Los datos y testimonios que desmontan la postura de la Fiscalía de Madrid sobre lo ocurrido en las residencias

El 18 de marzo de 2020, cuatro días después de que se activara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus y los contagios ya estaban desbocados en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso publicó un Protocolo que prohibía trasladar a hospitales a mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. En las siguientes semanas fallecieron en geriátricos de la región 7.291 personas sin recibir atención hospitalaria, lo que supone el 77% del total de muertes registradas en estos centros madrileños.

El Protocolo fue desvelado por infoLibre y es lo que llevó a familiares y trabajadores de residencias a denunciar ante la justicia la actuación tanto de cargos públicos de la Comunidad y responsables de geriátricos por lo que consideran una dejación del deber de cuidado. La asociación Marea de Residencias optó por acudir a la Fiscalía de Madrid, pero asegura que la inmensa mayoría de las causas abiertas, más de 300, están acabando en archivo. Este martes sus representantes serán recibidos por la fiscal superior de esta comunidad, Almudena Lastra, a la que solicitaron una reunión hace un mes para pedirle explicaciones sobre el resultado de las investigaciones y exigir "verdad y justicia".

Cada archivo tiene un decreto individual, pero la Memoria de la Fiscalía de Madrid correspondiente a 2020 hace unas conclusiones generales en las que trata de justificar la actuación que ha venido manteniendo y el por qué de esos archivos, que en la mayoría de los casos no aprecian una conducta negligente de los centros de mayores que pueda llevar a establecer una causa-efecto con los fallecimientos. Sin embargo, el informe cae en importantes incorrecciones y datos erróneos, a la luz de las estadísticas hechas públicas por el propio Gobierno regional y declaraciones de distintos responsables de geriátricos y del Ejecutivo en la comisión de investigación que estuvo en marcha en la pasada legislatura en la Asamblea de Madrid –que se ha cerrado sin acabar los trabajos y sin conclusiones por el veto de PP y Vox–.

Protocolos y descenso en las derivaciones

Para empezar, la Fiscalía de Madrid concluye que el Protocolo del Gobierno de Ayuso "contiene una serie de recomendaciones, que todos los geriatras hospitalarios que informaron señalaron que tenían valor meramente orientativo y no excluían la valoración integral de cada paciente". Después, resalta que "de los datos estadísticos aportados se desprende que los criterios llamados de exclusión no funcionaron como impedimentos para las derivaciones, pues fueron objeto de traslado hospitalario usuarios de edades avanzadas y con muy diversas patologías basales y altos grados de dependencia". E insiste: "A pesar de que algunas residencias mostraron su disconformidad con los criterios hospitalarios, lo cierto es que en todas ellas hubo derivaciones, si bien éstas debían pasar el cribado previo de la interconsulta y sólo eran aceptadas cuando se consideraba que iba a haber un beneficio para el usuario".

De aquí se extraen dos derivadas que, acudiendo a datos objetivos y a interpretaciones jurídicas, permiten desmontar estas afirmaciones del Ministerio Público. Por un lado, el estatus jurídico del conocido como Protocolo de la Vergüenza. ¿Era de obligado cumplimiento o era un conjunto de "recomendaciones" con "valor orientativo" como dice la Fiscalía? Expertos en Derecho Contencioso-Administrativo consultados por este periódico lo tienen claro: tras revisar el documento, concluyeron que su naturaleza jurídica se encuadra en el artículo 6 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, según el cual "los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio".

Para los profesores y magistrados consultados por este periódico, el Protocolo "está firmado por un alto cargo del Gobierno y lleva el sello oficial de la Comunidad", de modo que "opera genuina y propiamente como una orden de servicio o instrucción".

Frente a esta interpretación, lo que parece deducirse de las conclusiones del Ministerio Público es que está de acuerdo con lo que dijo en su día en la comisión de investigación el que fuera director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur, alto cargo que firmó el Protocolo: “No eran ni órdenes de aplicación directa ni de obligado cumplimiento, sino un conjunto de recomendaciones" para los profesionales que debían aplicarlos.

Este periódico preguntó este lunes a la Fiscalía Superior de Madrid en qué se basa jurídicamente para afirmar que los protocolos de exclusión aprobados por la Consejería de Sanidad eran "orientativos" y contenían "recomendaciones", descartando así que se trataba de órdenes de obligado cumplimiento, y si considera, por tanto, que la interpretación de los juristas consultados por infoLibre es errónea. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

La otra derivada de la afirmación incluida en la Memoria de la Fiscalía de Madrid son los traslados de residentes a hospitales que, según defiende, no se impidieron en la primera ola. Los datos recabados por infoLibre lo desmienten: en las cuatro semanas críticas de la pandemia, entre el 9 de marzo y el 5 de abril de 2020, no sólo no aumentaron de forma significativa las derivaciones hospitalarias como sería lógico al multiplicarse el número de enfermos, sino que se desplomaron un 36,8% respecto a las cuatro semanas previas. Y ese frenazo fue mucho más brusco precisamente en los geriátricos más azotados por el virus, hasta el extremo de que ni uno solo de los 82 centros con mayor número de fallecidos llegó a trasladar un paciente al día de media durante esas cuatro semanas.

El cálculo sale de los datos oficiales aportados por la Consejería de Sanidad, y solicitados a través del Portal de Transparencia, acerca de los 18.895 traslados realizados en los seis primeros meses del año en la Comunidad de Madrid, incluyendo la residencia de origen y el hospital de destino. Y lo que reflejan es que entre el 10 de febrero y el 8 de marzo, se registraron 3.158 traslados, mientras que entre el 9 de marzo y el 5 de abril, se produjeron 1.995, esto es, un 36,8% menos. En esta información se pueden consultar todas estas cifras de forma pormenorizada.

Y hay más pruebas. Actas de inspección a dos geriátricos levantadas por la Policía Municipal de Madrid revelan la imposibilidad de las residencias de trasladar a mayores a hospitales. En una de ellas, la directora de un centro reconocía que si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos, puesto que sólo son residencia y no hospital”.

Y aparte de los datos, la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid presenció los testimonios de testigos directos de esa decisión de no trasladar a residentes a hospitales y las consecuencias que ellos mismos vieron en esas duras semanas de la pandemia. Para empezar, el del exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero se desmarcó del Protocolo de exclusión y fue tajante: "Considero que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia y de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal".

También está el relato de Lidia Sánchez, directora de la residencia Amavir Alcorcón, quien explicó que entre el 13 de marzo y el 9 de abril, el hospital rechazó derivaciones, un período durante el que murieron 30 mayores en su centro. En su opinión, si les hubiesen trasladado, algunas de estas personas habrían sobrevivido, "sin lugar a dudas".

Eduardo Esteban, gerente de la empresa Transamed, contratada por Encarnación Burgueño, la directora de la empresa Cardio Líder a quien ordenó supuestamente la Comunidad de Madrid suministrar "ayuda urgente" a residencias de ancianos durante el punto álgido de la pandemia, desveló que sólo le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitaron.

Más de 5.000 fallecidos en veinte días

La Memoria de la Fiscalía no se queda ahí. En otro punto sostiene que en los casos en los que un residente no era trasladado a un centro sanitario se informaba a las familias de ello poniendo "el acento en la responsabilidad del hospital, en lugar de informarles de que los pacientes iban a recibir en la residencia un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido en caso de ser derivados", lo cual "generaba un padecimiento añadido a las familias, además de incomprensión, en muchos casos, llegando a producirse traslados a los solos efectos de mitigar esta sensación". Esta afirmación da por supuesto que los residentes iban a recibir "tratamiento similar", ya fueran enviados al hospital o si se quedaban en el geriátrico. Pero, como se ha visto con el análisis de las cifras y las declaraciones de responsables de residencias de mayores, estos centros no tenían la capacidad necesaria para atender a una persona infectada por coronavirus.

Un día antes de la aprobación por escrito del Protocolo, el médico del geriátrico madrileño La Purísima Concepción ya informó a los familiares de que "los pacientes con sospecha de estar contagiados no son derivables a hospital por criterio de las autoridades sanitarias", las cuales recomendaban mantenerlos en la residencia, donde permanecían "aislados". Y en los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo, es decir, cuando la orden ya estaba por escrito y enviada a los centros, 5.343 mayores murieron en sus residencias sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo.

La alternativa que tenía la Comunidad de Madrid, según explicó Alberto Reyero, era que se medicalizaran los geriátricos y que así se lo transmitió al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en las cartas que le dirigió el 31 de marzo y el 11 de abril, con las cifras de fallecidos creciendo cada día. El primero sostiene que no se hizo, mientras que el segundo mantiene que sí. El enfrentamiento del responsable de Políticas Sociales con Sanidad en toda la gestión de la pandemia le llevó a dimitir tras el verano de 2020.

7 de abril de 2020, el día de la vergüenza: Madrid registra la muerte de 913 residentes

Ver más

La duda sobre la medicalización la resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) después de que los gobiernos municipales de Alcorcón y Leganés pidieran que se exigiera al Gobierno de Ayuso que medicalizara estos centros. Tras peticiones de información y numerosos recursos del Ejecutivo autonómico, el TSJM determinó respecto a esos dos casos que de los documentos aportados por la Comunidad "no se desprende que se haya procedido a dotar de personal médico, de enfermería, ni de auxiliar sanitario" a cada una de las residencias "en número que permita constatar la adecuada atención sanitaria ante la situación de emergencia en la que nos encontramos".

Otro párrafo de la Memoria de la Fiscalía que llama la atención es este: "Para los supuestos en que el paciente quedaba en el centro, se ha observado que no se pautaba habitualmente ningún seguimiento, sino que quedaba a la decisión del equipo médico de la residencia formular una nueva interconsulta, por lo que, dependiendo de su pericia y de las posibilidades reales de atención sanitaria del centro, podían darse situaciones dispares ante enfermos en condiciones similares".

Habla de "posibilidades reales de atención sanitaria del centro", lo cual contradice claramente el punto anterior, ya que aquí ya no se da por hecho que todos los geriátricos de la Comunidad de Madrid podían ofrecer un tratamiento médico similar al de un hospital. Y además, reconoce que en las residencias en general no se pautaba ningún seguimiento sanitario a los afectados por coronavirus, insistiendo en la idea de que no había una atención adecuada.