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Las decisiones del nuevo CGPJ muestran que el empate pactado entre PP y PSOE favorece a la derecha

El desbloqueo de los órganos constitucionales

El PP aúpa al Constitucional a Espejel, la "querida Concha" que acabó recusada en el 'caso Gürtel'

La entonces presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, imponen la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a la magistrada Concepción Espejel en 2014.

El PSOE y el PP ya han cerrado un acuerdo para renovar cuatro plazas del Tribunal Constitucional (TC) que llevaban dos años caducadas y de todos los nombres propuestos por uno y otro partido destaca uno por encima de todos: Concepción Espejel, actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y magistrada predilecta para el partido conservador. Su imagen tan cercana a esta formación política llevó a sus compañeros a recusarla, junto a Enrique López, de todos los tribunales que se iban a encargar de juzgar las distintas piezas del caso Gürtel.

Espejel accedió a la carrera judicial en 1983 y pasó por juzgados de Vinaroz, Reus y Valls antes de entrar en la Audiencia Provincial de Tarragona. Más tarde, en 1999, presidió la Audiencia de Guadalajara en 1999 y casi una década después entró como vocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), también a propuesta del PP en el Senado. Una votación en la que participó el extesorero del PP Luis Bárcenas, encausado y después condenado por el caso Gürtel e imputado en la causa por la presunta financiación ilegal de su partido, más conocida como caja b o los papeles de Bárcenas.

En 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy le impuso la Cruz de San Raimundo de Peñafort, en un acto en el que la entonces secretaria general del partido conservador, María Dolores de Cospedal, se dirigió a ella como "querida Concha", dejando clara su afinidad. El paso de la magistrada por el CGPJ y las palabras de Cospedal llevaron a acusaciones de la macrocausa Gürtel a recursarla para juzgar la pieza sobre la primera época de actividades de la trama corrupta, lo que se repitió con el resto de piezas. Sus compañeros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptaron apartarla, algo que también hicieron con el que hoy es el responsable de Justicia del PP y consejero en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique López. 

Incluso el fiscal de la causa de la caja b, Antonio Romeral, estuvo de acuerdo en apartar a estos dos magistrados, al admitir que no puede afirmarse que las "dudas" sobre la falta de imparcialidad de los magistrados sean "de todo punto irracionales", ya que ambos "han desempeñado un cargo en cuya designación ha intervenido el PP".

Esto ocurrió en 2015, pero dos años después, gracias a la mayoría conservadora del CGPJ, el mismo que sigue vigente hoy en día debido al bloqueo que mantiene el PP para su renovación, Espejel fue ascendida a presidenta de la Sala de lo Penal, desde donde ha seguido participando en juicios correspondientes a la Sección Primera.

Otros casos: Altsasu y Trapero

Por ejemplo, presidió la vista oral por el caso de la agresión a dos guardias civiles en Altsasu que acabó en condenas para todos los acusados, aunque el tribunal descartó por unanimidad la acusación de delitos terroristas que había invocado la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Más recientemente, otro destacado juicio, el del jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, también estuvo presidido por Espejel. En este caso, el tribunal se partió en dos: mientras que dos magistrados impusieron su mayoría para absolver al mayor, la presidenta de la Sala de lo Penal emitió un extenso voto particular, más largo incluso que la sentencia, oponiéndose y dejando claro que compartía la tesis del Ministerio Público de condenar por sedición.

En los últimos años, Espejel ha intentado ascender al Tribunal Supremo, pero finalmente los vocales se decantaron por otros perfiles, aunque sí auparon a la Sala de lo Penal de este órgano a Ángel Hurtado, magistrado que sí estuvo en el primer juicio de Gürtel y que fue el único que se pronunció en contra de condenar al PP como partícipe a título lucrativo de la trama de corrupción.

Ahora, el PP ha premiado a Espejel con un puesto tan reconocido como el de magistrada del Tribunal Constitucional. Su propuesta ha llegado con el aval del PSOE. Nada más conocerse los nombres, fuentes del PP han destacado que todos los perfiles propuestos para el tribunal de garantías y para otros órganos como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos cumplen el requisito de ser "perfiles profesionales y técnicos de reconocido prestigio". Por su parte, desde el PSOE han manifestado, sin personalizar en nadie en concreto, que todos los propuestos "tienen un prestigio reconocido y una dilatada trayectoria profesional" y que "son nombres de consenso".

Enrique Arnaldo: otro perfil muy vinculado al PP

El otro nombre que ha propuesto el partido de Pablo Casado para el TC es el de Enrique Arnaldo. No es la primera vez que su nombre aparece en las quinielas, siempre vinculado al PP. Formó parte del CGPJ entre 1996 y 2001, donde coincidió con Enrique López. Es letrado de las Cortes y desde 2002 compagina esa labor con la de abogado especializado en derecho público, constitucional y administrativo en el despacho Estudios Jurídicos y Procesales.

Pero su nombre también salió a relucir hace años, concretamente en el sumario del caso Lezo, otra gran causa de corrupción que afecta a la formación conservadora y cuyo principal imputado es el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Ignacio González. De las conversaciones intervenidas se deriva que Arnaldo medió para intentar apartar a jueces y fiscales incómodos para el PP. En una de las charlas, por ejemplo, aseguraba a González que estaba realizando gestiones para situar al frente de la Fiscalía General del Estado a "uno bueno" que sustituyera a Consuelo Madrigal.

Otro juez de la Audiencia Nacional y una defensora de la perspectiva de género 

De los nombres propuestos por el PSOE para el tribunal de garantías, uno de ellos es el de Juan Ramón Sáez Valcárcel, compañero de tribunal de Espejel en el juicio contra Josep Lluís Trapero. Este juez de sensibilidad progresista fue el ponente de la sentencia de absolución del mayor de los Mossos, en la que se mostró muy duro con la actuación del Gobierno de Rajoy durante el procés, al que afeó la inacción que en el otoño de 2017 se puso de manifiesto cuando se convocó el referéndum independentista del 1 de octubre, tras su celebración y sabiendo de una futura declaración unilateral de independencia que el president Carles Puigdemont ya se había encargado de anunciar con semanas de antelación.

Valcárcel también estuvo en el tribunal que absolvió a los acusados por el asalto al Parlament, resolución que después el Supremo revocó e impuso condenas que el Constitucional confirmó. Asimismo, participó en la condena por la estafa piramidal de Fórum Filatélico, la condena al exconsejero madrileño Francisco Granados por el chivatazo de la trama Púnica o la absolución de los 40 acusados de pertenecer a Segi.

Inmaculada Montalbán es la cuarta persona propuesta para el Constitucional por parte de los socialistas. Actualmente es magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y también fue vocal del CGPJ entre 2008 y 2013. Está considerada una experta en igualdad de género, violencia de género y derecho antidiscriminatorio, por lo que fue elegida para presidir el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en el órgano de gobierno de los jueces. 

El acuerdo entre PSOE y PP llega justo ocho días después de que en el Pleno del Congreso el líder del PP, Pablo Casado, ofreciera al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, renovar estos órganos constitucionales dejando al margen el Consejo General del Poder Judicial, que fue la causa de que se truncaran las negociaciones el pasado mes de febrero. Estos son los nombres:

Tribunal Constitucional:

  • Enrique Arnaldo Alcubilla(letrado de las Cortes Generales)
  • Concepción Espejel Jorquera (presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional)
  • Inmaculada Montalbán Huertas (magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía)
  • Juan Ramón Sáez Valcárcel (magistrado de la Audiencia Nacional)

Tribunal de Cuentas:

  • Enriqueta Chicano Jávega (consejera del Tribunal de Cuentas)
  • Isabel Fernández Torres (profesora de Derecho Mercantil de la UCM)
  • Dolores Genaro Moya (consejera del Tribunal de Cuentas)
  • Elena Hernáez Salguero (expresidenta del Tribunal Económico- Administrativo de la Comunidad de Madrid)
  • Diego Íñiguez Hernández (magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo)
  • Rebeca Laliga (subdirectora General del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia)
  • José Manuel Otero Lastres (catedrático de Derecho Mercantil)
  • Joan Mauri Majós (profesor de Derecho Administrativo Universidad de Barcelona)
  • Javier Morillas (catedrático de Economía Aplicada)
  • Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla (abogado del Colegio de Bizkaia)
  • Mª Luz Rodríguez Rodríguez (gerente tributaria de la Diputación de Barcelona)
  • Miguel Ángel Torres Morato (fiscal jefe del Tribunal de Cuentas)
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Defensor del Pueblo:

  • Defensor del Pueblo: Ángel Gabilondo Pujol (catedrático de Metafísica de la UAM)
  • Adjunta primera al Defensor del Pueblo: Mª Teresa Jiménez Becerril (Presidenta de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril)

Agencia Española de Protección de Datos:

  • Directora: Belén Cardona Rubert (catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia)
  • Adjunto a la Directora de la Agencia de Protección de Datos: Borja Adsuara Varela (abogado y consultor en derecho digital)

 

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