El ponente del TC en el recurso contra el aborto ya se posicionó sin matices a favor de las tesis del PP

Pieza clave en la maniobra inédita con que el Tribunal Constitucional (TC) impidió hace un mes al Senado votar la reforma precisamente destinada a desbloquear la renovación del tribunal de garantías, el conservador Enrique Arnaldo tendrá de nuevo un papel protagonista en menos de tres semanas. Magistrado del TC a propuesta del PP desde hace poco más de un año, Arnaldo es quien en el pleno del tribunal fijado para el 7 de febrero defenderá una propuesta de sentencia: aquella que, aún nítido el recuerdo de cómo Vox ha intentado aplicar en Castilla y León un retroceso legal, determinará si triunfa o fracasa el recurso del PP contra la ley del aborto de 2010. Lo peculiar es que, designado en 2021 ponente del caso en un Tribunal Constitucional ahora ya con mayoría progresista, Arnaldo difundió su oposición a la ley del aborto cuando en 2008 y 2009 la preparaba el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y esa es la ley sobre la que ahora se pronunciará el Tribunal Constitucional.

La posición del magistrado, en aquella época letrado del Congreso y columnista del digital El Imparcial, se sustentaba en los mismos pilares que la del PP. Sobre la entonces futura norma ampliatoria de derechos de la mujer para la interrupción voluntaria del embarazo escribió, por ejemplo, lo que sigue: que el Ejecutivo hablaba del debate abierto pero avanzaba “a cierta velocidad para llegar al fin pretendido por más que se violenten algunos principios o alguna jurisprudencia por el camino”. A Arnaldo nadie lo ha recusado como ponente sobre la ley del aborto ni él ha considerado oportuno abstenerse. Esto último, abstenerse, es lo que ya han solicitado hacer sobre tres asuntos pendientes el exministro Juan Carlos Campo y la exdirectora general Laura Díez, recién nombrados miembros del TC a propuesta del Gobierno. Precisamente en el pleno convocado para este martes está previsto que se aborden tanto esas peticiones de abstención como las recusaciones planteadas por Vox contra cuatro magistrados del tribunal del sector progresista.

Presentado en junio de 2010 y desde entonces en el limbo de un cajón del tribunal, el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley del aborto incluía entre los puntos impugnados uno que en 2015 borró ya de la ley el Gobierno de Rajoy y ahora pendiente de la reforma impulsada por Igualdad: que una adolescente de 16 o 17 años pueda interrumpir voluntariamente el embarazo sin autorización previa de sus progenitores.

Según el PP, aquello era “una flagrante violación de los derechos de los padres a que sus hijos reciban una formación conforme a sus propias convicciones”. Un año antes y en un artículo fechado el 15 de marzo de 2009, Arnaldo comenzó ridiculizando la decisión de que las mayores de 16 pudieran “decidir por sí mismas sin autorización de los padres o tutores”. “Si pueden casarse o tener hijos pueden también abortar”, entrecomilló al final del párrafo. A renglón seguido, mantuvo el testarazo: “Por la misma regla de tres podrían constituir hipotecas, comprar o vender inmuebles, bonos Madoff, letras del tesoro, trabajar en turno de noche, hacer horas extraordinarias (…) ¡Ah! Y por supuesto votar en las elecciones, consultas populares y referéndum varios. ¿Por qué no?”

El artículo se cerraba invocando lo que los americanos llaman la estrategia del wag the dog: desviar la atención con algo vistoso que eclipse el debate sobre lo importante. “Por lo demás —se lee en el texto— seguimos estando hartos de cortinas de humo y de maniobras de distracción. Lo que nos preocupan son otras cosas muy graves, las que afectan al bolsillo, al empleo, a los impuestos…”. El derecho al aborto, se infiere de ese párrafo, no pertenece a la categoría de cosas relevantes que preocupen a la poblacón.

“Para el Super Presidente —sostenía refiriéndose a José Luis Rodríguez Zapatero en otro artículo tres meses más tarde— es más importante cambiar la ley del aborto que las reformas sustantivas de la Seguridad Social, del sistema tributario o del régimen financiero”. Modificar la ley del aborto implicaba “el estiramiento jurídico a la carta”. Imposibilitaba, por tanto, “saber a qué atenernos y no depender del ukase [los decretos de los zares rusos] o de la ocurrencia del momento”.

El Gobierno —venía a mantener Arnaldo en otro artículo en ese mismo 2009 y también con carácter profético de lo que el PP divulgaría al año siguiente— estaba perjudicando a los padres centrados en “difundir a sus hijos los valores propios de una sociedad civilizada”. Esos padres —añadía- “se ven zarandeados por unas políticas públicas probotellón (desde los 18), proaborto (desde los 16), proaprobado general (desde los 6), prosubvencionadoras (desde el nacimiento)”.

De nuevo, bien por casualidad o bien porque sus textos resultaban inspiradores, en 2010 y durante los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, Mariano Rajoy retomó el hilo de que con la ley del aborto el Gobierno pretendía desplazar del debate los asuntos de importancia: “Nadie reclamaba en nuestro país una ley del aborto que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional y de la que esperamos un pronto fallo por parte de sus magistrados”.

Concepción Espejel también se adelantó

Quién mueve los hilos en el motín del TC: un presidente de mandato agotado y un magistrado de pasado oscuro

Ver más

Enrique Arnaldo no es el único magistrado del TC que ya había manifestado su desacuerdo con la ley del aborto de 2010. La otra integrante del tribunal propuesta por el PP en 2021, la jueza Concepción Espejel, también se había mostrado abiertamente en contra de la norma luego recurrida por el PP. Integrada entonces en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Espejel emitió en 2009 un voto particular contra la futura ley del aborto del entonces Gobierno socialista.

Como en 2021 publicó El País, Espejel concluyó que era inconstitucional. “De la actuación del Estado —adujo— cabe esperar, en esta materia, no una actuación neutral, sino guiada activamente por una finalidad protectora de la vida del concebido, que exige de los poderes públicos una actitud decididamente disuasoria de la realización de la interrupción voluntaria del embarazo”. No consta hasta el momento que Espejel haya decidido abstenerse de participar en la deliberación sobre el recurso del PP.