La nueva Ley de Sanidad abre una brecha entre PSOE y Unidas Podemos pese a derogar la ley privatizadora de Aznar

La Ley de Sanidad que acaba de empezar su tramitación tras pasar por el Consejo de Ministros ha abierto una nueva brecha entre las fuerzas políticas del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos (UP), ya tensionadas por discrepancias en diversos frentes. Pese a que el anteproyecto de ley aprobado este lunes a iniciativa del Ministerio de Sanidad establece la derogación de la ley de 1997, impulsada por José María Aznar (PP) y considerada clave para el boom de las privatizaciones, el socio minoritario reaccionó con fuerte rechazo al texto del departamento de Carolina Darias. El motivo fundamental es, según Unidas Podemos, que a pesar de suprimir formalmente el texto del PP, la nueva norma calca aspectos esenciales del mismo y mantiene abierto el camino a las privatizaciones. Las discrepancias en materia sanitaria se extienden al papel de las mutualidades de funcionarios, como Muface, y a la figura de los "consorcios sanitarios".

UP no sólo presentará una batería de enmiendas al texto, que ahora mismo está lejos de apoyar, sino que además mantiene viva su propia ley, actualmente en fase de aportaciones de colectivos, según fuentes de la coalición. El departamento de Darias evita entrar en controversias y recalca que el anteproyecto es sólo un borrador preliminar y que aún debe pasar una larga tramitación antes de ser debatido en al Congreso.

De la revisión a la derogación

El acuerdo de gobierno entre PSOE y UP establece la "revisión" de la Ley 15/1997, a la que se culpa de las privatizaciones. En octubre Unidas Podemos tomó la iniciativa al considerar que se demoraba el cumplimiento del compromiso y empezó a enviar a diversos colectivos sanitarios su propia ley de desprivatizaciones, como avanzó infoLibre. La ley no sólo hablaba de revisión, sino de "derogación" de la norma de Aznar, ya que "ha servido de paraguas a modelos de gestión indirecta [...] a través de empresas privadas [...], que reducen los controles públicos, introducen el lucro como motor de conducta y contribuyen a empeorar las condiciones de trabajo". Además, la norma de UP impedía "privatizar" centros y servicios sanitarios y establecía una habilitación a las comunidades autónomas para que lleven a cabo los procesos de reversión de privatizaciones ya realizadas.

La puesta en circulación del texto a primeros de octubre suponía un paso adelante de UP, que trataba de ejercer presión sobre el departamento de Carolina Darias. La situación quedaba a expensas del movimiento del socio mayoritario. Circulaba la hipótesis de un posible problema semántico en torno al alcance de palabras como "derogación" o "revisión". Pero ahí no está el problema. Este lunes el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Y el texto, a pesar de que recoge la derogación de la ley de 1997, yendo más allá del acuerdo de gobierno en ese aspecto, ha provocado un choque entre PSOE y UP.

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¿Por qué este choque? El anteproyecto establece que la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, "mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas", una redacción similar a la de 1997. UP ve insuficiente el hecho de que la ley recoja que se usará "preferentemente" la "fórmula de gestión directa de carácter público" y que el recurso a otras fórmulas será "excepcional" y con memoria de justificación sanitaria y económica. 

"El texto no modifica de forma sustantiva la ley 15/97 y mantiene la puerta abierta a la privatización de la sanidad", señala una fuente de Podemos, que añade que "toda norma deroga formalmente la anterior", por lo que lo relevante no es eso, sino la letra pequeña del contenido. "La clave es ver por qué se sustituye. En este caso se sustituye por algo que deja intacta la ley de Aznar", añade.

Enmiendas y una ley de UP

El malestar no se expresó sólo en voz baja. En rueda de prensa, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, afirmó que el anteproyecto, que aún no es público y debe pasar por toda su tramitación parlamentaria, será objeto de una "batería de enmiendas". Dichas enmiendas estarán basadas en la propia ley presentada por Unidas Podemos.

Además, la coalición asegura a este periódico que no retirará esta ley, que tiene intención de presentar en el Congreso. Es decir, el socio minoritario mantiene su propia norma en marcha mientras el Consejo de Ministros ya ha aprobado su anteproyecto. Los socios del Gobierno se aferran a dos temas distintos sobre el futuro de la sanidad.

¿Por qué la 'ley Darias' deja intacta la 'ley Aznar' de privatización de la sanidad pública?

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El departamento de Darias rehusó comentar las críticas el anteproyecto o hacerlo público en su integridad, alegando que todavía es un "borrador" preliminar que debe ser objeto de múltiples informes y de tramitación parlamentaria.

Sanidad destaca que la nueva norma "persigue evitar la incorporación de nuevos copagos sanitarios, como ya se hizo con los establecidos para los medicamentos" y ahora se hace para "transporte no urgente, productos dietoterápicos y ortoprotésicos". La ley "ampliará los derechos de población que actualmente no está incluida, evitará nuevos copagos y priorizará el modelo público de gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios", explica el ministerio. Ese "priorizará" no es suficiente para Unidas Podemos.

Los desacuerdos no se limitan al alcance de la modificación de la ley de 1997, sino que abarcan también los llamados “consorcios sanitarios”, recogidos en la ley y que podrían reforzar la participación de empresas privadas, señalan fuentes conocedoras de conflicto entre PSOE y UP. Tampoco hay ahora mismo acuerdo sobre el papel que deben desempeñar en el sistema en el futuro las mutualidades de funcionarios, añaden las mismas fuentes. Unidas Podemos también pretende suprimir las desgravaciones por seguros privados, si bien hasta ahora dicha intención ha sido trasladada al ámbito de la negociación presupuestaria, según fuentes de la coalición.