Cinco años del derrumbe del Popular: miles de accionistas en la estacada y una causa penal que avanza lenta
Jueves, 26 de mayo de 2016. Una de las principales entidades financieras de España, el Banco Popular, da el pistoletazo de salida a una ambiciosa ampliación de capital de 2.500 millones. El objetivo es cubrir al máximo su excesiva exposición al ladrillo. Pero, en menos de un año, la entidad se va a pique. A comienzos del verano de 2017, las pérdidas llevan al Banco Central Europeo (BCE) a determinar que la entidad es inviable y a la Junta Única de Resolución (JUR) a permitir al Santander quedarse con el Popular por un euro. Los teléfonos de los despachos de abogados comienzan a echar humo. Y arranca un periplo judicial que aún sigue activo. Un lustro después, los responsables continúan empantanados en la vía penal mientras los inversores tratan de recuperar un dinero que cada vez ven más lejano. Principalmente, por el muro que se ha encargado de levantar la justicia europea.
Buena parte del llamado caso Popular se encuentra sobre la mesa del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Es, de hecho, una de las causas más gordas que tiene entre manos el magistrado José Luis Calama. Sin embargo, a pesar de ser la más antigua –arrancó en el otoño de 2017–, no es la única centrada en la entidad financiera que colea en la madrileña calle García Gutiérrez. En el Juzgado Central de Instrucción número 5, que capitanea Santiago Pedraz, hay también desde hace pocos meses otra investigación en curso. Pesquisas que se reactivarán a mediados de octubre, cuando el magistrado ha llamado a declarar en calidad de querellado al expresidente del Popular Ángel Ron, quien ya testificó ante Calama en el marco de la primera causa. Junto a él, están citados el exvicepresidente Roberto Higuera y la consultora PriceWaterhouseCoopers.
Un caso "extraordinariamente complejo"
Los hechos en los que indagan ambos magistrados son distintos. La causa más vieja se ha centrado en los últimos momentos de vida del Popular. En concreto, en las supuestas irregularidades contables producidas en el contexto de la ampliación de capital –es decir, en 2016– y la posible financiación a determinados clientes para que participaran en aquella operación, así como en la supuesta manipulación del mercado a través de filtraciones a la prensa que pudieron desembocar en una "fuga de depósitos" con un impacto "muy negativo en la liquidez" de la entidad financiera. Durante todo el proceso, por la Audiencia Nacional han desfilado más de una treintena de investigados, entre los que se encuentra, además de Ron, su sucesor en el cargo, Emilio Saracho. Y testigos de gran relevancia, como la presidenta de la Junta Única de Resolución.
Tras cuatro años de investigación, las pesquisas parecen próximas a concluir. Por el momento, Calama ha decidido prorrogar la instrucción hasta enero, si bien puede ponerle fin antes. Lo hizo debido al "carácter extraordinariamente complejo" del caso. Y porque todavía quedaban algunas diligencias que finiquitar. Entre ellas, la ratificación de algunos informes. Como los del Banco de España, cuyos peritos ya expusieron en su día que las cuentas de 2015 y 2016 del Popular "no respetaban determinados aspectos de la normativa contable". Otros organismos, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), resaltaron en un informe que también acabó incorporado a la causa que "la información financiera consolidada" del ejercicio 2016 no representaba "la imagen fiel de su situación financiero patrimonial".
Y mientras todos esperan ya el cierre de esta instrucción, las pesquisas bajo la batuta de Pedraz acaban de empezar. Esta segunda causa se inició antes del verano a raíz de distintas querellas interpuestas por la ampliación de capital de 2012. Sobre la mesa, un supuesto delito de estafa de inversores o incumplimiento de los deberes de información. El juez sospecha que en dicha operación pudieron darse "omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener".
De ahí que haya decidido solicitar gran cantidad de documentación. Al Banco de España, los informes de seguimiento de 2010 y 2011, los de inspección y la documentación relativa a la ampliación de capital, además de pedir que designe a dos inspectores que puedan hacer un informe sobre el folleto y la documentación contable. Y a la CNMV, el expediente administrativo para el registro y la operación.
El muro de los inversores
El derrumbe del que fue considerado uno de los principales bancos españoles no solo provocó una ofensiva penal contra los principales gestores de la entidad. También desató un aluvión de demandas de los inversores para recuperar su dinero. En total, perdieron la inversión alrededor de 305.000. Nueve de cada diez eran pequeños accionistas.
¿Cuántos de ellos la han recuperado un lustro después? "Es complicado saberlo porque es algo que ha estado en manos de multitud de despachos de abogados diferentes de todo el país", explica en conversación con infoLibre Marisa Protomártir, responsable jurídica de Asufin, la asociación de usuarios financieros. Pero de lo que sí hay certeza es de que ahora lo van a tener mucho más complicado que antes. El motivo, una resolución de la justicia europea avalando la decisión del cierre.
Una parte de los accionistas, entre los que se encontraban grandes inversores, intentaron tras el desplome del Popular abrir una brecha por la vía contencioso-administrativa. "El argumento era que no debía haberse resuelto el banco", apunta Protomártir. Es decir, se atacaba de forma directa la decisión de la JUR y, por consiguiente, la resolución dictada por la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob) que terminó por poner punto y final a la historia del Popular. Solo durante el 2018, primer año tras el desplome, la Audiencia Nacional había admitido cerca de tres centenares de recursos contencioso-administrativos. Pero el órgano judicial, al igual que hizo también el Supremo, decidió dejar en suspenso la resolución de todos ellos a la espera de ver qué decía una justicia europea a cuya puerta también habían llamado los accionistas.
Más allá de la vía contencioso-administrativa, los inversores también trataron de recuperar el dinero a través de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, de las cuales el Frob ha recibido cerca de un millar, estando más de seis centenares ya resueltas. Y por la vía civil. "En este caso, alegando que las cuentas no reflejaban la situación real de la entidad", apunta la responsable jurídica de Asufin.
Pero ahora, todos los caminos parecen bloqueados para los afectados por el cierre. Fundamentalmente, tras las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A comienzos de mayo, en respuesta a una cuestión prejudicial, cerró la puerta a que los accionistas del Popular pudieran reclamar al Banco Santander alegando que la directiva comunitaria establece que son los accionistas, y luego los acreedores, quienes "deben cargar con las pérdidas de forma prioritaria". Y ya en junio, avaló la resolución del Popular que se llevó a cabo. La sentencia resaltaba que ni la JUR ni la Comisión Europea "incurrieron en un error manifiesto de apreciación" y que la liquidación se adoptó "válidamente", persiguiendo "un objetivo de interés general".
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Es, en definitiva, un sonoro portazo en la cara de los accionistas. "Quienes han podido salir bien parados son aquellos que reclamaron al principio y cuyos casos fueron resueltos a su favor y declarados firmes antes de que se pronunciase el TJUE", explica Protomártir, quien considera que las decisiones de la justicia comunitaria son "terribles" tanto para "los inversores" como para "el sistema bancario": "¿Qué inversor extranjero va a querer ahora venir a invertir aquí?"
La asociación no es demasiado optimistas. No obstante, está estudiando otras alternativas para intentar recuperar las cantidades perdidas. Por ejemplo, a través de la llamada responsabilidad civil subsidiaria derivada de la comisión de un delito, un asunto que tendrá que dirimirse en la vía penal abierta en la Audiencia Nacional.
De momento, esa brecha sigue abierta. A comienzos de junio, el Banco Santander se escudó en las resoluciones de la justicia europea para solicitar al magistrado Calama que se le excluyese de la posible responsabilidad civil en la causa que investiga desde 2017. Pero el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 lo rechazó: "No se ve afectada por la sentencia del TJUE, la cual en ningún caso analiza la normativa sobre responsabilidad civil derivada de un delito penal en el contexto de un proceso de resolución de una entidad financiera". A pesar de ello, la responsable jurídico de Asufin se muestra cauta. Primero, porque aún tiene que producirse una condena: "En el caso Bankia los peritos del Banco de España eran más contundentes y se cerró con absolución". Y segundo, porque "tampoco está claro" que vayan a "poder reclamar" aquellos cuyo caso ya ha sido visto en la vía civil.
