Mayores con úlceras y sobre camas rotas: trabajadoras y familiares exigen retirar la licencia a una residencia gallega
Mecanismos de sujeción física sin medidas de seguridad y utilizadas sin conocimiento de los familiares. Mobiliario desgastado, cuando no roto. Alimentos "de escasa calidad y poca variedad". Tratamientos, curas y cuidados asumidos por auxiliares de enfermería, gerocultoras e incluso trabajadoras de la limpieza por ausencia de enfermera. Úlceras, infecciones de orina... Esas son solo algunas de las situaciones que, según tres denuncias interpuestas por el colectivo Traballadoras das Residencias de Galicia (Trega) y la asociación Vellez Digna ante las consellerías de Política Social y de Sanidad, viven los mayores en la residencia Mi Casa (en la localidad de Pazos de Borbén, cerca de Vigo). "Los residentes sufren un gran deterioro cognitivo. Al mes de entrar en el centro, la mayoría de residentes deja de caminar", relata Sonia Jalda, presidenta de Trega.
La gestión de la residencia, que pertenece a la entidad Rapesua S.L., compete a la empresa Gerpesa Social desde el pasado 1 de enero. Su administradora, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, es Lucía Pedroso Suárez. El centro, aunque privado, tiene 22 de las 58 plazas financiadas por la Xunta de Galicia y se presenta en su web como un lugar que, "desde su fundación en 1998", trabaja "para mejorar la calidad de vida de los residentes". "Nuestra amplia experiencia en el sector nos permite ofrecer a nuestros residentes toda la atención que merecen, con el máximo cuidado, la máxima consideración y el máximo respecto", explican en su web. "En la Residencia Gerontológica Mi Casa cuidamos todos los detalles para ofrecer una atención de la máxima calidad a nuestros residentes y a sus familias. Por y para ello incluimos una amplia cartera de servicios para que nuestros usuarios encuentren todas las comodidades y las atenciones que precisan", añaden.
Sin embargo, esa descripción poco tiene que ver con la realidad que relatan desde Trega y desde Vellez Digna. "Hay una falta de higiene absoluta y que va contra todo sentido común. Hay desorden y el material está deteriorado. Respecto a las cuestiones sanitarias, solo hay médico cuatro horas a la semana y enfermera tres", denuncia Francisco Xosé Bernárdez Solla, presidente de Vellez Digna.
Su asociación presentó una denuncia de manera telemática el pasado 5 de mayo ante cinco organismos de la Xunta responsables de inspeccionar y velar por las prestaciones en los centros de mayores. En ella solicitaban que se realizase "una inspección, exhaustiva y a fondo" del centro, al que pidieron la retirada de la licencia "por no cumplir normas sanitarias e higiénicas básicas". Además, solicitaron la retirada de la acreditación de centro sanitario y de centro residencial y, por último que se trasladase a los usuarios a otras residencias "hasta garantizar el cumplimiento de toda la normativa".
Lo mismo pidieron desde Trega dos días antes, el 3 de mayo, ante la Inspección de Servicios Sociales de la Consellería de Política Social, departamento que ha confirmado a infoLibre que, a raíz de una denuncia, inspeccionaron el centro el día 5. "Entra dentro de lo normal, siempre que se recibe un escrito, se inspecciona", señala un portavoz, que añade que durante la visita se encontraron "varias carencias que fueron notificadas al centro, que se encuentra dentro del plazo legalmente establecido para subsanarlas". La Consellería no especifica sin embargo cuáles son esas carencias, precisamente por estar en periodo de subsanación.
Desde Trega aseguran que también visitó la residencia el pasado 9 de mayo una inspección de Sanidad. Esta consellería no ha respondido a las preguntas de infoLibre sobre la visita. Lucía Pedroso, la administradora de la empresa que gestiona el centro, sí lo hizo. "Sí, inspeccionaron y nos dijeron que había alguna cosa mal, pero nada del otro mundo. Vinieron como vienen todos los años", asegura en conversación telefónica con infoLibre. Y añade que no tiene constancia de "ninguna denuncia, ni formal ni informal".
El viernes 13 de mayo, Trega envió otro escrito a la Consellería de Política Social. "Tenemos conocimiento de que la Inspección se ha presentado en las instalaciones y ha abierto expediente ante las irregularidades observadas [...]. No ha variado nada [...]", los trabajadores "siguen sin poder realizar correctamente sus funciones diarias con profesionalidad por falta de personal y de recursos, con unas instalaciones deplorables, la organización del trabajo sigue siendo denigrante y los residentes siguen sin recibir una atención mínima adecuada", reza el escrito.
Ese día, preguntada de nuevo, la administradora de Gerpesa volvió a asegurar que el centro tuvo "inspecciones rutinarias, como siempre". Sobre el contenido de las denuncias, aseguró que "toda esa información es falsa". "Si fuera cierta nos cerrarían el centro", añadió, además de negar ser la directora de la residencia, a pesar de que en las denuncias interpuestas figura como tal. Consultada sobre quién realiza esa función, no ofreció ninguna respuesta.
Sillas rotas, toallas compartidas y alimentos sin separar
La denuncia interpuesta por Trega el 3 de mayo ante Política Social incluye hasta 41 puntos que evidencian, dice la asociación, que el centro tiene "unas instalaciones deplorables, con una organización del trabajo que denigra a sus subordinados y que revierte en una falta de atención que repercute gravemente en la salud y en el bienestar de los residentes del centro".
Por ejemplo, relatan que "las medidas de sujeción física utilizadas con los usuarios tienen los cierres rotos, pero se siguen utilizando anulándolos", lo que "pone en grave riesgo la salud y la vida de los usuarios, sobre todo si se produce una urgencia" como un "atragantamiento, en el que debe realizarse una maniobra específica para evitar la asfixia". "También nos consta que hay usuarios con sujeciones sin que sus familiares hayan firmado el preceptivo consentimiento informado. Lucía Suárez, en calidad de madre de la directora del centro y jubilada, es la encargada de discernir qué residente utiliza sujeciones", añade la denuncia.
En cuanto a las comidas, Trega destaca que el menú servido semanalmente no se corresponde al que se anuncia, además de que "no hay dietas especiales". "Todos comen lo mismo, ni siquiera hay galletas para diabéticos. Solamente hay dos texturas: normal y turmix", añade la denuncia. "Hay una cocinera de lunes a sábado, el domingo cocina una trabajadora con la categoría de limpiadora. [...] Los alimentos que se suministran son de escasa calidad y poca variedad, con una aportación escasa de proteínas", prosigue.
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Además, desde Trega también se denuncia que "la empresa carece de un sistema de recogida de residuos" y que "los útiles de cocina como tarteras, ollas, cazos y sartenes se encuentran en un estado lamentable, algunas rotas, desconchadas, golpeadas". Por otro lado, "el centro no dispone de almohadas para que el personal pueda realizar los cambios posturales a los usuarios, lo que redunda en una altísima incidencia de úlceras por presión de diferentes grados". "No existen registros de cambios de pañal", que "solamente los realizan tres veces al día". "Los usuarios permanecen mojados o con heces el resto del día, aumentando el riesgo de infecciones de orina, problemas de piel y úlceras por presión", añade la denuncia de Trega, que pone en conocimiento también que "no hay enfermera a jornada completa". "Los tratamientos, curas, cuidados, etc., en parte son asumidos por el personal auxiliar de enfermería/gerocultor o limpiadores", añade.
Respecto a las habitaciones, hay "mesas rotas y colchones deteriorados" y, además, "carecen de baño" y de "timbre de llamada, lo que se traduce en que un residente no tiene posibilidad de comunicarse con los trabajadores si se encuentra indispuesto en la habitación".
En 2017, según publicó La Voz de Galicia, la Consellería de Política Social abrió un expediente al centro por sobreocupación: había 63 ancianos para 58 plazas. La propia Pedroso lo admitió, aunque aseguró que los mayores estaban en perfectas condiciones. La Confederación Intersindical Galega (CIG), en cambio, denunció que durante la inspección que constató esta sobreocupación había cinco personas mayores escondidas en un galpón, algo que Pedroso también negó. Más tarde, fue constatado por la Guardia Civil, que añadió que los ancianos estaban en buen estado y acompañados por un cuidador.
