a apoyar al presidente. Esto es en gran parte el resultado de la actual polarización de la vida política. En la mayoría de los casos, Joe Biden sabe que sólo contará con el voto demócrata”, observa Molly Reynolds. “Por supuesto, ha pasado casi cuatro décadas en el Senado y conoce a la perfección el proceso legislativo. Pero muchos de los senadores con los que trabajó durante su carrera ya no lo son. Y el Congreso en su conjunto es mucho más partidista que antes”.

La necesidad de compromiso

Esta constatación obliga a los dirigentes demócratas a apostar por un procedimiento excepcional: la conciliación presupuestaria, que tiene la ventaja de anular el filibusterismo y restablecer la mayoría simple para la aprobación de leyes en el Senado. Se utilizó para la aprobación del primer gran texto de la era Biden, el “American Rescue Plan”, en marzo de 2020. Este plan de casi 2 billones de dólares, entre otras cosas, renovó las ayudas introducidas durante la crisis sanitaria y proporcionó a millones de estadounidenses un aumento de 1.400 dólares a cada uno. Se aprobó sin los votos republicanos, por 50 a 49.

Pero este procedimiento, utilizado para el paquete de gasto social que se está negociando, no es la panacea. Sólo puede aplicarse a la legislación relativa a los ingresos, gastos y deuda federales. Además, sólo puede recurrirse a él tres veces al año. Y, como nos recuerdan los golpes de mentón de Joe Manchin y Kyrsten Sinema, no protege al presidente de los votos discrepantes en sus propias filas.

Por lo tanto, Joe Biden no tiene más remedio que comprometerse. Ante el bloqueo de los dos senadores, anunció a finales de octubre un plan de gastos reducido a la mitad (de 3.500.000 a 1.750.000 millones). Para consternación del ala progresista del partido, tuvo que renunciar a la creación del permiso parental y al acceso gratuito a determinados centros públicos de enseñanza superior.

También renunció a una disposición medioambiental que habría acelerado la transición de las empresas a las energías renovables. Joe Manchin, cercano a la industria del carbón y del petróleo, se apresuró a cortarlo de raíz. Y puede que no haya dicho su última palabra. El lunes dijo que no votaría a favor del plan revisado hasta tener “más datos” sobre su impacto económico y financiero.

Molly Reynolds es más optimista. “Joe Biden está sorteando estos obstáculos con relativo éxito”, afirma. “Consiguió que se aprobara la American Rescue Act a principios de su mandato. De aquí a finales de año, debería poder añadir a su balance el plan de gasto social que se está negociando actualmente y la ley de modernización de las infraestructuras, un ámbito en el que se necesitan inversiones adicionales. No es fácil, pero se está beneficiando del impulso dado”.

Traducción: Mariola Moreno

Un tribunal de EEUU paraliza la ley que obliga a vacunar a los trabajadores de empresas con más de 100 empleados

Ver más

Leer el texto en francés:

article_992061 by infoLibre on Scribd