Las políticas preferidas por la clase alta tienen en España hasta tres veces más opciones de aprobarse

Quizás el lector pueda comprobarlo en su entorno. ¿Qué opina ese amigo ingeniero, directivo en una empresa, sobre tal asunto de candente actualidad? ¿Cuál es el parecer de ese otro amigo, ese que no tiene empleo y apenas estudios, sobre tal tema que se comenta en las tertulias? Pues sean cuales sean las opiniones, es más probable que el punto de vista del primero, del ingeniero, sea compartido por el Gobierno y –lo que es más importante– que adopte sus medidas políticas en consecuencia. Sí, el BOE sonríe a los pudientes. Las políticas deseadas por la clase alta tienen hasta tres veces más posibilidades de salir adelante que las anheladas por la baja. Más de cuatro décadas de opiniones y medidas políticas lo demuestran.

La conclusión se extrae del artículo Desigualdad de respuesta política en España, de los politólogos especializados en opinión pública Alejandro Tirado Castro y Noam Lupu. El trabajo parte del análisis de cuarenta años de encuestas de opinión (1976-2016) del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Las preguntas-respuestas son agrupadas por los autores en cuatro áreas: 1) Política económica y social, donde entran salarios, impuestos, gasto o servicios públicos. 2) Procesos políticos, como la reforma constitucional y la autonomía regional. 3) Seguridad nacional y asuntos exteriores. 4) Cuestiones "culturales", como divorcio, matrimonio homosexual o inmigración.

¿Qué hacen los investigadores con esa gigantesca masa de información recabada por el CIS? Básicamente, tres cosas. Primero categorizan tres grupos según el nivel de estudios y otros tres según la ocupación, que llamaremos aquí niveles bajo, medio y alto. Después observan qué responden los encuestados según cada uno de esos niveles, para ver qué opinión predomina sobre cada política en cada uno de los grupos. Por último, comprueban en línea con qué opiniones se producen –si es que se producen– los cambios políticos nacionales en los cuatro años posteriores a las pregunta. El objetivo es comprobar con quién se alinea más el Gobierno, ciñéndose en todo caso al Gobierno central –mejor dicho, a los sucesivos gobiernos centrales–. Es decir, dejando fuera a comunidades autónomas y ayuntamientos.

Desacuerdo de opinión entre clases sociales

Lo primero que detectan los investigadores –Tirado Castro, de la Universidad Carlos III; Lupu, de la Vanderbilt, en Estados Unidos– es que hay "muchos casos de desacuerdo político sustancial entre los españoles más y menos acomodados", según anotan los autores en el artículo, publicado en la Socio-Economic Review, revista de la Universidad de Oxford. Sobre 100, la diferencia entre el grado de apoyo al conjunto de las 214 políticas analizadas es de 13 puntos según la educación y de 6,1 puntos según la ocupación. Se podría decir que el apoyo a las políticas difiere un 13% entre los de mayor nivel educativo –universitarios– y los de menor nivel –sin estudios o con estudios primarios– y 6,1 entre los de mayor nivel profesional –directivos y altos profesionales– y los de menor nivel –trabajadores no cualificados–.

Las diferencias de opinión son mayores según la educación de los encuestados en temas económicos y de asuntos exteriores-seguridad. En lo que respecta a la ocupación, las mayores discrepancias se dan sobre temas culturales, levemente por encima de los económicos. Es llamativo: la posición profesional influye de forma muy significativa en los siempre apasionados debates culturales, tan en boga en todo Occidente.

Políticas populares para la clase alta o la baja

Aquí llegamos al punto clave del artículo, que nos permite ver si las políticas finalmente adoptadas están más alineadas con los de arriba o con los de abajo. La respuesta es inequívoca: más con los de arriba. Veamos el detalle.

Los autores identifican una serie de políticas que son consideradas "populares" en un sector social, es decir, que son apoyadas por el 75% o más de los encuestados de un determinado nivel de estudios u ocupación. Pues bien, si una política es "popular" entre universitarios, tiene un 56,8% de posibilidades de salir adelante, frente a un 40,6% si es "popular" entre aquellos sin estudios o con Primaria. Si tiene elevada aceptación entre profesionales de alto nivel, tiene un 53,3% de opciones de ser aprobada, en contraste con el 45,5% de las políticas apoyadas por los no cualificados.

Medidas sobre las que hay discrepancia según la clase

Pero el examen no acaba ahí. Las diferencias son aún mayores entre las políticas que son "populares" entre los que tienen estudios superiores pero al mismo tiempo tienen bajos niveles de aceptación entre los que sólo tienen Primaria o no tienen estudios [Se considera bajo nivel de aceptación que tenga al menos cinco puntos menos de respaldo que entre aquellos para los que es popular y siempre menos del 70%]. ¿Qué posibilidades tiene de salir adelante una medida cuando se da esta doble característica, siendo del agrado de los mejor situados y de mucho menos agrado de los peor situados en el terreno educativo? Nada menos que el 78,6%. Ahora bien, si hacemos la operación al revés –una medida que gusta a los de abajo mucho más que a los de arriba–, el porcentaje de posibilidades de la política de convertirse en realidad baja al 25%.

Dicho de otro modo: las políticas preferidas por la clase alta –categorizándose dicha condición en base a estudios– tienen tres veces más posibilidades de ser aprobadas que las preferidas por la clase baja.

El porcentaje puede cambiar, por ejemplo haciendo la misma operación con políticas "populares" entre altos profesionales e impopulares entre los no cualificados. En este caso, tienen un 66,7% de posibilidades de concretarse. ¿Y al revés? Un 30%. Es decir, las políticas preferidas por la clase alta –en base a ocupación– tienen más del doble de opciones de salir adelante que las preferidas por la baja.

Al gusto de los de arriba

"La popularidad de una política entre los más acomodados parece ser más importante [que la popularidad de los menos pudientes] en el proceso de elaboración de políticas", concluyen los autores. Y añaden: "Cuando las preferencias de los más acomodados y los menos acomodados difieren, los primeros tienen más probabilidades de conseguir lo que quieren".

"Independientemente de cómo identifiquemos los grupos socioeconómicos en España y del enfoque que apliquemos para analizar nuestros datos, observamos sistemáticamente que los ciudadanos más acomodados tienen más influencia sobre los resultados de las políticas que los menos acomodados", exponen los dos investigadores, que subrayan que la mayor desigualdad en la respuesta política se da en las políticas culturales, por delante de las económicas.

Un reflejo en el BOE

Todo ello tiene un reflejo en el BOE, es decir, en qué políticas se acaban llevando a cabo. Ante la pregunta "A ninguno nos gusta que suban los impuestos, pero suponiendo que el Estado tuviera que aumentarlos, ¿cuál le disgustaría más que subiera: el IRPF o el IVA?", un 33,5% de los encuestados con bajo nivel de estudios respondió que el IRPF, con menor afectación en las rentas más bajas, frente sólo un 15,66% que dio esta respuesta entre los de nivel educativo alto. En los cuatro años siguientes, no hubo cambios en el IRPF, una decisión política más acorde con los deseos de los ciudadanos en mejor posición socioeconómica.

Más claras aún quedan las cosas cuando se pregunta si es deseable que el Gobierno controle los beneficios de las "grandes empresas". Estos fueron los porcentajes a favor según los distintos niveles educativos y profesionales:

– Bajo nivel de estudios: 57,97%.

– Bajo nivel profesional: 38,86%.

– Alto nivel de estudios: 9,46%.

– Alto nivel profesional: 5,19%.

Es decir, es una medida que gusta mucho más a la clase baja que a la alta. Pues bien, no hubo medidas de control de dichos beneficios. Es decir, quedaron más contentos los ciudadanos de alto nivel de estudios y alto nivel profesional.

La diferencia de visión entre clase alta y baja se observó también en temas como la integración de España en la OTAN, que agradaba a un 77,65% de los directivos y altos profesionales y a un 68,55% de los trabajadores no cualificados. España sí entró, como es sabido.

El 75,12% de los encuestados con bajo nivel de estudios se mostraron a favor de una ley que obligara a la presencia de mujeres en la dirección de las empresas, más de 20 puntos por encima de los de alto nivel de estudios (54,55%). No hubo ninguna medida en ese sentido en los cuatro años siguientes.

En el terreno cultural, los ciudadanos en mejor posición –educativa y profesional– han dado a lo largo de los cuarenta años de encuestas analizadas por los dos investigadores más apoyo a medidas como las leyes del divorcio, del matrimonio entre personas del mismo sexo y de igualdad de género, entre otras.

"Los españoles con menos recursos tienden a tener opiniones sociales más conservadoras, mientras que las políticas sobre cuestiones culturales [...] han evolucionado en una dirección sistemáticamente progresista durante las últimas cuatro décadas", anotan Tirado Castro y Lupu. En este caso, parece que el alineamiento con las posiciones de los más acomodados conduce a políticas de avance social.

"Insensibilidad" con los menos pudientes

Del estudio puede rescatarse un puñado de valiosas conclusiones, además en un terreno académicamente poco explorado en España:

1) "Encontramos sistemáticamente –señalan los autores– que las preferencias de los más acomodados tienen más influencia en la elaboración de políticas que las preferencias de los menos pudientes".

2) Este patrón de desigualdad se mantiene "independientemente de la ideología del gobierno y del tipo de política", añaden, aunque es más pronunciado entre las cuestiones culturales y económicas.

3) "La formulación de políticas en España puede responder más a las preferencias de los grupos de clase media que en otros países, pero es desproporcionadamente insensible a los menos pudientes", escriben.

Un modelo "excluyente"

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Los autores se inclinan por atribuir la desigualdad de respuesta política a la conformación de la democracia española, que según los trabajos considerados en el artículo fue impulsada por las élites desde el franquismo a través de la Transición, lo cual le confiere de raíz un carácter "excluyente" que se muestra resistente al paso de los años y los signos políticos.

A esto se suma una "convergencia de los dos principales partidos", en referencia a PP y PSOE, en materia de política económica". "Los estudios han demostrado que los propios políticos proceden de forma abrumadora de entornos socioeconómicos más acomodados y que esto sesga su comportamiento", señalan Tirado Castro y Lupu, que descartan que la desigualdad de trato político tenga que ver con una menor participación electoral de los pobres. El estudio llega hasta 2020, es decir, cuatro años después de las últimas preguntas, por lo que no abarca toda la tarea del actual gobierno.

Un riesgo para la democracia

¿La realidad descrita por el estudio es problemática desde el punto de vista democrático? Responde Tirado Castro: "Sin duda es un problema para la calidad y la profundidad democrática. Si los ciudadanos sienten que los políticos no les escuchan, y los datos corroboran esto, su satisfacción democrática y confianza política caerá gradualmente debilitando los cimientos de las democracia. Precisamente, esta desafección generalizada puede dar lugar a un espacio político donde fuerzas anti-democráticas y con un carácter más populista tomen cada vez mayor relevancia".