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Los abogados de las víctimas piden a la jueza que se fíe de los peritajes independientes frente al giro del fiscal

El exdirector seguridad, Andrés Cortabitarte, y el maquinista, Francisco José Garzón, durante una nueva jornada del juicio del accidente ferroviario del Alvia, en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.

Para el fiscal, el único culpable fue el maquinista por distraerse al recibir una llamada del interventor, pero para las asociaciones de víctimas el cargo de Adif acusado también fue responsable del accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago) por no habilitar medidas de seguridad.

Tras la argumentación con la que el fiscal del caso intentó justificar su cambio de postura para dejar de acusar al exdirector de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, al mismo nivel que el maquinista, Francisco José Garzón, también ofrecieron este miércoles las dos asociaciones de víctimas del accidente sus argumentaciones contrarias. Ambos abogados coincidieron en pedir a la jueza que dé más valor a los peritajes independientes, que durante el juicio constataron diversos incumplimientos de Adif, que a las conclusiones del fiscal para avalar el giro de su postura. También ambos coincidieron en atribuir la rectificación del fiscal a las órdenes de sus superiores en el Ministerio Público.

Durante el juicio, los peritos de parte avalaron unas y otras posturas, discrepancias que también mostraron los tres expertos designados en su momento por el juez de instrucción. Dos de ellos apuntaron las responsabilidades de Adif o de su cargo acusado por no habilitar medidas para paliar el error humano previsible que cometió el conductor del Alvia. En la misma línea se pronunció también un experto de la Agencia Ferroviaria Europea, cuya independencia no fue puesta en duda por ninguna de las partes. Por el contrario, un tercer perito judicial, elegido por la Xunta, aseguró que Adif actuó conforme a la normativa. A los peritos más independientes, frente a los de dudosa adscripción, se refirieron este miércoles los abogados de las dos asociaciones de víctimas para intentar convencer a la jueza de sus posturas.

El letrado de la asociación más activa en la investigación de las causas del accidente, la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, Manuel Alonso Ferrezuelo, comenzó su intervención señalando que "no hay dudas sobre la responsabilidad que tiene" el maquinista por atender la llamada que le despistó en un momento en el que tenía que empezar a frenar antes de la curva de Angrois, de la que él mismo dijo que había alertado de su peligrosidad.

Pero el abogado también dijo que "el accidente no se habría producido sin la participación de uno y otro", refiriéndose también a Cortabitarte. Un responsable de Adif del que dijo que sólo fue resultó exculpado durante la vista oral por peritos o testigos que tenían algún tipo de vinculación con Adif o con el sistema ferroviario español, frente a los peritos independientes que le atribuyeron incumplimientos normativos en materia de seguridad.

Más allá de los peritajes, Alonso Ferrezuelo puso el foco en que Cortabitarte firmó de su propio puño y letra la puesta en servicio de la línea Ourense-Santiago a pesar de su obvia falta de seguridad y que después autorizó la desconexión a bordo del Alvia del sistema de control constante de la velocidad, el sistema ERTMS.

Al final de su intervención, el abogado de la plataforma se refirió al cambio de postura del fiscal: "Todos sabemos a quién representa realmente el ministerio fiscal", dijo, en referencia a los intereses comunes con la Abogacía del Estado. Y este mismo miércoles, mientras su abogado intervenía en el juicio, la plataforma de víctimas emitió un comunicado en el que atribuye el cambio de postura del fiscal a "una llamada corporativa de su jefe", en referencia a la Fiscalía General del Estado, encabezada por el gallego Álvaro García Ortiz, designado por el Gobierno de España. Una actuación de la Fiscalía que la plataforma enmarca en las actuaciones de la "maquinaria del Estado" desde que ocurrió el accidente, cuando se puso el foco en el maquinista, y después cuando influyó en las investigaciones de diversas maneras, incluso al más alto nivel del Gobierno.

Por su parte, el abogado de la Asociación de Afectados por el Accidente de Santiago (Apafas), Javier González, comenzó su intervención final en el juicio diciendo que solo entiende el cambio de postura del fiscal por obediencia jerárquica ante la Fiscalía General del Estado. "Tan solo entendemos esa decisión dentro del ámbito de la jerarquización que ampara la carrera fiscal", dijo. Y se preguntó qué pruebas aportadas en el juicio avalan a la Fiscalía "que Adif analizó el riesgo de la curva de Angrois".

González coincide con la Fiscalía en que el maquinista es culpable de desentender la conducción, pero "no compartimos que la causa eficiente del accidente sea la llamada" telefónica que recibió. Para el abogado es "un auténtico insulto que se diga por el señor Cortabitarte que la curva era cien por cien segura" cuando el accidente con 80 muertos demostró que no lo era. 

El representante de Apafas se centró en que Cortabitarte no realizó ningún análisis de riesgo de la curva de Angrois y tampoco analizó el riesgo que suponía su autorización a Renfe para desconectar el sistema de control de velocidad ERTMS a bordo del Alvia. "El señor Cortabitarte era plenamente consciente de cómo afectaba su actuación a la seguridad ferroviaria", concluyó el letrado. 

Por otra parte, tanto el representante de Apafas, que lo verbalizó este miércoles, como el de la Plataforma de Víctimas, que confirmó a Praza.gal que lo concretará por escrito, mostraron su acuerdo con el abogado defensor del maquinista sobre que puede beneficiarse, en caso de ser condenado, de las atenuantes de reparación del dañoconfesión y cooperación con la justicia, y dilación indebida del proceso.

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Esta fase final de las conclusiones del juicio que comenzó este martes se dilatará según las previsiones de la jueza hasta después del décimo aniversario del accidente, el próximo 24 de julio. Cuatro jornadas antes, el 20, será el momento de la intervención definitiva de Adif y Renfe, y dos días después, el 26, de sus respectivas aseguradoras. Terminará el 27 de julio con los abogados de los dos acusados y sus argumentaciones en profundidad de sus visiones del juicio.

Después será la jueza, Elena Fernández Currás, quien decida si hay dos condenados, uno o ninguno. Porque también es posible que el juicio termine sin ningún condenado. De hecho, durante las sesiones, la magistrada mostró en varias ocasiones las limitaciones que enfrenta la justicia penal.

Aquí puedes leer el texto en gallego.

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