Un centro universitario del Gobierno de Madrid fichó a un juez mientras instruía casos clave de corrupción del PP

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal impartió clases en un centro universitario –el Cardenal Cisneros– propiedad del Gobierno de Madrid mientras actuaba como magistrado de refuerzo en la instrucción de casos vinculados al PP: Púnica, cuya clave reside en la supuesta financiación ilegal del partido en la Comunidad de Madrid; Lezo, donde como principal investigado aparece Ignacio González, expresidente regional y antiguo delfín de Esperanza Aguirre; y Kitchen, centrado en el espionaje a Luis Bárcenas, extesorero nacional del partido.

La gestión del centro universitario –y así lo especifica también su página web– “depende de la Fundación Universitaria Fray Francisco Jiménez de Cisneros”, a cuyo frente se sitúa Enrique Ossorio, vicepresidente y consejero de Educación de Madrid. Entre 2007 y 2011 Ossorio fue gerente de una fundación, Dos de Mayo, que en sus averiguaciones sobre la financiación del PP ordenó investigar el primer juez instructor de Púnica, Eloy Velasco. (Puedes consultar aquí las autorizaciones de compatibilidad otorgadas a Abascal por el CGPJ, aunque falta la última, fechada en agosto de este año y disponible en la web del órgano de gobierno de los jueces).

La Comunidad de Madrid ejerce en Púnica y en Lezo la acusación particular, lo cual no le impidió rendir en mayo de este año homenaje a Esperanza Aguirre con el encargo de un retrato oficial cuando aún estaba imputada en el primero de los dos casos citados. Abascal ha declinado pronunciarse sobre el asunto, ofrecer información y responder a la pregunta de si considera que su nexo con un centro universitario propiedad del Gobierno de Madrid podría lesionar la apariencia de imparcialidad.

Miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y candidato del PP a un asiento en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta que ese mismo partido bloqueó en noviembre de 2018 la renovación del órgano, Abascal fue nombrado juez sustituto del juzgado central de instrucción número 1 el 1 de julio de 2021. Una hermana suya es asesora del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid,

Los dos años anteriores y desde el 14 de febrero de 2019, había desempeñado en el juzgado central 6 el puesto de magistrado de refuerzo de su titular, Manuel García Castellón. La última prórroga de seis meses para ese destino fue aprobada por el CGPJ el 22 de diciembre de 2020.

A punto de acabar 2019, el CGPJ autorizó el 18 de diciembre de aquel año su incorporación como docente al Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros. Prorrogada la declaración de compatibilidad en tres ocasiones (2020, 2021 y 2022, puedes consultarlo aquí), Abascal comenzó su relación laboral con el Cardenal Cisneros como profesor de Derecho Procesal en enero de 2020. Y, atendiendo al panel de profesores que muestra la web del centro, la ha mantenido al menos hasta el pasado mes de junio.

El 11 de agosto, la permanente del CGPJ renovó para el curso 2022-2023 su compatibilidad como profesor del Cardenal Cisneros, pero un error material obligó a ratificar el acuerdo en septiembre. Aunque su nombre y su fotografía permanecen en su web, quien atendió la semana pasada la llamada a la centralita del centro aseguró que Alejandro Abascal no está impartiendo clases este cuatrimestre.

Como ya en 1997 señalaba su reglamento interno, el Cardenal Cisneros nació con la Comunidad de Madrid como “entidad titular del mismo”.

Un patronato con poderes en la contratación

Constituida en junio de 1998, la presidencia de la fundación recae siempre sobre el consejero de Educación de Madrid, puesto que desde 2019 ocupa Enrique Ossorio, también ahora vicepresidente del Gobierno regional.

Entre las funciones del patronato de la fundación –según consta en el decreto por el que quedó constituida en 1998 y a la que su web define como entidad del "sector público madrileño, de naturaleza jurídico privada"– figura “la aprobación de las propuestas de contratación del profesorado del Colegio [Cardenal Cisneros]”. A través del portal de transparencia, este periódico pidió en septiembre a la Consejería de Educación de Madrid información sobre contratos del centro universitario. La Consejería inadmitió la solicitud e indicó que lo referido al Cardenal Cisneros debía dirigirse al centro, que posee "personalidad jurídica" propia.

Portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio fue jefe de la actual presidenta durante dos años: entre 2015 y 2017, cuando Ossorio ostentó la portavocía del PP en la Asamblea regional.

Consejero de Hacienda en el Gobierno de Ignacio González, Ossorio había sido entre 2007 y 2011 gerente de la Fundación Dos de Mayo, entidad que, como publicó infoLibre, ordenó investigar el primer instructor del caso Púnica, el juez Eloy Velasco. En marzo de 2017, Velasco pidió a la Agencia Tributaria (AEAT) la remisión del modelo 347 de la fundación –la lista de ingresos y pagos anuales superiores a 3.000 euros– correspondiente al cuatrienio 2007-2010. Abascal, que en marzo de 2016 fue designado magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, ya no desempeñaba esa tarea cuando Velasco dictó el auto sobre la Fundación Dos de Mayo: en diciembre de 2016, el CGPJ había acordado no renovarle esa encomienda de refuerzo en el juzgado 6. Durante dos años –hasta febrero de 2019–, quedó así al margen de los casos Púnica y Lezo.

Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que en el sumario de Púnica no hay rastro de documentación sobre la Fundación Dos de Mayo más allá del referido auto de Eloy Velasco. Todo lo concerniente a esa entidad entró en el limbo. Presidida ahora por Isabel Díaz Ayuso en su condición de presidenta de Madrid, la fundación permanece congelada desde 2014: no es posible disolverla porque para ello resulta imprescindible conocer sus cuentas anuales. Y en 2011 dejó de presentarlas.

En su informe previo al carpetazo de la pieza de Púnica relativa a la financiación del PP madrileño, la PS9, Anticorrupción introdujo de forma escueta el nombre de la Fundación Dos de Mayo. Firmado en solitario por el último de los tres fiscales presentes en la causa, Alejandro Cabaleiro, el escrito se limitó a recordar que la Guardia Civil había solicitado en su día datos tributarios de la entidad “al haber detectado dos transferencias [procedentes de la extinta Caja Madrid] por importe de 4.550.000 euros y de 1.862.760 euros en los años 2008 y 2009, existiendo también vínculos entre esa fundación y el Partido Popular”.

Cuando se conoció aquel informe de la UCO en 2017, Ossorio afirmó tajante que la Fundación Dos de Mayo no le había dado “ni un céntimo” al PP mientras él fue su gerente.

El supervisor de la investigación sobre el hermano de Ayuso

Destinado el 1 de julio de 2021 en comisión de servicio por el CGPJ al juzgado de instrucción 1 de la Audiencia Nacional, en marzo de este año trascendió que, por reparto, le había correspondido supervisar como juez de garantías la investigación que desarrolla la Fiscalía Europea sobre un contrato de emergencia de la Comunidad de Madrid: el que, adjudicado para la compra de mascarillas durante la pandemia, reportó al hermano de Isabel Díaz Ayuso una comisión superior a 230.000 euros. Es Abascal quien debe vigilar que los derechos fundamentales de cualquier persona implicada en el caso no se vean afectados.

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Su actividad actual queda así al margen de la desarrollada por García Castellón, uno de cuyos hijos trabaja como letrado del servicio jurídico de la Comunidad de Madrid. El titular del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional cerró en octubre la pieza sobre la supuesta financiación ilegal con un auto que exonera a Esperanza Aguirre y a otros 70 imputados. García Castellón sostiene que no se ha podido acreditar que Aguirre tuviera conocimiento de que se utilizó dinero público para financiar al PP.

Hace dos semanas y en contra de la petición de la Fiscalía Anticorrupción, García-Castellón rechazó también la reapertura del caso Kitchen. El magistrado no considera penalmente relevantes los audios destapados por el diario El País y que desvelan cómo el ahora excomisario José Manuel Villarejo y la entonces número 2 del PP, María Dolores de Cospedal, tejieron una estrategia para desactivar las investigaciones sobre la caja B iniciadas al difundirse los papeles de Bárcenas. Los audios –sostiene el ministerio público– hacen referencia a que pudo haber "conocimiento y seguimiento" de la Operación Kitchen por parte de Mariano Rajoy y Cospedal. En cambio, García Castellón considera insuficientes los indicios que aportan tales grabaciones, a las que define como “troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia”.

Galardonado en 2020 por el entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo con la Cruz de San Raimundo de Peñafort por su “mérito extraordinario”, Alejandro Abascal estaba destinado en 2018 a convertirse en miembro del órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ. El juez habría pasado a ser uno de sus vocales de no haberse difundido en noviembre de aquel año un whatsapp donde el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, anunciaba a los suyos que tras la renovación del CGPJ el partido seguiría controlando “desde detrás” la Sala Penal del Tribunal Supremo. Es decir, la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno. Publicado por El Español, aquel mensaje desató un escándalo político. A partir de ahí, el PP decidió bloquear el relevo de miembros del CGPJ, cuyo mandato lleva ahora cuatro años caducado y donde los vocales conservadores, que suman mayoría, se han negado durante meses a designar a dos nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC). Ahora tales vocales buscan acelerar los nombramientos del TC antes de que el Gobierno modifique la normativa vigente con el objetivo de acabar así con el bloqueo. Tal reforma legal está pendiente de que el Constitucional dictamine este lunes si, como reclama el PP en un recurso de amparo, paraliza o no su tramitación parlamentaria. El ponente al que ha correspondido elevar propuesta al pleno del TC es Enrique Arnaldo, elegido a propuesta del PP y con una trayectoria plagada de baches.