"Se ponen sujeciones sin tenerlas pautadas": los audios de la residencia gallega investigada

“Yo juraría que este señor cuando entró en la residencia no tenía pautado cinturón de sujeción y aquí se están poniendo sujeciones sin tenerlas pautadas. Tiene que ser una orden médica o de enfermería”. La frase pertenece a uno de los audios recopilados por el colectivo Traballadoras das Residencias de Galicia (Trega) y fue pronunciada por una de las personas que trabaja como auxiliar de enfermería en el centro de mayores Mi Casa (ubicada en la localidad de Pazos de Borbén, cerca de Vigo), denunciado por la organización y por la asociación de familiares Vellez Digna por no cumplir las “normas sanitarias e higiénicas básicas”. La residencia tiene además un expediente abierto y en trámite por parte de la Xunta, según confirmó este jueves el presidente gallego, Alfonso Rueda.

El contexto en el que se produjo la conversación, según informa Trega a través de testimonios de los propios trabajadores, es el siguiente: uno de los usuarios de la residencia tuvo una caída, tras la que no se le derivó al hospital. “Le pusieron dos tiras de aproximación sin mandarlo al hospital”, se escucha decir al trabajador. “No quisieron”, añade, tras lo que menciona que la responsable de la decisión fue “Lucía madre”, refiriéndose —como se desprende de las denuncias de Trega y Vellez Digna— a Lucía Suárez, madre de la administradora de Gerpesa Social S.L. —empresa que gestiona el centro desde el 1 de enero—, Lucía Pedroso.

La presencia de Suárez, de hecho, forma parte de las denuncias de la asociación de trabajadoras y la de familiares a las Consellerías de Política Social y Sanidad. “Lucía Suárez […] es la encargada de discernir qué residente utiliza sujeciones. Esta competencia es exclusiva del médico y debe ser firmado y consentido por los familiares”, expone Trega ante la Inspección de Servizos Sociais. “Esta mujer [...] ordena ‘atar’ a dependientes sin el consentimiento de su familia, ni recomendación médica”, añade Vellez Digna ante cinco organismos de la Xunta responsables de inspeccionar y velar por las prestaciones en los centros de mayores.

Precisamente el uso de sujeciones en los centros de mayores es una de las prácticas que el Gobierno pretende limitar, convirtiendo su utilización en algo “excepcional”, según se recogía en uno de los borradores que el Ministerio de Derechos Sociales puso sobre la mesa de diálogo social que comparte con patronal y sindicatos para mejorar el modelo residencial en España. La vía “excepcional”, según el documento, consiste en la acreditación de “un peligro inminente que ponga en riesgo la seguridad física de la persona usuaria, de las personas cuidadoras o de terceras personas”. Debe recogerse, además, el fracaso de otras alternativas, aplicarse de manera temporal y con la menor intensidad posible y comunicar la actuación al Ministerio Fiscal.

En Mi Casa, según la denuncia de Trega, las sujeciones, además de arbitrarias, son peligrosas. “Las medidas de sujeción física […] tienen los cierres rotos, pero aun así se siguen utilizando, anudándolos. Esto pone en grave riesgo la salud y la vida de los usuarios, sobre todo si se produce una urgencia como podría ser un atragantamiento, en el que debe realizarse una maniobra específica inmediatamente para evitar la asfixia”, expone la organización.

La residencia, en cambio, niega todas estas informaciones. Según ha afirmado la trabajadora social del centro a infoLibre, "todas las sujeciones" tienen "prescripción médica" y "consentimiento familiar", y esas autorizaciones "se renuevan todos los años". "Inspección las revisó y no hubo incidencias", añade. Según informan desde Trega, los servicios de inspección de Política Social y Sanidad visitaron el centro en varias ocasiones durante las últimas dos semanas.

Distinción entre quien paga plaza privada y “los de la Xunta”

Ese no es el único audio con el que Trega denuncia el "maltrato permanente" que sufren los usuarios, en palabras de Vellez Digna. En otro, también recopilado por la organización, se puede escuchar una conversación de Suárez con sus trabajadores, a los que pregunta por qué algunos usuarios están en unas habitaciones y no en otras. “Yo quiero a todas, pero me ponéis a [...] la mejor que tengo aquí en una habitación de atrás. [...] Tenéis delante a dos viejas […] de la Xunta”, pronuncia. Se refiere, explica la asociación de trabajadoras, a que había dos mujeres con plaza financiada por la Xunta —el centro tiene 58, de las cuales 22 son pagadas por el Gobierno autonómico— en las habitaciones más cómodas.

Vellez Digna también lo incluyó en su denuncia. “Se hacen constantes cambios de habitaciones, dejando siempre las peores, las del lado de la carretera y con ruidos, para ‘los de la Xunta’. Esta práctica provoca que a veces en las puertas no figure el nombre del usuario, también errores de medicación y desorientación de los residentes”, recoge la asociación, que denuncia también que la residencia era un antiguo hostal que nunca se adaptó correctamente a la estructura necesaria para un centro de mayores. “Incumple numerosas normas de seguridad y varios de los requisitos de construcción en cuanto a infraestructura”, señala.

infoLibre también preguntó al centro por esta cuestión, que también fue negada por la trabajadora social. "Nadie del centro, incluidas las auxiliares y Lucía madre, sabe quién es de la Xunta y quién no. Eso solo lo sé yo, que mando las incidencias", dice, añadiendo que se decide quién duerme en cada habitación en función de sus patologías. "Intentamos que haya dos personas más o menos homogéneas. No distinguimos entre quién nos paga", sostiene.

Trega amplía la denuncia

En cualquier caso, y después de que Rueda confirmase que hay un expediente tramitándose, la asociación Trega amplió por tercera vez la denuncia este viernes 20 de mayo ante la Inspección de Servizos Sociais, departamento al que entregó nuevas fotografías para acreditar lo expuesto. La trabajadora social, por su parte, negó que las añadidas a las anteriores denuncias mostrasen la realidad que se vive en el centro.

En el nuevo documento, al que ha tenido acceso infoLibre, se insta al Servicio Galego de Saúde a que "realice una valoración del estado de salud de todos los residentes del centro" y a que Política Social informe "de las medidas tomadas a partir de las denuncias interpuestas". Porque por el momento solo han informado a Vellez Digna a través de un documento en el que se indica que "el día de la visita [de la inspección] se estaban llevando a cabo obras de mejora en la residencia" y que "las deficiencias indicadas [en la denuncia] ya fueron enmendadas". Además, y en lo relativo a la falta de organización del trabajo que criticó Vellez Digna, se asegura que "consta que recientemente se contrató a una persona para llevar a cabo funciones de coordinación que se está encargando de la planificación del trabajo del personal auxiliar". "Respecto a la medicación", continúa el documento de la Xunta consultado por infoLibre, "el día de la inspección se constató que" la que se administra "a las personas usuarias está en blisters preparados por una farmacia de la zona" y que la que no estaba en dicho formato no estaba caducada.

Lo que sí encontró la inspección, añade, fueron "incumplimientos con el personal de enfermería y cocina, por lo que se ha requerido al centro su inmediata subsanación y acreditación". Además, "el personal inspector requiere al centro que mantenga un estado de limpieza y salubridad óptimos y le indica que los menús deben estar supervisados por el personal técnico especialista en nutrición y en perfecto estado de conservación". "Dadas las características de las personas usuarias, se ha requerido" que las comidas se den en "horarios razonables", añade la Xunta, que también exige que se registren "las actividades básicas de la vida diaria" de los mayores. Sobre las úlceras, por último, la inspección pide a la residencia "que se remita al servicio de inspección un informe diario de las curas realizadas".

La denuncia ampliada de Trega, en cambio, constata una realidad diferente. "No existe la intención de mejorar la calidad asistencial, el cumplimiento de las ratios, la salud de los residentes, las mejoras estructurales, la organización adecuada del trabajo, etc.", critican. Y ponen en conocimiento, además, que "el médico del centro sigue acudiendo 4 horas semanales" al centro, que no hay "colchones y cojines anti-escaras suficientes", que "se sigue sin poder realizar cambios posturales adecuados", que "la alimentación sigue siendo de mala calidad", que "las medidas de sujeción continúan estando en mal estado" y que "como consecuencia de las denuncias en el centro se ha comenzado una 'caza de brujas', buscando culpables entre los trabajadores del centro".

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Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) registró este miércoles cuatro documentos ante el Parlamento de Galicia tras conocer las situaciones denunciadas en Mi Casa. “Para nuestro grupo parlamentario estos hechos denunciados y la reincidencia de la empresa en la vulneración de sus deberes pero sobre todo de los derechos fundamentales de las personas usuarias urgen, una vez más, la necesidad de diseñar un nuevo modelo de residencias que ponga la vida y los derechos de las personas mayores en el centro”, expone la formación.

Con “reincidencia”, el BNG se refiere a lo ocurrido en 2017, cuando la Consellería de Política Social abrió un expediente al centro por sobreocupación: había 63 ancianos para 58 plazas. La propia Pedroso lo admitió, aunque aseguró que los mayores estaban en perfectas condiciones. La Confederación Intersindical Galega (CIG), en cambio, denunció que durante la inspección que constató esta sobreocupación había cinco personas mayores escondidas en un galpón, algo que Pedroso también negó. Más tarde, fue constatado por la Guardia Civil, que añadió que los ancianos estaban en buen estado y acompañados por un cuidador.

Con lo expuesto, la formación nacionalista pregunta a la Xunta —de forma oral y escrita— por las inspecciones que ha tenido el centro en los últimos cinco años, por la existencia o no de sanción tras lo ocurrido en 2017, por la valoración de la situación en Mi Casa y por si el Gobierno tenía conocimiento de lo denunciado antes de que Trega y Vellez Digna presentasen sus documentos. El BNG registra, además, una proposición no de ley para debatir en Pleno y comisión en la que solicita copia de las actas de inspección de los últimos cinco años y de los expedientes incoados por las irregularidades que se pudieron detectar en ese periodo.