El doble efecto de la inflación: disparó la recaudación en 2021 e invita a bajar impuestos en 2022

El Gobierno prepara una bajada de impuestos para frenar el golpe que la escalada de precios de la energía y su traslado al resto de la economía están propinando a los trabajadores y a las empresas. La reducción se aplicará a la luz, el gas y los combustibles, según han adelantado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Presidencia, Félix Bolaños. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pide que se reduzca el IVA de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasoil, y se recorte el Impuesto sobre Hidrocarburos. Mientras, el PP, Ciudadanos y PDeCAT han reclamado en el Congreso que se ajuste el IRPF a la inflación, para evitar que los contribuyentes tributen por unas rentas devoradas por el alza de los precios.

Con la inflación disparada a niveles desconocidos desde hace décadas y la amenaza de una guerra cuya duración se desconoce y sus efectos económicos se temen, la recuperación que asomaba en 2022 una vez superada la ómicron se tambalea. La incertidumbre se prolonga. España mantiene unos niveles desbocados de déficit y deuda por culpa del covid, pero entra en 2022 con una recaudación fiscal de récord. ¿Hay margen para rebajas de impuestos?

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, cree que sí. Al menos, a corto plazo. “Las finanzas públicas se han visto favorecidas por una recaudación fiscal que nos ha sorprendido a todos, también a la AIReF”, aseguró el pasado martes en una conferencia organizada por el Consejo General de Economistas. Herrero atribuyó el inesperado aumento de los ingresos tributarios del Estado al “comportamiento peculiar de España respecto al PIB en las recuperaciones económicas”, repitiendo el diagnóstico que ya había hecho el BCE al respecto. El aumento del pago con tarjeta durante la pandemia y el cambio en el consumo, de productos con tipos superreducidos y reducidos a otros gravados con el 21% cuando acabó el confinamiento, explican el alza de la recaudación en las primeras fases de la recuperación, enumeró.

Pero en los últimos meses el motivo está en la inflación, que afecta sobre todo a bienes “con una elevada inelasticidad de su demanda”, como la luz, el gas y el petróleo. A tenor de los cálculos de la AIReF, Hacienda está ingresando entre 3.000 y 3.500 millones de euros adicionales por el IVA gracias a ese efecto inflacionista.

También está siendo de récord la recaudación del IRPF, aunque Cristina Herrero no tiene claras aún las causas. “La inflación no se ha trasladado todavía a los salarios”, aseguró, “habrá que ver si lo hace y cómo afecta la crisis a los salarios y a el empleo”.

En suma, y teniendo en cuenta los datos de ingresos y gastos públicos, el déficit de 2021 estará, según adelantó, por debajo no sólo del 8,4% previsto por el Gobierno sino incluso por debajo del 7% que había calculado la AIReF. También se está reduciendo la deuda pública, que terminó 2021 en el 118,7% del PIB, 1,3 puntos inferior a la de 2020 y ocho décimas menos que la previsión del Gobierno. Ambas bajadas permiten mantener las recomendaciones del Eurogrupo –estabilizar la deuda para reducirla en cuanto se pueda– y ofrecen “cierto margen”, indicó Cristina Herrero, “para rebajar impuestos y conceder ayudas directas”, lo que, a su vez, destacó, facilitará el pacto de rentas que negocian Gobierno, sindicatos, patronal y grupos parlamentarios.

Cifras de récord

En efecto, la recaudación fiscal creció un 15,1% en 2021, superando la cifra de ingresos prevista por el Gobierno, y un 5% respecto a 2019, el año previo a la pandemia. Así, Hacienda ingresó el año pasado 223.382 millones de euros, 1.275 millones más de los presupuestados. En el IRPF se recaudaron 94.546 millones de euros, un 7,5% más que en 2020 y un 8,8% más que en 2019. En el Impuesto sobre Sociedades el aumento de los ingresos ha sido mucho mayor, un 67,9%. Los 23.628 millones cobrados es la mayor recaudación desde 2008. Aun así, están lejísimos de los 44.823 millones de 2007, el año de la burbuja inmobiliaria. La explosión fiscal es pareja a la mejora de los beneficios empresariales, que se dispararon un 73,8%, según resalta Hacienda. El IVA creció un 14,5%, hasta alcanzar los 72.493 millones. El levantamiento de las restricciones tuvo su inmediato correlato en el alza del consumo y éste, a su vez, en el de los precios, por consiguiente también en el IVA.

El aumento de los Impuestos Especiales respecto a 2020 fue del 5% –19.729 millones–, pero se mantiene aún por debajo de los ingresos prepandemia. De hecho, también es la única partida que quedó por debajo de la cantidad presupuestada, debido a las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno para reducir el precio de la electricidad. Según Hacienda, el recorte del Impuesto Especial de la Electricidad del 5,11% al 0,5% a partir de septiembre supuso una caída de la recaudación de 333 millones de euros. Además, la rebaja del IVA de la electricidad del 21% al 10% y la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica restaron 1.336 millones de ingresos a las arcas públicas sólo hasta noviembre, el último mes del que ofrece datos la Agencia Tributaria en sus informes mensuales de recaudación.

No está tan claro qué va a ocurrir en el ejercicio en curso. Los Presupuestos del Estado incluyen una recaudación de 298.801 millones de euros, un 4,9% más que en 2021. De acuerdo con el Plan Presupuestario enviado a Bruselas en octubre, el Gobierno prevé que el IRPF crezca un 6,7%, el de Sociedades un 11,8%, el IVA un 9,5% y los Impuestos Especiales un 8,2%, con un crecimiento del 7% para los hidrocarburos y un 39,7% para la electricidad.

Para explicar ese optimismo recaudatorio, el Gobierno citaba la expansión de los bases imponibles, que deberían crecer un 6%; las ayudas del Plan de Recuperación, con un desembolso previsto de 20.255 millones, y los nuevos impuestos aprobados en los dos últimos años –Impuesto sobre Transacciones Financieras, sobre Servicios Digitales, sobre Plásticos–. No se mencionaba la inflación. Pero esas cuentas se hicieron antes de que estallara la guerra y de que el alza desmesurada de los precios dejara de considerarse un fenómeno temporal que iba a desaparecer con la primavera.

Aun así, el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, avanzó este jueves que el arranque de la recaudación en 2022 “ha sido bueno, probablemente”, sin precisar cifras, informa Europa Press.

Más impuestos a las rentas altas

“Con seguridad, la guerra y la inflación tendrán como consecuencia un menor crecimiento del que esperábamos”, pronostica Juan Antonio Gimeno Ullastres, catedrático emérito de la UNED y miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal. La inflación, explica, permite “reducir el coste real de la deuda pública y aumentar la recaudación nominal pero, al crecer menos, será difícil repetir la cifra de ingresos tributarios de 2021, por la incertidumbre que se suma a las incertidumbres acumuladas anteriores”, advierte.

También Jorge Onrubia, profesor de Hacienda Pública de la Universidad Complutense e investigador de Fedea, alerta ante los efectos de la inflación. Y recuerda la crisis del petróleo de los años 70 y lo que se demoró ese otro pacto de rentas que fueron los Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977. “La inflación es como si el exterior le hubiera aplicado un impuesto a España”, explicaba entonces Enrique Fuentes Quintana, ministro de Economía y profesor de Onrubia.

No obstante, tanto él como Juan Antonio Gimeno creen que hay margen para bajar impuestos a los sectores más afectados por la “economía de guerra” en la que se adentra Occidente. Es más, Gimeno Ullastres la considera una medida “aconsejable” para reducir los costes de producción. Pero como esa caída de la recaudación tiene su efecto en una economía que ya de por sí sufre un déficit muy elevado, también pide “medidas de corrección”.

En concreto, que se aumenten los impuestos a los niveles más altos de renta y patrimonio y a los sectores que están teniendo grandes beneficios, como el eléctrico. Pedirles un esfuerzo a unos y otros, sostiene, “no afectará ni a sus niveles de vida ni a los de inversión, y sí aliviará, en cambio, las arcas públicas y mejorará la progresividad del sistema tributario español”. Gimeno Ullastres recuerda que algunas de las propuestas del comité de expertos que han elaborado el Libro Blanco para la reforma fiscal apuntan en esa misma dirección.

Por eso defiende que es el momento de hablar de impuestos, de “qué impuestos hay que tocar para compensar esas bajadas en los combustibles o el ajuste del IRPF por la inflación, necesarias en la actual situación de emergencia, y para volver a la senda del equilibrio presupuestario”.

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Porque modificar los tramos del IRPF para ajustarlos a la subida de los precios también reducirá los ingresos públicos. Según los cálculos de Jorge Onrubia, entre 3.800 y 4.200 millones de euros considerando una actualización del 5,4%; según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el centro de estudios de la CEOE, unos 2.000 millones. Es lo que el profesor de la Complutense denomina “progresividad en frío”, cuando los salarios pierden poder adquisitivo por culpa de la inflación, pero se les aplica un tipo que no ha sido actualizado para incorporar el aumento de los precios.

Por el contrario, el profesor de la Complutense se muestra en contra de dar “manguerazos indiscriminados” a las rentas bajando los tipos del IVA, por ejemplo, por la espiral inflacionista que provocarían. Por el contrario, invita a firmar el pacto de rentas que ha pedido el Banco de España y negocia el Gobierno. “Se trata de decidir cómo distribuimos el mordisco que la inflación y la guerra han dado a nuestra tarta”, describe. Y para ello recomienda que se mantengan las rentas con ayudas directas no sólo a los hogares, sino también a sectores productivos concretos: agricultores, transportistas, determinadas industrias.

Por eso considera más eficaz bajar, de forma transitoria y selectiva, tanto el IVA de los combustibles –a través de las liquidaciones– como el Impuesto Especial de Hidrocarburos –entre 3,5 y 5,5 céntimos el litro– sólo al sector industrial y al transporte. “Alejando la rebaja del surtidor”, insiste. Jorge Onrubia calcula que ambas rebajas se traducirían en un ahorro para los beneficiados de entre 3.500 y 4.000 millones de euros. En total, por tanto, deflactar el IRPF y reducir la imposición de los carburantes supondría una pérdida de recaudación que rozaría los 8.000 millones de euros. Asumible, asegura, para las arcas públicas en estos momentos.