La Justicia tumba el último intento del juez Serrano de sentar a infoLibre en el banquillo
La justicia rechaza el último intento del dos veces candidato de Vox a la Junta de Andalucía, Francisco Serrano, de sentar en el banquillo a infoLibre por las informaciones publicadas sobre las irregularidades cometidas en su actividad empresarial, unos hechos por los que ha sido procesado. En un auto fechado a finales de mayo y contra el que no cabe recurso, la Audiencia de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Serrano contra el auto de la jueza instructora que archivó la causa abierta contra este diario, su periodista Ángel Munárriz, y el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, por un delito de revelación de secretos. "En tanto que la finalidad del deber de reserva de las diligencias sumariales no se ha visto quebrantada, debe prevalecer el derecho a la información", recoge la resolución.
En su denuncia, interpuesta a finales de 2021, Serrano acusaba al periodista de esta casa de haber difundido a través de este diario "información reservada y de naturaleza confidencial" pese a "tener conocimiento de su origen ilícito". Sin aportar prueba alguna, el magistrado en excedencia sugería que la información que forma parte del sumario del caso Serrano, por el que tendrá que sentarse en el banquillo el excandidato de la formación de ultraderecha, le fue entregada a Munárriz por la acusación popular, que ejerce Rubén Sánchez. Según Serrano, ambos habrían actuado guiados por la búsqueda de "rentabilidad económica" y la "creación de opinión pública" para "perjudicar y deteriorar" su imagen. Además, sostenía que las revelaciones de infoLibre afectaban a su derecho a una defensa, a su presunción de inocencia, a su honor y a su intimidad.
El Juzgado de Instrucción nº5 de Sevilla, sin embargo, decretó el pasado mes de marzo el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. "Las noticias publicadas no hacen referencia a aspectos de su vida privada, sino a presuntos hechos y presuntos comportamientos relacionados con los deberes cívicos de cualquier ciudadano (cumplimiento de las normas, tributación) que forman parte de la esfera de lo público, mucho más en el caso del denunciante por su cargo público como representante de la ciudadanía, que conlleva un deber moral de ejemplaridad", sostenía.
Serrano, sin embargo, recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial de Sevilla. En su escrito, solicitó la continuación de la causa "con dictado de auto de transformación del procedimiento en abreviado dada la concurrencia de indicios suficientes de la comisión de un delito", alegando que la instructora no se había pronunciado sobre el delito de revelación de secretos. En este sentido, insistió en la conexión entre el secretario general de Facua y el periodista de infoLibre: "Los acusados, con la intención de enriquecerse u obtener provecho con la publicación de información protegida por la norma procesal examinada, la desvelaron a sabiendas de dicha protección".
Prevalece la libertad de información
Pero la Audiencia de Sevilla ha desestimado el recurso. En un auto, del que es ponente la magistrada Mercedes Alaya, los magistrados de la Sección Séptima recuerdan que el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que establece el carácter reservado de las diligencias de sumario busca "garantizar la eficacia de la investigación", así como "preservar la intimidad de las partes en el proceso". Ahora bien, dicho deber de reserva debe entenderse en consonancia, entre otros, con el derecho a la información. Y en este sentido, el Tribunal Constitucional ya ha dejado claro que "el secreto de sumario" no puede "erigirse en un obstáculo insalvable para que uno o varios elementos de la realidad social sean arrebatados a la libertad de información".
Con esto sentado, los magistrados concluyen que ni los mensajes publicados en redes sociales por el secretario general de Facua ni las informaciones sobre el caso de Munárriz pusieron en peligro la investigación judicial. Del mismo modo, señala que no ha quedado acreditado que el primero fuera la fuente del periodista de este diario, que ya indagaba sobre los negocios de Serrano antes incluso de que comenzaran las pesquisas judiciales. Y concluye: "Por consiguiente en tanto que la finalidad del deber de reserva de las diligencias sumariales no se ha visto quebrantada, entendemos que debe prevalecer el derecho a la información".
El auto recoge buena parte de la argumentación de la Fiscalía, que había impugnado el recurso de apelación de Serrano para mantener vivo el caso. En su escrito, el Ministerio Público rechazaba que pudiera considerarse delictiva la publicación de informaciones relativas al caso Serrano. "El derecho a la información veraz se trata de un derecho fundamental digno de protección reforzada, como garantía de una sociedad democrática", apuntaba el fiscal, al tiempo que recordaba que Munárriz cumplió con las "obligaciones de contraste" cuando "intentó contactar" en numerosas ocasiones con el excandidato de Vox "para obtener la versión de los hechos que quisiera ofrecer".
Como ha hecho en todo momento, este diario se ha puesto en contacto este miércoles con el magistrado en excedencia, tanto por correo electrónico a través de su despacho de abogados como mediante mensaje telefónico, para incluir en esta información cualquier valoración que quisiera hacer al respecto. A cierre de esta edición, sin embargo, no se ha obtenido ninguna respuesta.
El 'caso Serrano'
Para entender la ofensiva judicial contra infoLibre hay que conocer el caso desvelado por este periódico, un asunto que provocó la caída política de quien fuera juez estrella de la formación de ultraderecha y por el que ha terminado procesado en los tribunales. Francisco Serrano y un socio, Enrique Pelegrín, constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Bio Wood Niebla, atribuyéndole ante un notario de Sevilla una maquinaria que en realidad no tenían. Ese es el origen del caso. Esta falsedad les permitió obtener 2,4 millones de euros de una ayuda pública supuestamente destinada a una fábrica de biomasa en Niebla (Huelva) que no llegó a culminarse ni a funcionar. El dinero, que fue ingresado a la empresa en diciembre de 2016, tampoco fue devuelto a Industria.
Este diario destapó estos hechos en octubre de 2019. La Policía Nacional, tras una denuncia de Rubén Sánchez, abrió una investigación, que tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –en la etapa de aforado de Serrano– acabó en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla a raíz de la dimisión del dos veces candidato de Vox.
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Desde entonces, este periódico ha hecho seguimiento del caso tanto antes como después de la apertura del sumario judicial, con informaciones como estas: "Una segunda empresa de Serrano montó una filial en Extremadura con un millón de euros cuyo origen se niega a desvelar" (7 de noviembre de 2019), "El documento oficial que demuestra que el juez Serrano participó en el engaño para obtener una ayuda pública de 2,4 millones" (27 de julio de 2020) o "La Policía pide el bloqueo de un fondo de inversión en busca de dinero de la ayuda de 2,4 millones concedida al juez Serrano" (9 de febrero de 2021). Aquí puede leerse el dosier completo con las noticias publicadas por este periódico.
El titular del Juzgado de Instrucción nº16 de Sevilla dio por finalizada la instrucción el pasado mes de enero y procesó tanto a Serrano como a sus dos antiguos socios –Pelegrín y Javier López– por los delitos de fraude de subvenciones, que suponen penas de uno a cinco años en caso de condena, y estafa, de seis meses a tres años. El auto de procedimiento abreviado constituye una ratificación de la investigación publicada desde 2019 por este diario. Según el instructor, todos ellos "se concertaron" para obtener, "sin tener la debida solvencia", un préstamo de 2,4 millones de euros de Industria que ha sido destinado a "fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets". En concreto, el auto recoge un préstamo a un promotor moroso cliente de Serrano, un dinero que ha sido devuelto por el beneficiado. Además, también hace referencia a préstamos a empresas del propio excandidato de Vox.
Las acusaciones populares que ejercen tanto el secretario general de Facua como Podemos solicitaron, en sus escritos de conclusiones provisionales, penas de cárcel para Serrano. La primera, hasta nueve años de prisión, que podrían ser incrementados a diez en caso de no pagar una petición de multa que roza los 10 millones de euros, según informa Europa Press. Cuatro años y medio, por su parte, se han solicitado desde la formación morada.
