La mayor fundación de ultraderecha contrató a su presidente para la recaudación de fondos

CitizenGo, la fundación creada por la asociación ultra Hazte Oír como plataforma internacional de campañas contra todo lo que considera lesivo para la ideología conservadora, comenzó 2020 contratando a una Comunidad de Bienes (The Community of the Ring C. B.) para la "prestación de servicios profesionales de asesoría de marketing digital y fundraising online". Es decir, recaudación de fondos en línea. Y según ha confirmado a infoLibre el Ministerio de Cultura, a esa C.B. pertenece el presidente de Citizengo, Ignacio Arsuaga. El contrato fue autorizado por el Ministerio de Cultura, que ejerce el Protectorado -órgano de control externo- de las fundaciones estatales.

A diferencia de las sociedades limitadas o anónimas, una C.B. es una asociación de personas físicas creada para administrar un proyecto empresarial o un patrimonio común [puedes ver aquí los artículos del Código Civil que la regulan]. La C.B. carece de la condición de entidad jurídica. Y eso, subrayan los expertos consultados, implica que sus datos sobre composición, ingresos y pagos no se incluyen entre los de acceso público a través del Registro Mercantil.

El Ministerio de Cultura autorizó la firma del contrato el 7 de enero de 2020, según la respuesta escrita facilitada por sus portavoces a este periódico. El departamento que dirige Miquel Iceta no precisó si el acuerdo de prestación de servicios continúa vigente ni por qué importe se cerró. El silencio de Citizengo impide también conocer cuántos miembros forman esa Comunidad de Bienes. Y quiénes son.

Arsuaga, el único accionista de la SL que tenía el contrato anterior

Pero ni siquiera era el primero el permiso otorgado en 2020 por Cultura –previa solicitud de Citizengo al amparo de la normativa sobre fundaciones– para que se hicieran cargo del contrato Ignacio Arsuaga y los otros miembros de The Community of Ring C.B. El 19 de octubre de 2015, y así consta en su respuesta, el ministerio había dado vía libre a Citizengo para contratar con Grass Communications SL., "administrada –señala Cultura– por el presidente de su Patronato [Ignacio Arsuaga]". El plazo del contrato, "un año de duración", prosigue el ministerio. Pero Grass Communications SL no solo tenía a Arsuaga como administrador sino como único socio. Así lo corrobora la información mercantil recabada este lunes sobre esa sociedad, que quedó extinguida en mayo de 2017.

En marzo de ese año infoLibre había preguntado a una portavoz de Hazte Oír, matriz de Citizengo, si alguno de los miembros del equipo directivo estaba contratado. No hubo respuesta. Dicha portavoz tampoco aclaró si la organización mantenía algún tipo de relación comercial con Grass Communications SL. A los dos meses, Ignacio Arsuaga disolvió la sociedad. Para entonces, los ingresos de la asociación Hazte Oír ya habían aumentado un 69% desde que en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy la declaró de utilidad pública.

En los últimos años, las cuentas anuales que Citizengo debe entregar una vez finalizado cada ejercicio constituyen un misterio. El Registro de Fundaciones confirmó en diciembre que no se habían depositado las de las seis últimas anualidades. Ahora, Cultura precisa que las de 2016 se encuentran "pendientes de subsanación por la Fundación"; que las de 2017 las presentó el 15 de diciembre, dos días después de la información de infoLibre sobre el largo periodo de opacidad contable; y que las de 2018, 2019 y 2020 están en manos del Protectorado desde el 9 de febrero de 2022. Una vez "examinadas y comprobada su adecuación formal a la normativa vigente", se procederá "a depositarlas en el Registro de Fundaciones", completa Cultura.

La mayor fundación de la ultraderecha oculta sus cuentas desde hace seis años

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La portavoz de Citizengo, a quien en diciembre y de nuevo este lunes envió infoLibre preguntas sobre la contabilidad del grupo que capitanea Ignacio Arsuaga, guarda silencio. En consecuencia, permanecen en el campo de las incógnitas las siguientes cuestiones: ¿cómo y quién fiscaliza o fiscalizó la ejecución de los contratos suscritos primero con la empresa y luego con la Comunidad de Bienes (C.B.) de Ignacio Arsuaga? ¿A qué importe asciende cada uno de esos contratos? ¿Sigue vigente el autorizado el 7 de enero de 2020? Según la respuesta del Ministerio de Cultura a este periódico, Ignacio Arsuaga es el "presidente" de Community of the Ring C.B.

Antes de conocer la existencia de un segundo contrato –el de 2020 con Community of the Ring C.B.– y si constaba autorización oficial, infoLibre ya preguntó en diciembre por este asunto a la Asociación Española de Fundaciones. "En el caso de las fundaciones el cargo de patrono es gratuito", respondió por escrito su directora jurídica, Isabel Peñalosa. "Esto -agregó- quiere decir que en ningún caso pueden recibir retribuciones por el mero hecho de ser patronos (el equivalente a miembro de la junta directiva)". Pero los patronos, continuó explicando Peñalosa, "pueden prestar servicios a la fundación por funciones distintas a las del mero hecho de ser patrono – es decir tiene que tratarse de una prestación de servicio laboral o mercantil que no sea simplemente la de ser miembro del patronato - pero necesitan la autorización previa del Protectorado".

También ha consultado este periódico al jurista Ramón Pérez Lucena, especializado en fundaciones. ¿Es usual que una fundación contrate la prestación de servicios con su presidente? "Si se hace de forma esporádica –respondió este lunes durante una conversación telefónica– nadie te va a decir nada, eso es totalmente normal cuando las fundaciones son pequeñas y si no hay subvenciones. Absolutamente posible". En el caso de las grandes entidades "depende de cada fundación", añadió a renglón seguido. Es legal, remató Pérez Lucena. Y a continuación puso un pero: "Queda un poco feo pero solo se puede oponer el Protectorado cuando haces daño a tu propia fundación, aunque el Protectorado solo diría que no si fijas un pago periódico muy alto y vas fuera de lo que es el mercado".