Familiares de residentes en centros de mayores denuncian en Sol que nadie asuma responsabilidades
La plataforma Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid, nacida a iniciativa de familiares, trabajadores y personalidades públicas para esclarecer lo ocurrido durante la primera ola de la pandemia de covid-19 en las residencias de la región, ha denunciado este miércoles que varios años después nadie en el Gobierno regional haya asumido responsabilidades por ello, informa Europa Press.
Una decena de representantes ha acudido este miércoles a la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, con una pancarta en la que se podía leer "7.291 muertes sin asistencia sanitaria en residencias".
¡Verdad y Justicia!' para recordar que en tres años "no ha habido ninguna responsabilidad política por dejar morir" a esas personas "sin atención sanitaria".
Según han recalcado, durante los meses de marzo y abril de 2020 murieron 9.468 personas que vivían en residencias (el 18% del total) y de ellas, 7.291, el 77%, lo hicieron "sin recibir atención hospitalaria".
Estas cifras suponen "casi la mitad de los 20.000 fallecimientos que hubo en todo el país, durante la primera ola de la pandemia, a pesar de que la Comunidad de Madrid contaba solo con el 13,5% de plazas (51.908 en Madrid y 384.251 en toda España)".
En este sentido, han recordado "los protocolos emitidos por la Consejería de Sanidad, los días 18, 20, 24 y 25 de marzo", que "impidieron el traslado de pacientes, que sufrían determinado grado de dependencia o de deterioro cognitivo, a hospitales públicos, al hospital de campaña de Ifema —3.811 personas atendidas y solo 23 fueron derivados de residencias—, a los hoteles medicalizados y a los hospitales privados —salvo que la persona residente tuviese un seguro privado—".
Además, subrayan, "tampoco se medicalizaron las residencias". Apelan, igualmente, al informe de Amnistía Internacional titulado Abandonados a su suerte, de diciembre de 2020. En el mismo se indica como "evidente" que las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia de covid-19, en particular en Cataluña y Madrid, "han vulnerado los derechos humanos de las personas mayores que vivían y viven en residencias, y en concreto el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación, y además resultaron ineficaces para proteger a un colectivo especialmente vulnerable".
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"Asimismo, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho de las personas residentes a la vida privada y a una muerte digna", han indicado.
Pese a estas "actuaciones tan graves", no se ha registrado "ninguna consecuencia "para los dirigentes políticos responsables de la mismas, ni política ni judicial ni de ningún tipo". "Es más, Isabel Díaz Ayuso, subió en votos en las elecciones de 2021 y, según las encuestas, ronda la mayoría absoluta en las próximas", han recalcado, al tiempo que han criticado que no solo no haya pedido perdón "por hechos tan dramáticos" sino que "incluso los niega y, en nombre del dolor de las familias, ha impedido que se investiguen".
Por ello, ante la cita electoral del próximo domingo, han apelado a que el próximo gobierno regional, sea del signo que sea, trabaje para que "se produzca verdad, justicia y reparación por las 7291 muertes sin recibir asistencia hospitalaria que se produjeron en las residencias de Madrid".
