Inmigración, libertad de expresión y medioambiente: la Agenda 2030 en el punto de mira de las derechas

Quedan menos de siete años para alcanzar los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU en 2015, y en lugar de remar unidos para alcanzar las metas a tiempo, la mayoría de sus compromisos se ponen en entredicho en la campaña electoral del próximo 23 de julio. Como señalan los observadores, muchos de los valores que recoge la también llamada Agenda 2030 no tienen un consenso político en este momento, como la lucha contra la violencia machista, la reducción de la desigualdad o la protección de la naturaleza, por lo que votar a un partido u otro determinará si se avanza o no hacia estos objetivos durante lo que resta de década. 

La Agenda 2030 cuenta con 17 objetivos y 169 metas que buscan erradicar la pobreza y el hambre, garantizar la igualdad, proteger la libertad y evitar el desastre climático, y todos deben alcanzarse antes de 2030 en los 193 países firmantes, entre ellos España. Aunque el acuerdo global no tiene objetivos vinculantes desde el punto de vista jurídico, sus defensores explican que se tratan de objetivos básicos para garantizar el bienestar de la sociedad, por lo que sería incomprensible renunciar a ellos.

"Son un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida de las personas. No hay un acuerdo global que tenga más peso que este", opina Cristina Junquera, responsable de Influencia Política de la organización Unicef. La experta señala además que los gobiernos se sitúan ya en la recta final para cumplir con los ODS y lo único que cabe ahora es aumentar la ambición, no retroceder. "El mundo no está avanzando al ritmo necesario y esta década es fundamental porque la meta es a 2030", comenta Junquera. 

La experta en la Agenda 2030 de esta ONG recalca que este acuerdo global no solo tiene compromisos para los países en desarrollo, sino que muchos de los derechos que defiende no están consolidados tampoco en los países ricos. En España, recuerda Junquera, un 32% de los niños están en riesgo de exclusión, y aún queda mucho por recorrer en la acogida a inmigrantes, el apoyo a las familias vulnerables o la gestión de la sequía. 

El Gobierno actual sacó del cajón la Agenda 2030. Le dio un ministerio (Derechos Sociales y Agenda 2030) e incluso una vicepresidencia cuando Pablo Iglesias era ministro, y su trabajo es apoyar a asociaciones o entidades locales que promueven estos valores para que puedan seguir trabajando a través de subvenciones. Este año se repartirán 16,6 millones de euros, un presupuesto que se destina a fomentar actividades o proyectos relacionados con los puntos del programa de la ONU. 

Una parte de este dinero va a parar a becas de comedor para niños, a financiar asociaciones que acogen inmigrantes menores de edad o a centros que dan apoyo psicológico a adolescentes, entre otras cosas. También se financian talleres de todo tipo organizados por ayuntamientos. Por ejemplo, el de Peñafiel (Valladolid), recibió el año pasado 8.000 euros para dar un curso de igualdad en el deporte para jóvenes. 

Buena parte de los objetivos de la Agenda 2030 tienen que ver con la prevención del impacto climático y la protección del medioambiente, donde la península se juega mucho. En ese sentido, Luis Rico, coordinador de Ecologistas en Acción, llama a ignorar las barbaridades de la ultraderecha –que quiere romper con el pacto de la ONU– y pide a la izquierda que se tome en serio los objetivos. 

"El populismo de derechas en España y en la UE pone en cuestión la agenda y sus valores, y ese es un retroceso grave. Por desgracia, la derecha tradicional se está acercando a ese discurso poniendo en duda la crisis climática y los derechos civiles", afirma. También cree que la izquierda no ha sido lo suficientemente ambiciosa a la hora de legislar por los ODS y opina que para reducir las desigualdades habría que apostar por una transformación del sistema económico que aumente los impuestos a las grandes empresas y reduzca su influencia. "Al fin y al cabo, son los causantes del cambio climático", añade. 

Las propuestas electorales 

De cara a las elecciones del 23 de julio, el PSOE insiste en su programa que mantendrá su "compromiso" con la Agenda 2030 y propone formar a los profesores en esta materia para que se difunda en los colegios. Sobre los objetivos concretos de esta agenda, asegura que mejorarán el sistema de salud pública para acabar con las listas de espera, aprobará nuevas medidas para proteger a las víctimas de violencia de género, protegerá a las mujeres que quieran abortar y fomentará la integración laboral y social de los inmigrantes. 

El Partido Popular también recoge en su programa su apoyo a los ODS. "Impulsaremos el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y las prioridades de la agenda 2030 en nuestra política de cooperación", se lee en su programa para las Generales. El PP quiere reforzar la atención primaria en la Sanidad, aunque su programa de igualdad de género es menos ambicioso, con medidas como "avanzar hacia una presencia equilibrada en puestos directivos". En materia de aborto, el PP quiere retroceder respecto a la ley actual introduciendo la necesidad de que las menores de 16 años necesiten la aprobación de sus padres para abortar. Y en inmigración lleva en sus propuestas, entre otras medidas, agilizar la expulsión de inmigrantes irregulares de los que hayan cometido un delito. 

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El partido Sumar, por su parte, plantea una estrategia muy ambiciosa de reducir las emisiones de efecto invernadero un 50% para 2030 frente a 1990 y trocear las empresas eléctricas para reducir su poder sobre la competencia y los consumidores. También quiere aumentar 2 puntos de PIB la inversión en Sanidad y reducir las listas de espera, y blindar el Pacto contra la Violencia de Género para que no se reduzca su presupuesto en el futuro. Además, quiere crear una red de acogida y ayuda a víctimas de la LGTBIfobia y cerrar los centros de internamiento de extranjeros en España porque "vulneran sus derechos". 

Por último, Vox no oculta su oposición visceral a la Agenda 2030 desde que el partido comenzó a tener repercusión mediática, y todavía hoy señala a este acuerdo internacional como una farsa que busca aumentar la desigualdad entre ricos y pobres, o que es un complot orquestado por las élites para perpetuarse en el poder, teorías que no se basan en ninguna evidencia. 

El partido ultra promete, entre otras cosas, "auditar y eliminar" todo el gasto público relacionado con la Agenda 2030, incluidas las ayudas que se dan a empresas y asociaciones para alcanzar estos objetivos. Su programa también arremete contra prácticamente todos los puntos de la agenda: derogación de la Ley de Violencia de Género y Ley de Cambio Climático, supresión del Ministerio de Igualdad o la expulsión de inmigrantes ilegales.