El Gobierno considera que Castilla y León ha acatado el requerimiento y que hay una "rectificación oficial"

El Gobierno central considera que ha habido una "rectificación oficial" y que Castilla y León ha acatado el requerimiento para abstenerse de aplicar el protocolo antiabortista anunciado la semana pasada por el vicepresidente regional, Juan García-Gallardo.

Así lo expresa Moncloa en un comunicado "tras recibir en la tarde de ayer un escrito de la Junta de Castilla y León en respuesta al requerimiento de incompetencia por actuaciones que pudieran vulnerar la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo".

El Ejecutivo central subraya: "A la vista de que el gobierno de la Junta de Castilla y León declara en su escrito que “no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno” y que “tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la Comunidad de Castilla y León al respecto, ni por escrito ni verbalmente”, el Gobierno considera que el ejecutivo autonómico ha acatado formalmente el requerimiento realizado por haberse abstenido esa comunidad autónoma de adoptar y aplicar, o por haber dejado sin efecto, aquellas actuaciones materiales, protocolos, acuerdos, instrumentos o comunicaciones que, invadiendo las competencias estatales, incumplieran la normativa estatal y menoscabaran los derechos de las mujeres protegidos por nuestro ordenamiento jurídico".

"Este escrito de acatamiento formal ante los requerimientos efectuados por el Gobierno de España supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por el gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores", agrega la nota.

Pero añade Moncloa: "No obstante, también ayer jueves, en la comparecencia tras el consejo de gobierno, el portavoz del ejecutivo autonómico expresó ante los medios que las nuevas medidas de atención a embarazadas anunciadas en la rueda de prensa de 12 de enero —ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal en las primeras semanas y hacerse una ecografía 4D— seguían adelante".

Según el Ejecutivo, el portavoz reconoció que se trata de una “mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario” y que la nota de prensa que aún está publicada en la web oficial de la Junta tras el consejo de gobierno del 12 de enero “sigue vigente”. 

"Es decir, que el gobierno autonómico de Castilla y León mantiene su intención de ir más allá de lo que establece la ley orgánica de 2010, en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida", sostiene Moncloa.

Por ello, el Gobierno de España "reitera su preocupación por los anuncios y declaraciones de los máximos responsables de la Junta de Castilla y León, que, en la misma jornada de ayer, apuntaban nuevamente a una voluntad de vulnerar la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo, circunstancia que en modo alguno el Gobierno de España va a tolerar ni consentir.

Por ese motivo, subraya el Gobierno, a través del Ministro de Presidencia se remitirá una carta al consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León en la que se le recordará nuevamente que resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte este tipo de medidas.

Asimismo, se trasladará al Ejecutivo autonómico que, si pese al acatamiento formal del requerimiento remitido, materializa, por cualquier vía, su intención de actuar al margen del actual marco normativo, el Gobierno de España "actuará y se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas".

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Fuentes del Gobierno, además, consideran que se han frenado "los primeros intentos de la Junta de Castilla y León de imponer medidas que recortan los derechos de las mujeres y que vulneran la ley orgánica de 2010".

"Triunfa la defensa del Gobierno de los derechos de las mujeres a ejercer su libertad sexual y reproductiva", añaden las fuentes, que observan, no obstante, que mantienen su "preocupación" y "vigilancia".

"Exigiremos a la Junta máxima transparencia", comentan desde La Moncloa, añadiendo: "No toleraremos otro intento que suponga un retroceso y que limite los derechos y libertades de las mujeres y que incumpla la ley orgánica de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo".