7 de abril de 2020, el día de la vergüenza: Madrid registra la muerte de 913 residentes

El 7 de abril, martes, se registró oficialmente el fallecimiento de 913 personas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid.

Es difícil asimilar la enormidad de esa cifra. Pero hay más. Ocho de cada diez murieron en las instalaciones de la propia residencia, sin ser trasladados a un hospital para recibir atención médica. Y es que hacía tres semanas que, ante el colapso en los hospitales, el Gobierno madrileño había aprobado un Protocolo que vetaba la atención hospitalaria para muchos de esos residentes.

En pleno estado de alarma, con las residencias cerradas al exterior, los mayores morían además sin tener cerca a sus seres queridos.

Las personas que están detrás de esos números son parte de la mayor tragedia sufrida en España en mucho tiempo. En apenas mes y medio, entre mediados de marzo y finales de abril, fallecieron 9.470 mayores en los geriátricos de Madrid. La auténtica zona cero de la pandemia. ¿Cómo fue posible?

Un “abordaje” que se convirtió en hundimiento

La cifra de residentes fallecidos cada día es un dato oficial de la Consejería de Sanidad, facilitado a infoLibre en respuesta a una pregunta planteada al amparo de la Ley de Transparencia.

El 19 de marzo, jueves, iban 138 residentes fallecidos. Pero el número de contagios crecía sin control en los geriátricos desde una semana antes. Así que las “autoridades sanitarias” decidieron, primero mediante órdenes verbales y luego con un Protocolo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, frenar el traslado de enfermos desde las residencias a los hospitales. “Autoridades sanitarias” es la expresión que utilizó el médico de La Purísima Concepción, el 17 de marzo, cuando explicó por escrito a los familiares de los residentes que “los pacientes con sospecha de estar contagiados no son derivables a hospital por criterio de las autoridades sanitarias”. Y autoridad sanitaria era Carlos Mur, el alto cargo de la Consejería de Sanidad que firmó digitalmente el Protocolo de exclusión el 18 de marzo, a las 14:07 horas.

Trece minutos después, a las 14:20 horas, el documento se envió por correo electrónico a nueve altos cargos de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales, dirigidas por Enrique Ruiz Escudero (PP) y Alberto Reyero (Cs), los dos máximos responsables políticos de los geriátricos de Madrid durante la pandemia.

"Protocolo derivación hospitales a residencias (geriatra referente) – Atención en residencias", figuraba en el “asunto” del correo, que se inicia con una indicación: "Att / Directores gerentes y directores médicos de los hospitales de la Comunidad de Madrid". Carlos Mur, entonces director de Coordinación Socio-sanitaria, especificaba a sus interlocutores que el documento tenía como destinatarios últimos a los gerentes y directores médicos de los hospitales, ya que los geriatras de estos centros serían los encargados de aplicar el Protocolo en el día a día. Cuando un mayor caía enfermo, desde la residencia se tenía que llamar al “geriatra de enlace” del hospital y éste eran quien autorizaba o no la derivación. Si lo hacía, se llamaba al Summa 112 (Servicio de Urgencias Médicas de Madrid) para que una ambulancia fuese a recogerlo. Entre los destinatarios del correo estaba también el gerente del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza.

Es fácil entender que se estaba viviendo una situación de angustia, inédita e inesperada para cualquiera, pero leído el contenido del mensaje ahora, 9.470 muertos después, se percibe como un impacto:

"Con el objeto de racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de la emergencia que padecemos: Se adjunta protocolo acordado para CRITERIOS de traslado de pacientes de residencias geriátricas (AMAS y gestión privada), protocolo técnico elaborado por los principales jefes de Geriatría de la Comunidad de Madrid".

 

“Racionalizar el abordaje” significaba, de acuerdo con el Protocolo que se adjuntaba, no trasladar al hospital a un paciente que no fuera “independiente para la marcha” o que tuviera un deterioro cognitivo alto. En los días siguientes –20, 24 y 25 de marzo– se redactaron otras tres versiones del Protocolo. Algunas con más crudeza en el lenguaje –la del día 20 hablaba directamente de “criterios de exclusión”– y otras con menos, pero todas establecían el nivel de dependencia física o el grado de deterioro cognitivo como criterio general para decidir sobre el traslado de un enfermo al hospital. [Los cuatro documentos fueron desvelados de forma íntegra por infoLibre el 9 de junio. Los puedes consultar aquí].

El abordaje se convirtió en un auténtico hundimiento para los mayores. Las derivaciones hospitalarias se frenaron en seco. Los tres días con menos traslados desde el comienzo de año fueron el 20, 21 y 22 de marzo, cuando en toda la Comunidad se realizaron 42, 40 y 35 derivaciones, respectivamente. En enero y febrero la media diaria había sido de 120. Una prueba de la intensidad con la que se aplicó el Protocolo.

Muchos ancianos que caían enfermos se deterioraban rápidamente en los geriátricos y fallecían a los pocos días. Los datos oficiales de la Consejería de Sanidad que hoy revela infoLibre no admiten demasiada interpretación: entre el 22 de marzo y el 10 de abril murieron 6.352 personas que vivían en geriátricos madrileños. Una media de 317 cada uno de esos veinte días. El máximo se alcanzó el 7 de abril, con 913 fallecidos, pero las cifras son todas aterradoras: 403 mayores perdieron la vida el 4 de abril, 363 el 8, 348 el 9, 347 el 3, 337 el 5, 334 el 30 de marzo, 322 al día siguiente…

Pues bien, el 84,1% murieron en la residencia sin recibir atención hospitalaria. No es un error: ¡el 84,1%! 5.343 fallecidos en los propios geriátricos y 1.009 en un hospital. ¿Un abordaje racional?

Tres alternativas posibles, tres alternativas fallidas

Ante el colapso de la red pública de hospitales, existían tres opciones para ofrecer la atención médica necesaria a los mayores de los geriátricos e impedir así que muriesen en los centros de forma masiva: crear hospitales de campaña o “centros intermedios” sólo para personas contagiadas con el virus, utilizar los hospitales privados y medicalizar las residencias. Por supuesto, no eran opciones excluyentes. Ante la gravedad del problema que se estaba viviendo, lo lógico habría sido utilizar todas las herramientas para salvar el mayor número posible de vidas. Veamos qué hizo el Gobierno Ayuso.

Algunas comunidades autónomas, como Galicia o Aragón, apostaron por crear centros intermedios –a mitad de camino entre una residencia y un hospital– sólo para pacientes con covid-19. La mayoría de los expertos aseguran que con buenos resultados. Madrid prefirió transformar pabellones de Ifema –el recinto ferial– en un hospital de campaña.

“Ifema se ha convertido ahora en el hospital milagro. Tanto es así que la paciente mayor que hemos tenido en este hospital de campaña tenía 103 años. Por eso se llama el hospital milagro, porque prácticamente todas las personas que han venido aquí han sanado, han curado para después pasar a hoteles medicalizados o irse a casa con los suyos”. Cualquiera que escuchase estas palabras de Ayuso el 1 de mayo, en el acto de clausura del hospital de campaña, podría concluir que Ifema había sido la gran solución para los ancianos de Madrid. Hasta una paciente de 103 años se había curado en aquel “hospital milagro”.

La realidad era otra. El pasado 6 de agosto, infoLibre dio las cifras del número de residentes trasladados al Ifema durante las seis semanas que permaneció abierto: 23. Exactamente un 0,22% de los pacientes atendidos en dicho hospital (3.811). Todos ellos llegaron a Ifema en la misma fecha, el 27 de marzo, seis días después de su inauguración. Doce provenían de la residencia Monteverde, en Villaviciosa de Odón, y once de Sol Salud, en Collado Villalba.

Los críticos con la gestión realizada en las residencias por el Gobierno autonómico –incluido algún cargo del propio Ejecutivo– afirman que la única forma de crear un “hospital milagro” es evitar que lleguen a él los pacientes con más riesgo de morir. Puede ser una maldad, pero lo cierto es que ni Ayuso ni nadie de su equipo han ofrecido de momento un relato alternativo. El hospital de campaña empezó a recibir pacientes en la medianoche del sábado 21 de marzo y estuvo operativo hasta el 30 de abril. Pues bien, entre el 22 de marzo y el 30 de abril –ambos incluidos– fallecieron en las residencias madrileñas 7.122 personas sin ser trasladadas a un hospital.

¿Cómo es posible que una Administración observe que cada día mueren cientos de ancianos en los geriátricos y no los traslade a un hospital que ha publicitado como la solución milagrosa al problema de la pandemia? ¿Cómo son posibles estas cifras: 7.122 muertos dentro de las residencias y 23 traslados al Ifema? Esas son las preguntas clave que el Gobierno Ayuso aún no ha aclarado. En su lugar, la presidenta madrileña ha explicado que su “hospital milagro” tiene maravillados a los mandatarios del planeta. “Este proyecto ha sorprendido al mundo. Numerosos países nos han llamado, se han interesado por el proyecto porque ha creado al final una tendencia, ha sido un símbolo de la lucha contra una pandemia como la que está teniendo el planeta. Y es un orgullo saber que se han interesado por esto tantos otros países”, presumió en el discurso de clausura del hospital.

Asombro del mundo o milagro publicitario, el hecho indudable es este: la primera opción que tenía Madrid para atender a los mayores ante el colapso de la red pública de hospitales no funcionó. No se crearon centros intermedios y el hospital de campaña que sí se puso en marcha atendió a 23 pacientes.

La segunda alternativa era utilizar los hospitales privados para que atendiesen a los mayores enfermos. El consejero de Sanidad, en una comparecencia en la Asamblea el 12 de junio, afirmó que “cerca del 30% de la actividad durante esta pandemia ha tenido lugar dentro de la red de hospitales privados de la Comunidad de Madrid”. La propia Ayuso, más grandilocuente, ofreció el 29 de abril la siguiente explicación en sede parlamentaria:

“El jueves 12 de marzo mantuve la primera reunión con representantes de la sanidad pública y privada para crear, de manera histórica, un mando único de la sanidad en Madrid, según el cual quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad los 102 hospitales de la comunidad: 34 públicos y 68 privados; es decir, funcionaríamos como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y así creamos un sistema centralizado de UCI y compras. ¡Esta decisión ha salvado muchas vidas!”.

 

infoLibre solicitó en julio, a través del Portal de Transparencia, los datos de todas las derivaciones hospitalarias realizadas en la Comunidad de Madrid entre el 1 de enero y el 30 de junio. La respuesta de la Consejería de Sanidad llegó la semana pasada a través de un documento pdf. de 1.235 páginas [lo tienes aquí]. En los meses de la pandemia no consta ni un solo traslado desde un geriátrico a un hospital privado.

Lo que sí queda claro es lo que ocurrió en la red pública, que tiene 34 hospitales (puedes consultar aquí el listado), de los que 26 funcionan como centros de referencia para atender a los pacientes de las 474 residencias de Madrid (en marzo y abril estaban operativas 472). En las cuatro semanas previas a la pandemia, del 10 de febrero al 8 de marzo, se realizaron 3.158 traslados de residentes que necesitaban tratamiento hospitalario. En las cuatro semanas siguientes, del 9 de marzo al 5 de abril, que fueron las más críticas en cuanto a contagios en las residencias, las derivaciones se redujeron a 1.995. Mientras los enfermos crecían de forma exponencial, los traslados se desplomaron un 36,8%.

Esto no significa que los hospitales privados no tuvieran “cerca del 30% de la actividad durante la pandemia”, como afirmó Ruiz Escudero. El consejero no dio datos desglosados de actividad por hospitales para poder comprobar si la cifra global era cierta, pero tampoco nadie la ha desmentido de momento. Pero lo que sí queda claro con la información de la propia Consejería de Sanidad es que ese 30% de la actividad no incluyó a los mayores de las residencias. Precisamente el colectivo que más estaba sufriendo los efectos de la pandemia.

Así que, también en este caso, surge la misma pregunta: ¿cómo es posible que una Administración observe que cada día mueren cientos de ancianos en los geriátricos y, ante el colapso de la red pública de hospitales, no los traslade de forma masiva a los centros privados y más cuando asegura que puso a estos últimos bajo las órdenes de un mando único?

A falta de una respuesta por parte del Gobierno Ayuso, el hecho indudable es este: la segunda opción que tenía Madrid para atender a los mayores ante el colapso de la red pública de hospitales no funcionó. No se trasladó a los pacientes desde las residencias a los hospitales privados.

La tercera alternativa era medicalizar las residencias. El consejero de Políticas Sociales lo explicó perfectamente en una comparecencia en la Asamblea el 1 de junio, donde se desmarcó del Protocolo de exclusión aprobado por el Gobierno del que forma parte: "Considero que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia y de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal. Por eso, en mis comunicaciones al consejero de Sanidad he insistido siempre en que si no era posible la derivación al hospital, era imprescindible la medicalización, porque si no dejábamos indefensos a nuestros residentes. O lo que es lo mismo y para que se me entienda: o el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia".

Alberto Reyero admite que las residencias no se medicalizaron, mientras que el consejero de Sanidad sostiene que sí se hizo. Una discrepancia que se basa, a priori, en interpretaciones diferentes de lo que significa el término “medicalizar”.

Pero más allá de debates teóricos, el asunto fue resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Ante la grave situación que se vivía en las residencias de Alcorcón y Leganés, sus respectivos Gobiernos municipales –ambos del PSOE– acudieron en abril a la Justicia para que ésta obligase al Gobierno Ayuso a medicalizarlas. El TSJM así lo ordenó, pero el Ejecutivo madrileño no se mostró conforme y recurrió, alegando que ya había aportado distinto material a los geriátricos para proteger a sus residentes. En ese contexto, el Tribunal Superior explicó qué significa “medicalizar” una residencia, en un auto sobre la solicitud del Ayuntamiento de Alcorcón dictado el 30 de abril:

“La solicitud de medicalizar una Residencia debe entenderse en este marco normativo como una petición dirigida a la Autoridad Sanitaria autonómica competente para que adopte la decisión de “modificar el uso” de estos Centros en orden a “su utilización como espacios para uso sanitario”, en todas o en parte de sus instalaciones, dotándolas de personal sanitario necesario (de atención primaria o atención hospitalaria o especializada extrahospitalaria, en su caso), y proporcionándoles, entonces, el material preciso para actuar sobre los residentes”.

 

Y por si el Gobierno madrileño albergaba aún alguna duda, el TSJM le puso un ejemplo fácil de entender, el del "hospital milagro" que tanto habían promocionado:

“Medicalizar una Residencia de Mayores” puede considerarse lo que, en la propia Comunidad de Madrid y al amparo, sin duda, de las mismas normas que se han reproducido y que aquí interpretamos, se ha llevado a cabo de forma notoria y públicamente conocida en algunos hoteles de la capital y en el recinto ferial de IFEMA”.

 

Lo cierto es que Ayuso y Escudero no consideraron necesario hacer caso al máximo tribunal autonómico y siguieron presentando recursos contra la orden de medicalizar los centros de mayores. El 6 de mayo, en un auto esta vez sobre la petición del Ayuntamiento de Leganés, el TSJM constataba que de los documentos aportados por el Gobierno autonómico “no se desprende que se haya procedido a dotar de personal médico, de enfermería, ni de auxiliar sanitario” a cada una de las residencias “en número que permita constatar la adecuada atención sanitaria ante la situación de emergencia en la que nos encontramos […] El personal médico y de enfermería que se hace constar como enviado a las residencias en los diferentes informes es claramente insuficiente para la atención del número de ingresados y enfermos existentes en las mismas”.

La decena de autos que ya constan en ambos procedimientos pueden resumirse de manera sencilla: el Gobierno de Ayuso ha aportado determinado material, y también ha podido enviar puntualmente personal sanitario a algún geriátrico, pero en ningún caso ha medicalizado las residencias. Y es que medicalizarlas significa dotarlas del personal y el material necesario para garantizar el derecho a la protección de la salud que recoge el artículo 43.1 de la Constitución.

O, explicado con palabras del consejero Reyero: “O el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia". Consejero que, por cierto, envió correos y cartas a su compañero Escudero quejándose del Protocolo, pero que no consta que adoptase ninguna otra actuación más allá de la epistolar. Ni denunció ante la Justicia un hecho que consideraba “posiblemente ilegal” y que conoció de primera mano desde un principio, ni él ni su partido –Ciudadanos– reprobaron a Escudero cuando se votó dicha iniciativa en la Asamblea.

En definitiva, a la vista de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia, el hecho indudable es este: la tercera opción que tenía Madrid para atender a los mayores ante el colapso de la red pública de hospitales no funcionó. No se medicalizaron las residencias.

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El 10 de abril, después de ocho jornadas interminables, se logró bajar por primera vez de los 300 residentes fallecidos al día. Fueron 249. El 15 de abril la cifra de decesos quedó por debajo de 200 y el 23 de abril no llegó a 100. Esa tendencia a la baja –salvo un repunte puntual el 22, cuando murieron 265 personas– hizo que en los últimos cuatro días de abril la media de fallecidos fuera de 60. Lo peor había pasado.

Pero lo peor había sido tremendo. Las cifras de muertes en las residencias de los grandes grupos privados destapan una hecatombe: 544 fallecidos en Orpea, 516 en Amavir, 419 en DomusVi… Y aunque ligeramente mejores en relación con el número de camas gestionadas, los datos de los 25 centros públicos de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) también son aterradores: 644 fallecidos en marzo y abril [puedes consultar aquí un análisis detallado del impacto por grupos].

Lo peor se llevó por delante la vida de 9.470 mayores en aquellos dos meses llenos de días negros. La inmensa mayoría en sus residencias, sin la asistencia médica adecuada y sin sus seres queridos cerca. Una verdadera vergüenza.