El juez estrella de Vox fracasa en su intento de sentar a infoLibre en el banquillo

La ofensiva judicial contra este diario de Francisco Serrano, quien fuera candidato de Vox a la Junta de Andalucía en 2015 y 2018, naufraga en los tribunales. El Juzgado de Instrucción nº5 de Sevilla acaba de decretar el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra infoLibre y el periodista Ángel Munárriz, así como contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, a raíz de la denuncia interpuesta por el magistrado en excedencia por un supuesto delito de revelación de secretos en las informaciones publicadas por este periódico sobre las irregularidades cometidas en su actividad empresarial, unos hechos por los que ha terminado procesado. Tras una instrucción que se ha prolongado durante meses, la jueza concluye que no existen indicios de la comisión de ningún hecho punible.

En su denuncia, interpuesta a finales de 2021, Serrano acusaba al periodista de esta casa de haber difundido a través de este diario "información reservada y de naturaleza confidencial" pese a "tener conocimiento de su origen ilícito". Sin aportar prueba alguna, el magistrado en excedencia sugería que la información que forma parte del sumario del caso Serrano, por el que tendrá que sentarse en el banquillo el excandidato de la formación de ultraderecha, le fue entregada a Munárriz por la acusación popular, que ejerce Rubén Sánchez. Según Serrano, ambos habrían actuado guiados por la búsqueda de "rentabilidad económica" y la "creación de opinión pública" para "perjudicar y deteriorar" su imagen. Además, sostenía que las revelaciones de infoLibre afectaban a su derecho a una defensa, a su presunción de inocencia, a su honor y a su intimidad.

La jueza Beatriz González, sin embargo, ha decidido dar carpetazo al asunto tras no apreciar indicios de delito. En un auto de un par de páginas, fechado el 1 de marzo, la magistrada no considera afectado "el derecho a la intimidad del denunciante". "Las noticias publicadas no hacen referencia a aspectos de su vida privada, sino a presuntos hechos y presuntos comportamientos relacionados con los deberes cívicos de cualquier ciudadano (cumplimiento de las normas, tributación) que forman parte de la esfera de lo público, mucho más en el caso del denunciante por su cargo público como representante de la ciudadanía, que conlleva un deber moral de ejemplaridad", sostiene en relación a la conducta del periodista y de este medio.

En cuanto a Sánchez, sostiene que no existe "evidencia cierta" de que difundiese en redes sociales "datos o información" a los que tuviese acceso como parte personada en las diligencias de investigación que se seguían contra el magistrado en excedencia. "Los contenidos de los tuits publicado hacen referencia a su propia iniciativa y actuación dentro de ese procedimiento", resalta la jueza. Además, apunta que la información que hubiese podido obtener del procedimiento el secretario general de Facua "la ha recibido directamente, en su condición de parte personada en el mismo mediante notificaciones realizadas a su representación procesal", sin que la obtención de la misma "le haya reportado ningún tipo de beneficio económico". Por tanto, resuelve, "su conducta" también es "de todo punto atípica".

El portavoz del colectivo de consumidores, en declaraciones a este diario, celebra el archivo pero no entiende que la causa llegase a abrirse en base a una denuncia "sin pruebas". Una ofensiva judicial de Serrano que, en su caso, considera que responde a un doble objetivo. En primer lugar, vengarse de Sánchez por haber denunciado ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) las supuestas irregularidades cometidas por el excandidato de Vox en su actividad empresarial. Y en segundo término, utilizar esta imputación por revelación de secretos para intentar "expulsarle" de la causa que se ha seguido a nivel judicial por esos mismos hechos. "Al final, somos la acusación más molesta o que más le preocupa", resalta Sánchez.

A pesar del archivo, el secretario general de Facua está convencido de que Serrano recurrirá. Como ha hecho en todo momento, este diario se ha puesto en contacto este miércoles con el magistrado en excedencia por correo electrónico a través de su despacho de abogados para saber si tiene intención de presentar recurso y para incluir en esta información cualquier valoración que quisiera hacer al respecto. A cierre de esta edición, sin embargo, no se ha obtenido ninguna respuesta.

El caso Serrano

Para entender la ofensiva judicial contra infoLibre hay que conocer el caso desvelado por este periódico, un asunto que provocó la caída política de quien fuera juez estrella de la formación de ultraderecha y por el que ha terminado procesado en los tribunales. Francisco Serrano y un socio, Enrique Pelegrín, constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Bio Wood Niebla, atribuyéndole ante un notario de Sevilla una maquinaria que en realidad no tenían. Ese es el origen del caso. Esta falsedad les permitió obtener 2,4 millones de euros de una ayuda pública supuestamente destinada a una fábrica de biomasa en Niebla (Huelva) que no llegó a culminarse ni a funcionar. El dinero, que fue ingresado a la empresa en diciembre de 2016, tampoco fue devuelto a Industria.

Este diario destapó estos hechos en octubre de 2019. La Policía Nacional, tras una denuncia de Rubén Sánchez, abrió una investigación, que tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –en la etapa de aforado de Serrano– acabó en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla a raíz de la dimisión del dos veces candidato de Vox.

Desde entonces, este periódico ha hecho seguimiento del caso tanto antes como después de la apertura del sumario judicial, con informaciones como estas: "Una segunda empresa de Serrano montó una filial en Extremadura con un millón de euros cuyo origen se niega a desvelar" (7 de noviembre de 2019), "El documento oficial que demuestra que el juez Serrano participó en el engaño para obtener una ayuda pública de 2,4 millones" (27 de julio de 2020) o "La Policía pide el bloqueo de un fondo de inversión en busca de dinero de la ayuda de 2,4 millones concedida al juez Serrano" (9 de febrero de 2021). Aquí puede leerse el dosier completo con las noticias publicadas por este periódico.

El titular del Juzgado de Instrucción nº16 de Sevilla dio por finalizada la instrucción el pasado mes de enero y procesó tanto a Serrano como a sus dos antiguos socios –Pelegrín y Javier López– por los delitos de fraude de subvenciones, que supone penas de uno a cinco años en caso de condena, y estafa, de seis meses a tres años. El auto de procedimiento abreviado constituye una ratificación de la investigación publicada desde 2019 por este diario. Según el instructor, todos ellos "se concertaron" para obtener, "sin tener la debida solvencia", un préstamo de 2,4 millones de euros de Industria que ha sido destinado a "fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets". En concreto, el auto recoge un préstamo a un promotor moroso cliente de Serrano, un dinero que ha sido devuelto por el beneficiado. Además, también hace referencia a préstamos a empresas del propio excandidato de Vox.

Las acusaciones populares que ejercen tanto el secretario general de Facua como Podemos ya han solicitado, en sus escritos de conclusiones provisionales, penas de cárcel para Serrano. La primera, ha pedido cinco años y medio de prisión, que se reducirían a cuatro y medio si el magistrado en excedencia abona una multa de 9,95 millones de euros. Cuatro años y medio que también se solicitan desde la formación morada.

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La denuncia de Serrano contra este diario y su periodista provocó una oleada de apoyos tanto a nivel político como profesional. "La querella interpuesta por el presunto corrupto a los periodistas demuestra la necesidad de defender la libertad de prensa y a quienes la ejercen a pesar de las presiones porque es un pilar fundamental de la democracia. La querella del señor Serrano es clara expresión de la falta de convicciones democráticas que representa Vox. La ciudadanía merece estar informada y los periodistas que hacen bien su trabajo deben estar protegidos del acoso de presuntos corruptos", resaltó en redes sociales Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía.

En la misma línea se pronunció Martina Velarde, secretaria general de Podemos Andalucía, quien a través de Twitter sostuvo que una querella de este tipo busca intentar "acallar la corrupción e intimidar a quienes la denuncian". "La ultraderecha intentando silenciar a un medio y a un periodista que ha destapado sus vergüenzas. El mundo al revés", completó la también diputada de la coalición morada en el Congreso de los Diputados. Una denuncia que, a ojos del PSOE, solo buscaba "desviar la atención de la causa principal".

"Denunciar a medios (especialmente a aquellos que no tienen grandes recursos) por revelación de secretos es una táctica clásica para intimidarlos y empantanarlos en procesos caros y farragosos", señalaron, por su parte, desde Reporteros Sin Fronteras.