El golpe de timón no explicado por Casado deja en evidencia la estrategia de bloqueo del PP

Por sorpresa y sin explicar el motivo. El líder del PP, Pablo Casado, ordenó este jueves una vez más a los suyos cambiar radicalmente de posición en relación con la pendiente renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta vez, para levantar las líneas rojas que él mismo había trazado y que bloquean desde hace ocho meses el nombramiento de nuevos vocales, incumpliendo así la Constitución y la Ley del Poder Judicial.

Donde hasta hace pocos días Casado sostenía que jamás iba a aceptar renovar el Consejo a menos que el Gobierno se comprometiese a reformar con carácter previo la ley vigente, ahora se abre a pactar la renovación sin condiciones previas. El PP ya no exige cambiar la ley del Poder Judicial, en vigor desde 1985, la misma que ha regido la elección de los vocales durante los gobiernos de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. 36 años en total, de los que 15 se corresponden con gobiernos del PP.

Casado llevaba semanas asegurando que la reforma de la ley era condición sine qua non de cualquier nueva negociación con la excusa de que se trataba de una exigencia que supuestamente había trasladado la Comisión Europea el pasado mes de julio y que, según él, también era un mandato constitucional.

Una afirmación que no es cierta: la Constitución no exige que la mitad de los miembros del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces sino que ocho sea designados por el Congreso y el Senado y el resto de acuerdo a lo que diga una ley (la vigente dice que los nombran las Cámaras a partir de las propuestas que les hacen llegar jueces y magistrados). Y tampoco la Comisión Europea se ha pronunciado diciendo lo que afirma Casado. Sí lo hizo en 2010, hace 11 años, el Consejo de Europa, un organismo de cooperación ajeno a la Unión Europea.

Sobre lo que sí ha hablado Bruselas, a través de sus últimos informes anuales sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en España, es precisamente sobre la necesidad de desbloquear lo antes posible la renovación del CGPJ.

De ahí que el Gobierno haya insistido, un día sí y otro también, en su llamamiento al PP para que volviese al cumplimiento de la ley y aceptase renovar el CGPJ. El presidente Pedro Sánchez ha llegado a acusar a Casado de “insumisión constitucional”.

En las últimas semanas Casado declaró que “el problema es suyo, no nuestro”. “Nosotros no nos vamos a mover”, advirtió repetidamente.

Pero sí lo ha hecho. Y aunque no existe una versión oficial de los motivos por los que ha cambiado de opinión, en el PP aseguran que a Casado le había empezado a pesar el papel de político instalado “en el no” en el que él mismo se había situado con su política de oposición frontal a todas las propuestas del Gobierno. La mano tendida a Sánchez para renovar cargos pendientes en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos le permite emerger con una nueva imagen de “hombre de Estado” justo después de la convención nacional del PP y a pocos días de que el PSOE y Pedro Sánchez se conviertan en el centro de atención en el congreso que los socialistas celebrarán este fin de semana en València.

Prueba de la aparente profundidad del cambio de guion que ha puesto en marcha el PP son las palabras pronunciadas este jueves por el número dos de Casado, Teodoro García Egea, encargado además de la negociación con el Gobierno. El también secretario general evitó señalar líneas rojas y aseguró: “En el día de hoy todo es posible, con voluntad y con intención de acordar, ceder y llegar a acuerdos y grandes consensos”.

Tanto es así que, como ha podido confirmar infoLibre, las negociaciones entre el Gobierno y el PP para intentar llegar a una acuerdo que desbloquee definitivamente el CGPJ ya se están llevando a cabo.

Los de Casado ya no ponen como condición reformar la ley antes de proceder a la renovación. Ni insisten en meter entre sus exigencias cambiar las incompatibilidades para designar al titular de la Fiscalía General del Estado. Ahora sólo hablan de “aprovechar” la elección de nuevos vocales para “aumentar, reforzar y garantizar mucho más la independencia judicial”. “Eso es lo que hay que hablar, conversar y acordar. Y buscar la mejor fórmula para conseguirlo”. Es decir: el PP sigue queriendo una reforma de la ley para que los jueces elijan directamente a los vocales del Consejo sin intervención del Congreso y el Senado pero, al menos ahora, no lo pone como condición previa para sentarse a hablar con el Gobierno sobre la renovación de CGPJ actual, que lleva casi tres años en funciones. Lo cual no significa que hayan renunciado a ese objetivo, subrayan fuentes del PP.

Tres intentos, tres bloqueos

Hasta ahora el PP ha bloqueado hasta en tres ocasiones la renovación. La primera tuvo lugar en noviembre de 2018, después de que el juez Manuel Marchena, el mismo que presidió el tribunal que condenó a los dirigentes del procés, renunciase a la presidencia del CGPJ cuando se conocieron las maniobras del PP para controlar este órgano través de los mensajes de WhatsApp de su entonces portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó.

El paso atrás de Marchena, incómodo con unos mensajes internos del partido de Casado que le situaban en la órbita del PP, desbarató la renovación del Consejo cuando la negociación ya estaba cerrada y había una lista de nombres que se iban a votar en el Congreso. De hecho, algunos de los candidatos a vocales ya habían comparecido en la comisión correspondiente del Congreso.

Casado echó el acuerdo por la borda a pesar de que aquel Consejo, que iba a tener un presidente conservador (Marchena) pero mayoría progresista (11 a 9), le gustaba mucho. Lo dijo públicamente antes de que todo se fuera al traste al elogiar su composición y subrayar la “independencia" y la "extraordinaria profesionalidad" de los magistrados y juristas candidatos.

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El segundo intento frustrado de renovación del CGPJ tuvo lugar en el verano de 2020. Casado rompió la negociación después de que Podemos fuese imputado y sus dirigentes criticasen la decisión judicial. El presidente del PP argumentó entonces que la formación morada no podía participar en las negociaciones porque su líder y vicepresidente tercero del Gobierno, Pablo Iglesias, había defendido la apertura de un debate público sobre la abolición de la monarquía coincidiendo con la decisión del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, de abandonar España.

Casado echó por tierra también el último intento. Fue en marzo de este año cuando el PP vetó, sin base legal alguna, dos nombres propuestos por el PSOE a instancias de Unidas Podemos: la jueza Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y el magistrado José Ricardo de Prada.

De Prada fue uno de los magistrados que firmó la sentencia sobre la primera época de actividades de la trama Gürtel trama Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo, y Rosell formó parte de las candidaturas de Podemos al Congreso de los Diputados. Pero la Ley del Poder Judicial no dice que eso sea causa de inelegibilidad.