Las armas de la guerra contra la inflación: control de precios energéticos, pacto de rentas y ayudas públicas

La inflación ha escalado hasta el 9,8% en marzo, rompiendo de nuevo su récord temporal y regresando a un nivel que no se recordaba desde mayo de 1985. El dato se ha dado a conocer el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el Plan de Choque del Gobierno contra el impacto económico de la guerra en Ucrania, diseñado para contener los precios desbocados del gas y la electricidad, a los que el Ejecutivo atribuye el 73% del aumento de la inflación. El objetivo reconocido del Ejecutivo no es otro que reducirlos “lo más posible” para así “cortar de raíz” su efecto inflacionista.

La guerra ha convertido lo que en principio expertos y organismos internacionales consideraban un fenómeno temporal, derivado del rebote de actividad tras la pandemia y de los problemas en las cadenas de suministro globales, en una amenaza letal para el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos. Funcas, el instituto de estudios de las cajas de ahorro, acaba de revisar su previsión de inflación para este año, aumentándola hasta el 6,8% de media anual. Al mismo tiempo, rebaja su cálculo de crecimiento de la economía española este año del 5,6% al 4,2%. Traducido en efectos reales: la subida de precios “reducirá la renta disponible de los hogares, frenando el crecimiento del consumo y la inversión residencial y en bienes de equipo”, además de recortar las exportaciones debido al contexto internacional. El empleo, por tanto, crecerá a menor ritmo que el año pasado, con 473.000 nuevos puestos de trabajo –en 2021 se crearon 840.600– y una tasa de paro aún en el 13,8%.

Estas previsiones no incluyen el plan de choque del Gobierno, cuyos efectos, según Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, podrían sentirse enseguida, en abril o mayo. Funcas, no obstante, cree que las medidas recién aprobadas pueden reducir en un punto la inflación. Y el economista Javier Santacruz prevé que incluso más. “Pero dudo que ese efecto sea duradero, a medio plazo”, precisa.

Para Carlos Martín Urriza, director del Gabinete Económico de CCOO, desenganchar los precios de la electricidad de los del gas puede rebajar dos puntos el IPC. A su juicio, que Portugal y España presenten a Bruselas en un mes el plan para hacer realidad la “excepción ibérica” que ya les ha reconocido la Comisión Europea “es la prioridad”.

Javier Santacruz añade otra posible medida para contener los precios de la electricidad que tendría un efecto inmediato: crear “puentes” para que los consumidores con tarifa regulada pasaran al mercado libre con contratos a largo plazo. “No tiene sentido que el 40% de los consumidores estén en el mercado regulado”, explica, “antes de arreglar el mercado mayorista, se debería arreglar el minorista”.

Josep Oliver advierte de que España no tiene mucho margen para combatir la inflación, carece de las armas con que cuentan otros países europeos. “Todas las ayudas del Gobierno son a cuenta del déficit público y el país no puede ir mucho más allá [de las medidas que ha tomado] porque está atrapado entre la deuda y el déficit públicos”, detalla. En la misma dirección apunta Santiago Carbó. “Poco se puede hacer, porque la inflación es un coste que viene de fuera, los precios de la energía importada nos los imponen del extranjero”. De todas maneras, Oliver cree que habrá que esperar hasta junio para ver cómo evolucionan la guerra y los precios. “Si el gas y el petróleo se mantienen en los niveles actuales, con el plan de choque puedes moderar la subida de la energía, pero la presión de fondo no la contienes”, advierte. Porque, como se está viendo, los precios disparados de la luz, el gas y los combustibles se transmiten a todo el tejido productivo y se comen los márgenes de las empresas. “¿Cuánto tiempo pueden aguantar?”, se pregunta, “en realidad, aún no hemos visto los efectos inflacionistas de verdad”.

Pacto de rentas

Por eso Oliver, como también Javier Santacruz, Carlos Martín y Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada, coinciden en que un instrumento fundamental contra los llamados “efectos de segunda ronda” de la inflación es el pacto de rentas. Sindicatos y patronal negocian estos días el acuerdo marco que debe determinar las subidas salariales en los próximos tres años y que sentará las bases para ese pacto más amplio que también busca el Gobierno y al que insta el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

CCOO y UGT proponen diferir el aumento de los salarios mediante las cláusulas de revisión salarial. Es decir, subidas de sueldos moderadas pero actualizadas al final de los tres años para minimizar la pérdida de poder adquisitivo. Para Josep Oliver, esa concertación social, que debería incluir contrapartidas por parte de trabajadores y empresas, es “crítica”. Pero hasta el momento –lleva dos semanas interrumpida–, la negociación ha sido difícil y con el IPC rozando el 10% se hará aún más problemática.

Josep Oliver se remite a las más recientes proyecciones del BCE, que prevén que la inflación europea se modere en la segunda mitad del año y termine en el 5,1%, para recuperar el buen tono, un 2,1%, en 2023. “A diferencia de Estados Unidos”, sostiene, “en la Unión Europea no tenemos un problema de inflación salarial”. En febrero –aún no se ha publicado el de marzo– el IPC alcanzó en EEUU el 7,9%. En Alemania ha llegado en marzo al 7,3%, la más elevada desde 1991. Lo que está claro es que la inflación está haciendo a europeos y estadounidenses más pobres. “Es una detracción de la renta del país que se va al extranjero para pagar materias primas más caras”, define Josep Oliver. Aun lejos de la temida estanflación –inflación sin crecimiento económico--, los precios disparados reducirán el alza del PIB, avisa.

En cualquier caso, el supervisor europeo avanza que las presiones sobre los precios “serán más duraderas de lo previsto” y que “sólo se verán compensadas, en parte, por los efectos moderadores sobre el crecimiento derivados del deterioro de la confianza y por un menor crecimiento del comercio relacionado con el conflicto [en Ucrania]”, lo que no suena muy halagüeño. Pero también defiende que “la inflación de la energía descenderá de forma significativa en los dos próximos años”.

Mercados agrícolas, pacto fiscal

Javier Santacruz sugiere otras herramientas para rebajar los precios, como un mecanismo de coordinación de los mercados agrícolas. España, explica, tiene producción agroalimentaria suficiente, pero no se aprovechan sus excedentes. El Ministerio de Agricultura podría coordinar –más que intervenir, puntualiza– una producción demasiado “atomizada”. También se atreve con una revisión del régimen de módulos, que impida que los precios se “coman” parte de los márgenes de los autónomos.

Carlos Martín apunta que al pacto energético y al de rentas se le añada uno fiscal. Las ayudas que ha movilizado el Gobierno para los sectores empresariales más afectados, desde el agrícola y pesquero hasta el transporte o las industrias electro y gasintensivas, son insuficientes, en su opinión. “Echo en falta más esfuerzo con los más vulnerables”, apunta. Por eso CCOO propone que se cree un bono de emergencia de 300 euros, a imitación de la ayuda que se ha concedido en Alemania o las que se aplicaron en EEUU durante la pandemia. Que sería automático, a través de la nómina o la prestación de paro o la pensión de quienes perciban menos ingresos. Según los cálculos del sindicato, el bono llegaría a casi 9,6 millones de personas, el 64% de ellos mujeres. Costaría 2.870 millones de euros, pero según Carlos Martín, se puede financiar con el aumento de recaudación fiscal de 2021 y con los mayores ingresos del IVA sobre las energías, disparados gracias a los elevados precios de luz, gas y petróleo.

Para Santiago Carbó, otra opción es reducir la demanda, moderar el consumo. Carlos Martín habla de incentivar el uso del transporte público, imitando a Alemania, que ha rebajado el precio del abono transporte, para recortar el uso de hidrocarburos.

Control de precios

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Más improbable sería imitar la peculiaridad japonesa. En el país nipón, las empresas prefieren reducir sus márgenes antes que subir precios y perder clientes.

Finalmente, hay otra arma más, pero es controvertida. El control de precios. Lo resucitó el pasado diciembre –antes de la guerra– Isabella Weber, economista de la Universidad de Massachusetts-Amherst, en un artículo publicado en The Guardian. Poniendo como ejemplo los controles impuestos tras la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, cuando los impuso el presidente Roosevelt, proponía que el aumento de los precios fuera asumido de alguna manera por las empresas, que ahora cuentan con suficiente colchón por las ayudas públicas recibidas durante la pandemia y su elevada rentabilidad en la recuperación posterior.

La reacción de otros economistas fue inmediata y contundente en el rechazo. También descartan los controles de precios Santacruz y Oliver. “No forma parte de los instrumentos de política monetaria actuales ni de la disciplina del BCE”, argumenta el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Santacruz desecha los controles de precios, porque crearían “mercados negros” y aumentaría la inseguridad económica. Carlos Martín, por el contrario, resalta que es precisamente un control de los precios de la energía lo que se pretende con los cambios en el mercado mayorista y aplaude el control de los alquileres aprobado por el Gobierno.