‘Geringonça’ en la derecha: el fracaso de los pactos PP-Vox que enturbia los planes de Feijóo

Gerigonça significa “galimatías” en portugués, pero también hace referencia a algo improvisado o “con poca solidez”. Así que no es de extrañar que nuestros vecinos acabaran utilizándolo para describir los líos internos y las desavenencias de la alianza de izquierdas que gobernó Portugal la pasada legislatura. 

Las referencias a las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos en el seno del Ejecutivo de coalición que preside Pedro Sánchez han sido una constante del discurso del PP desde la investidura, en enero de 2020. No bajo el nombre de gerigonça, pero sí de Gobierno Frankenstein. Primero con Pablo Casado y ahora con Alberto Núñez Feijóo. La derecha señala las diferencias de opinión en el seno del Ejecutivo, pero calla sobre los problemas, desavenencias y rupturas en las que el PP se ha visto implicado en todas las comunidades y ayuntamientos en los que ha tenido que apoyarse en Ciudadanos, en Vox o en ambas formaciones a la vez.

El líder del PP huye de ese ruido como de la peste. En Génova quieren construir la campaña sobre la idea de que el PP se presenta para ganar y gobernar en solitario en ayuntamientos y comunidades autónomas y los problemas con Vox, allí donde comparten tareas de gobierno, como Castilla y León, o donde su ayuda es imprescindible para mantenerse en el poder, como en Madrid o Murcia —o como lo fue en Andalucía—, no sólo se alejan de ese mensaje sino que recuerdan a diario a los electores su disposición a llegar a acuerdos con la extrema derecha. Justo el mensaje contrario al que desean transmitir.

Lo cierto es que, más allá de los discursos oficiales, los estados mayores de PP y Vox se dirigen a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo con la vista puesta en formar mayorías, allí donde sumen, para ganar alcaldías e investir presidentes. Sus respectivos líderes, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, son muy conscientes de que del buen resultado que obtengan ese día y de la credibilidad que ambas formaciones sean capaces de dar a sus acuerdos locales y territoriales dependen en gran medida los resultados de las elecciones generales de diciembre. Porque todas las encuestas coinciden en que la única manera en que la derecha podrá derrotar a Pedro Sánchez y a la coalición PSOE-Unidas Podemos será sumando fuerzas, alcanzando acuerdos que, si se cumplen los deseos de la extrema derecha, incluirán la entrada de los ultras en el Gobierno de España.

Los antecedentes no hablan, ni mucho menos, de estabilidad. Aunque también reflejan que, más allá del ruido, PP y Vox siguen dando prioridad a impedir a toda costa gobiernos de izquierdas. 

El ejemplo más reciente está ocurriendo en Castilla y León, donde los dos partidos comparten el gobierno regional, discrepan públicamente, pero evitan cuidadosamente romper el pacto que suscribieron en marzo del año pasado. En el PP saben que, una vez investido, Alfonso Fernández Mañueco puede permitirse el lujo de que Vox abandone la Junta, pero no las consecuencias de romper con los ultras a pocos meses de municipales y autonómicas. A menos que los de Abascal le den una excusa irreprochable para hacerlo.

Del mismo modo, Vox tampoco va a abandonar el único gobierno autonómico en el que está presente. Así lo ha confirmado la dirección del partido. Sobre todo cuando la extrema derecha aspira a que esos acuerdos de gobierno con el PP se extiendan a otras comunidades y a todos los ayuntamientos en los que sea posible.

Mala relación

Las relaciones entre Mañueco y el número dos de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), son muy malas, como ocurría en esta comunidad cuando el PP gobernaba con Ciudadanos, lo que sirvió de excusa al presidente regional para anticipar elecciones. Pero esta vez el presidente castellano y leonés no tiene encuestas que le digan que su socio se va a hundir en las urnas, así que carece de incentivos para anticipar la convocatoria. La tensión existe, pero nada indica que vaya a condicionar a corto o medio plazo el futuro del Gobierno en la comunidad.

Un ejemplo aún mejor de ese tira y afloja en el que PP y Vox exhiben sus discrepancias, pero mantienen la unidad en lo fundamental, es Madrid. El ayuntamiento y la comunidad. Los intentos del alcalde José Luis Martínez Almeida de atraer a los ultras para sacar adelante los presupuestos de la capital para 2023 se tomaron con un Vox aparentemente inflexible capitaneado por uno de sus pesos pesados, Javier Ortega Smith. Una estrategia a la que ha acabado sumándose el partido ultra en la comunidad, en este caso bajo el liderazgo de Rocío Monasterio: Isabel Díaz Ayuso no ha tenido más remedio que prorrogar sus presupuestos ante la imposibilidad de convencer a la extrema derecha de que apoyase las cuentas que el Gobienro regional presentó en la Asamblea.

Vox tensa la cuerda en el ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid y priva a Almeida y a Ayuso de los presupuestos que ambos habían diseñado para el año electoral. El objetivo no es derribar a ninguno de ellos (en ambos casos Vox volverá a apoyar que el PP se haga con la Alcaldía y la Presidencia regional si sus votos son decisivos para cerrar el paso a la izquerda), pero sí dejar claro a los de Feijóo que si firman acuerdos esperan que se cumplan.

Ya pasó en Andalucía. Allí los ultras fueron decisivos para que Juanma Moreno fuese presidente tras las elecciones de 2018, pero los acuerdos acabaron convertidos en papel mojado. A pesar de lo cual las discrepancias entre el PP y Vox en esta comunidad —una exhibición interesada para marcar territorio político más que problemas serios de fondo — no hubiesen impedido un pacto de gobierno si en las elecciones de junio de 2022 el PP no hubiese obtenido mayoría absoluta. 

Durante su primer mandato, Moreno dio numerosas pruebas de no tener inconveniente en firmar pactos con los ultras, desde la investidura de enero de 2019 a los acuerdos presupuestarios suscritos en años sucesivos, con la única excepción del que debía haber hecho posible el presupuesto andaluz para 2022, que Vox se resistió a aprobar con la excusa de que el PP había incumplido precisamente los pactos que arrebataron la presidencia al PSOE, que había sido la lista más votada.

La falta de competencias en asuntos como la inmigración irregular, el veto parental o la memoria histórica facilitó a Moreno orillar los pactos. Lo que a su vez permitió a Vox presentarse a las elecciones del año pasado como una fuerza agraviada. Es la misma estrategia que Vox aplica ahora en el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid: primero respaldar al candidato del PP y después quejarse de que no cumple sus compromisos. 

En la Región de Murcia, las tensiones entre el PP y Vox, que acabó perdiendo toda su representación en la asamblea —los cuatro diputados electos abandonaron el partido—, han sido más con las políticas que defiende la ultraderecha. Entre ellas destaca el intento de poner en marcha un veto parental que permitiese a los padres impedir que sus hijos puedan recibir los contenidos educativos con los que ellos no estén de acuerdo por razones ideológicas o religiosas. 

El veto parental

Este caso es el precedente que mejor retrata a lo ocurrido estos días en Castilla y León. En enero de 2020 el Gobierno de España amagó con la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución a Murcia ante la negativa del Gobierno de Fernando López Miras (PP) a eliminar la medida, impulsada por una consejera elegida en la candidatura de Vox pero que había abandonado esta formación. 

La entonces ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, dio un mes de plazo al Gobierno de Murcia para “restaurar la legalidad” y retirar el veto parental. En vez de eso, la Consejería de Educación de Murcia aprobó un sucedáneo de su propuesta original para evitar el conflicto que no incluía autorización alguna de los progenitores para impartir materias. 

Más allá de ese asunto, Vox sigue soñando con trasladar a la asamblea de la comunidad la victoria que obtuvo en las generales de 2019 y que hoy no refrenda ninguna encuesta. Lo que es seguro, de acuerdo con los mismos estudios de opinión, es que, tras el hundimiento de Ciudadanos, los escaños ultras serán decisivos pare investir de nuevo al presidente Fernando López Miras, que lo sigue siendo gracias a los diputados tránsfugas de la formación naranja que echaron por tierra la moción de censura promovida por PSOE y Cs en 2021.

Desde entonces, Vox reclama sin éxito la convocatoria de elecciones anticipadas en la Región y acusa a López Miras de haber incumplido un acuerdo para que el presidente de la comunidad llamase a las urnas cuando derrotó la moción de censura con el apoyo, entre otros, de la propia extrema derecha.

Para visibilizar su desacuerdo, el líder de Vox, Santiago Abascal, se manifestó en la capital murciana al día siguiente de la moción para exigir la convocatoria anticipada de elecciones. Y pocos días después el entonces secretario general del partido, Javier Ortega Smith, lideró una protesta motorizada para denunciar que “el PP, aun sabiendo con antelación los planes de la moción, no ha tenido la generosidad y el patriotismo de convocar elecciones y devolver a los murcianos la voz y el voto”.

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Todo eso ya ha cambiado. Con los presupuestos aprobados gracias a los tránsfugas y a las puertas de las elecciones de mayo, López Miras ha prescindido de los disidentes de Vox que le salvaron en la moción de censura de 2021. Esta misma semana ha echado de su gobierno a la exmiembro del partido de Abascal Mabel Campuzano, al tiempo que rebajaba considerablemente las competencias de los consejeros tránsfugas de Ciudadanos cuya traición a la formación naranja fue también decisiva para que el PP conservase la presidencia de la Región. 

El portazo a los disidentes de Vox allana el camino a los acuerdos del PP con la extrema derecha murciana. José Ángel Antelo, el líder regional de Vox, ya declaró en octubre después de reunirse con López Miras: “Ambos nos vamos a tener que entender en el futuro”. 

“Está claro que todos los partidos salen a ganar para gobernar solos; después, claro, están las matemáticas y son evidentes: el PP tendrá que elegir si quiere gobernar con el PSOE o con Vox, y nosotros tenemos claro que no gobernaremos con la izquierda ni con sus políticas”, añadió Antelo siguiendo el guion general marcado por la dirección de Abascal.