El intento de una trama para inflar en cinco millones un contrato del covid atenaza al Gobierno andaluz

El insólito aviso sobre un delito en ciernes que en plena pandemia lanzó un empresario al número dos de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha terminado atenazando al Gobierno de Juan Manuel Moreno en un caso de futuro incierto. De momento, la declaración judicial como testigo prestada en marzo por Antonio Sanz, viceconsejero de Presidencia con Bendodo como jefe, ha extendido un manto de dudas sobre la actuación del Ejecutivo autonómico tras recibir en septiembre de 2020 la alerta de que una trama estaba preparando una auténtica estafa de nada menos que cinco millones. Y que en la trama participaba un asesor de confianza del Gobierno andaluz.

En los cuatro días siguientes a la llamada de alerta a Bendodo, y como desveló Diario de Sevilla citando un informe de la UDEF, su viceconsejero Antonio Sanz mantuvo 16 contactos telefónicos con aquel asesor, finalmente cesado y ahora imputado. Habló con él antes que con el empresario denunciante en lo que uno de los informes policiales incorporados al sumario califica de secuencia "incomprensible". La Junta destituyó al empleado de confianza bajo sospecha a los seis días de iniciar una investigación oficial interna que no se abrió hasta transcurridos más de dos meses del aviso de delito: exactamente, las actuaciones comenzaron el 4 de diciembre de 2020.

Un atestado policial destapa que cuando al asesor de confianza se le bloqueó el ordenador por orden oficial cinco días después, el 9 de diciembre de 2020, y acabó despedido a la mañana siguiente, la bandeja de entrada de su cuenta de correo corporativo y la papelera estaban ya vacías. No quedaba "ningún correo electrónico" fechado entre junio de 2019 y octubre de 2020. Y eso –sostiene la UDEF en un atestado al que ha accedido infoLibre– indica "la ausencia total de actividad en dicho periodo o bien el borrado sistemático de dichos correos". Como señala también la Policía, el finalmente despedido había dispuesto de un "tiempo considerable" para acceder "libremente" a sus emails. El 11 de diciembre la Junta de Andalucía interpuso denuncia ante la Fiscalía. La compra de los test ofrecidos por Félix Guerrero no llegó a efectuarse.

A última hora de este miércoles, infoLibre logró contactar con Guillermo González, el asesor despedido e imputado en la causa que instruye el juzgado de instrucción 2 de Sevilla. Según sus palabras, "se han recuperado todos los correos, no encontrando irregularidad alguna y eso está en un informe policial del sumario. El buzón estaba vacío porque se va autolimpiando de manera automática". Este periódico no ha podido aún verificar tal afirmación a través de otras fuentes ni de documentos incorporados a las diligencias judiciales.

El vecino que le dio la alerta al número dos del presidente Moreno

En respuesta a las preguntas sobre el caso, fuentes oficiales de la Consejería de Presidencia de Andalucía recalcaron que el comportamiento de la Junta ha sido diligente y ejemplar: "Somos el único caso conocido de un Gobierno que, tras recibir una denuncia de un empresario, abre una investigación, despide a un asesor y denuncia los hechos ante la Justicia. Así consta en el sumario y así lo atestigua la UDEF".  La UDEF, agregaron las mismas fuentes, "también tiene claro" que la Junta de Andalucía “ha colaborado plenamente, aportando toda la documentación y los efectos requeridos e incluso aportando por propia iniciativa indicios de investigación”.

Vecino esporádico de Bendodo en una urbanización malagueña, fue el empresario Félix Guerrero quien, por teléfono y el 22 de septiembre de 2020, le alertó de que al poco de ofrecer él mismo al Ejecutivo andaluz unos maletines de test covid importados por su compañía, le habían contactado unos intermediarios. Fueron ellos quienes tomaron la iniciativa de localizarle. Y añadió en su conversación con Bendodo cómo esos intermediarios le transmitieron que en vez de fijar para el lote un precio de venta de 19,4 millones debía pedir cinco millones más: exactamente, 24.457.125 euros. Guerrero remarcó que se negó, añadió que comprendió al instante que estaba ante un potencial delito y llamó a Bendodo, a quien dos meses antes había ofrecido los test covid. Según el sumario, Bendodo encargó a su viceconsejero que averiguase qué estaba pasando.

El principal intermediario del que Guerrero habló al consejero se llama Manuel García Gallardo, empresario jerezano, exmilitante del PP de Cádiz según publicó en 2005 el diario El País y condenado en 2019 a 10 años de prisión en un juicio por estafa a la entidad pública Zona Franca de Cádiz bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. El Supremo ha ordenado repetir la vista. 

Sorprendido de que "un delincuente" –expresión literal del denunciante recogida en el sumario–, entablase contacto con él, Félix Guerrero le dijo algo más al consejero andaluz de Presidencia, que ahora compagina su actividad como número dos del Gobierno de Juan Manuel Moreno con el cargo de coordinador general del PP en el equipo de Alberto Núñez Feijóo. Y lo que le contó es que el intermediario Manuel García Gallardo le había dicho que en aquella operación para incrementar en cinco millones el precio de los maletines de test participaba un eventual de confianza de la Consejería de Salud: Guillermo González.

"Tenderle una trampa" al asesor bajo sospecha

Cuando durante su declaración como testigo el juez remarcó a Sanz la existencia de 16 contactos telefónicos con Guillermo González, detallando incluso que una de las llamadas había durado 15 minutos, el viceconsejero reiteró lo que se resume en una de sus frases literales: "Yo solamente hablé con él una vez". A los dos días de la llamada de 15 minutos, la Policía registra otra de 7,5 minutos. Aquí, y según la tabla de comunicaciones que consta en el sumario, se produjo el sábado 26 de septiembre de 2020 a las 13.18 horas. Ese mismo sábado y antes de la llamada, Sanz envió a Guillermo González cuatro whatsapps y un SMS. Sanz fue presidente del PP de Cádiz y delegado del Gobierno en Andalucía durante el mandato de Mariano Rajoy.

Su único objetivo con las conexiones telefónicas –solo aquel sábado se contabilizan cuatro whatsapps enviados por Sanz al asesor Guillermo González–, había sido contactar con el empleado sospechoso para “tenderle una trampa”. Y para citarle así a una reunión. Convocarle, en suma, so pretexto de abordar su deseo de que la Junta le trasladara a la empresa pública Extenda. La UDEF considera que el tráfico de llamadas enunciado en el párrafo anterior resulta "incongruente con lo manifestado por ambos [Antonio Sanz y Guillermo González] en sus respectivas toma de declaraciones [policiales]".

Fue en su otra declaración testifical, la prestada ante el juez de instrucción 2 de Sevilla, donde Sanz aseguró que nunca desveló ante el tal Guillermo González nada sobre la denuncia verbal de Guerrero. Pero aun así concluyó que el asesor le estaba "mintiendo". Y eso ocurrió en la reunión presencial que mantuvieron los dos. ¿Cómo y por qué dedujo que mentía? Pues, según sus palabras, lo descubre cuando, al ver que el asesor se presentaba como quien contactaba con las empresas ofertantes de suministros, aprovechó para sacar a colación el nombre de Manuel García Gallardo.

La transcripción literal de lo que el viceconsejero expone ante el juez desde ese momento es la que sigue: "Entonces digo 'pues me han dicho que hay una persona de Cádiz que está mucho en contacto con vosotros de las empresas y que se llama Manuel García Gallardo". Le cambia la cara [al asesor]. 'Yo no conozco nada [dice el asesor], yo no conozco de nada, no conozco nada de ese hombre'. (...). A partir de ahí yo ya me di cuenta [de] que este hombre reacciona y me está mintiendo. Y ya cierro la conversación". En resumen, el nerviosismo de Guillermo González es lo que convence a Antonio Sanz el lunes 28 de septiembre de que el asesor está involucrado. A tenor de su relato, lo infiere sin hacerle preguntas concretas sobre el asunto.

En cuanto habla con el asesor bajo sospecha, Sanz afirma que contacta con el empresario denunciante, Félix Guerrero. "A mí Félix -narra el viceconsejero ante el juez- lo único que me dice es todo el relato de los hechos. Me dice que me dará todo. Nunca me dio nada. Pero ante el relato de los hechos ya nos damos cuenta de que el tema era grave o tenía dosis de mucha verosimilitud y por lo tanto, inmediatamente decidimos abrir una investigación interna". Las actuaciones previas de carácter administrativa se abrieron 68 días después de la reunión entre Sanz y el asesor Guillermo González.

De la lectura del sumario se desprende que el empresario denunciante lo había grabado todo. Y que los audios están en poder de la Policía desde marzo de 2021. El contenido de correos que dirigió a la Junta de Andalucía indican cuál fue su tesis para no facilitar las grabaciones al Gobierno andaluz: quería que se estableciese una fórmula para garantizar la exactitud de las copias y la preservación de los originales. Guerrero ha rehusado hablar con este diario.

"Esclarecer los hechos" era el objetivo de las 16 conexiones telefónicas

infoLibre envió este miércoles a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía varias preguntas sobre el caso. En lo relativo a las 16 conexiones telefónicas con el asesor supuestamente involucrado –un tráfico "inusual", según la Policía–, fuentes oficiales de la Consejería respondieron así: "El tráfico de llamadas se limitaba a esclarecer los hechos tal y como denunciaba el empresario inicialmente". Las mismas fuentes subrayaron que el papel del Gobierno andaluz había sido ejemplar: "Somos el único caso conocido de un Gobierno que, tras recibir una denuncia de un empresario, abre una investigación, despide a un asesor y denuncia los hechos ante la justicia. Así consta en el sumario y así lo atestigua la UDEF".

A la pregunta sobre por qué la investigación oficial interna (Procedimiento de Actuaciones Previas 1/2020) se abrió el 4 de diciembre si, tal como declaró ante el juez Antonio Sanz, ya en la última semana de septiembre se percató de que el asesor “estaba mintiendo”, la respuesta difirió de lo que el viceconsejero declaró ante el juez: "La investigación interna se abre porque el empresario no ofrece las pruebas en ningún momento más allá de su testimonio. De hecho, cuando se decide denunciar a la Fiscalía se le reclama por burofax que aporte las grabaciones. La investigación interna se abre porque había que comprobar los términos exactos de su denuncia. La propia UDEF admite que, literalmente “lo cierto es que precisamente las personas responsables de la compra, una vez alertados, trataron de esclarecer los hechos (…) y finalmente presentaron la denuncia ante la Fiscalía ante la reticencia del empresario”.

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El párrafo del atestado de la UDEF citado por portavoces de la Consejería andaluza de Presidencia en su respuesta a este periódico dice textualmente lo que viene a continuación: "Lo cierto es que precisamente las personas responsables de la compra, una vez alertados, trataron de esclarecer los hechos, ciertamente no del modo más inequívoco, como se verá más adelante, y finalmente presentaron la denuncia en Fiscalía, ante la reticencia del empresario, cuya justificación o no es ajena a esta investigación, aunque se entienda comprensible en su posición de desconfianza".

Frente a la versión de Antonio Sanz sobre cómo descubrió que estaba ante un caso grave que requería una investigación, el ya exasesor imputado en el caso, Guillermo González, negó que la Junta de Andalucía tuviera alguna prueba contra él. "Las acciones que se realizaron desde la Consejería se debieron a la presión que se desató", declaró en tono calmado durante una conversación telefónica cuya literalidad validó luego mediante un mensaje de WhatsApp. "Nunca –añadió Guillermo González– envié ni recibí ningún correo a Manuel García Gallardo". A la pregunta de si va a emprender acciones legales, respondió que está esperando "a que todo esto se aclare" siguiendo las recomendaciones de su abogado.

Sobre las 16 conexiones telefónicas con el viceconsejero de Presidencia, remarcó que "se resumen realmente en dos llamadas y varios mensajes de whatsapp y fueron solo para la reunión que tuve con Antonio Sanz". En esa reunión -siguió diciendo en coincidencia con la versión de Sanz- "solo hablamos de mi posible incorporación laboral en otra entidad", es decir, a Extenda. Sobre su situación actual como uno de los cuatro imputados en la causa -los otros tres son Manuel García Gallardo y dos personas de su entorno empresarial- González dijo sentirse así: "Estoy viviendo una situación absolutamente injusta y de vulneración de la presunción de inocencia a pesar de que no hay absolutamente nada contra mí. Ante esta situación, he solicitado el archivo y sobreseimiento, al menos, en cuanto a la investigación relativa a mi participación en el asunto".